Bolivia, nuestra casa, se está quemando. El 2024 quedará marcado como el año más trágico de nuestra historia ambiental: 1,8 millones de hectáreas desaparecieron bajo el fuego y la deforestación masiva. Lo más doloroso: el 81% de esa pérdida (1,5 millones de hectáreas) eran bosques primarios, guardianes de la memoria genética de millones de años, hábitat de especies únicas y soporte vital de nuestro ciclo del agua.
Según el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (WRI), Bolivia pasó del tercer al segundo país del mundo con mayor pérdida de bosque primario en 2024, solo detrás de Brasil. Triplicamos nuestra pérdida en un solo año, impulsada principalmente por incendios y la expansión de la frontera agrícola. Nada de esto es casual. Los incendios no caen del cielo: son consecuencia de un modelo extractivista y de políticas públicas que priorizan el agronegocio sobre la vida. En 2024, el gobierno levantó las cuotas de exportación de soya y carne, eliminó impuestos para la importación de agroquímicos y maquinaria, e impulsó créditos para quienes desmontan. A esto se suma la inacción y complicidad de instituciones como el INRA, la ABT o la AJAM, que con dotaciones de tierras, autorizaciones de desmonte y concesiones mineras en territorios indígenas profundizan la devastación.
Mientras comunidades indígenas y campesinas vieron cómo sus territorios quedaban reducidos a cenizas, las ciudades se ahogaban en humo. Cada hectárea de bosque incendiada no es solo un árbol menos: es la muerte de animales y plantas, la pérdida de funciones ecosistémicas esenciales, la ruptura de sitios de recarga hídrica y la erosión del conocimiento ancestral de los pueblos que los han cuidado por generaciones.
Frente a esta emergencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional sigue postergando la Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida (PL 118), que recoge propuestas trabajadas en encuentros regionales con pueblos indígenas, juventudes, mujeres y organizaciones campesinas. Esta Ley es hoy una necesidad histórica y urgente, pero no basta con discursos: exigimos medidas inmediatas para frenar la impunidad y proteger la vida.
Durante este proceso, las organizaciones convocamos al diálogo a las presidencias de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como a las vicepresidencias, para escuchar las propuestas construidas colectivamente en torno a la defensa de los bosques y la vida. Sin embargo, dichas autoridades no asistieron, demostrando una falta de voluntad política para atender la emergencia ambiental.
Por eso, organizaciones indígenas, campesinas, sociales y juveniles nos autoconvocamos en la Marcha y Festival por los Bosques y la Vida, este lunes, 29 de septiembre en la Plaza San Francisco de La Paz, para caminar hasta el atrio de la UMSA, donde culminaremos con un festival cultural de denuncia, resistencia y esperanza.
En el marco de esta movilización presentamos también nuestro Pliego Petitorio en Defensa de los Bosques y la Vida, que será adjuntado a esta convocatoria, con demandas concretas que interpelan directamente al Estado boliviano y exigen respuestas inmediatas frente a la crisis ambiental.
La marcha es un grito de denuncia frente a la impunidad y una acción de esperanza, porque en medio del fuego existen pueblos que resisten y proponen caminos de vida.
