En un contexto de creciente violencia machista y la deslegitimación sistemática de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Coordinadora de la Mujer y la Comunidad de Derechos Humanos impulsan el Tribunal Ético Feminista contra la impunidad: Nosotras decidimos, un espacio simbólico de justicia que abordará tres casos emblemáticos de violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia sexual.
El evento tendrá lugar este martes 23 de septiembre en la ciudad de La Paz y contará con la participación de expertas en género y derechos humanos. El objetivo principal es visibilizar las fallas estructurales del sistema judicial boliviano, evidenciar la impunidad en casos de violencia sexual, exigir justicia para las víctimas y fortalecer la defensa del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en los últimos años se han registrado más de 50 mil denuncias de violencia en el marco de la Ley 348, de ellas, más de 11 mil de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, aproximadamente 30 cada día. Según la misma fuente, la violencia familiar se encuentra en primer lugar como el delito de mayor incidencia en Bolivia, mientras que la violencia sexual está en segundo lugar, dentro de las 17 formas de violencia contempladas por la citada ley.
En Bolivia, diversas organizaciones feministas y de derechos humanos han promovido tribunales éticos y civiles como herramientas de resistencia, memoria colectiva y exigibilidad de derechos. Desde el Tribunal Ético Feminista Regional de 2004, hasta el Tribunal Ético por los Derechos de las Mujeres en 2018 y otras experiencias recientes en La Paz y Sucre entre 2022 y 2023, estos espacios han servido para denunciar la inacción del Estado, exigir justicia para las víctimas y generar conciencia pública sobre las múltiples formas de violencia estructural que enfrentan las mujeres.
Para este Tribunal, que cuenta con el apoyo de la Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU), se eligieron tres casos de extrema violencia contra las mujeres –uno de La Paz, otro de Cochabamba y otro de Santa Cruz–, que muestran las fallas estructurales y procedimentales que el sistema de administración de justicia presenta en Bolivia, dejando en indefensión a las víctimas, revictimizándolas y causando daños irreparables tanto a ellas como a sus familias. Una sobreviviente de violencia estará presente en el evento.
Asimismo, los tres casos analizados permitirán evidenciar los obstáculos que enfrentan las víctimas en el acceso a la justicia, denunciar la revictimización institucional y exigir garantías de no repetición. Cabe precisar que el tribunal no sustituye la justicia formal, pero la interpela con firmeza, recordando al Estado su obligación de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
