América Yujra Chambi
A medida que pasan las semanas, el escenario político avanza frenéticamente, exponiendo defectos e infamias. No debe asombrarnos, claro está; el paroxismo por el poder —de los viejos conocidos, de los que ansían retomarlo, de los que obstinadamente lo buscan y de los que no quieren dejarlo— crecerá hasta alcanzar proporciones aún mayores.
Quizá la última semana deba considerarse como un punto de inflexión importante en el largo trecho proselitista que concluirá —si nada raro sucede— el 17 de agosto próximo, pues en estos siete días hemos visto la ausencia de representatividad y la ruindad en algunos partidos, y el desmembramiento del que decía ser fuerte. Y con éste escenario, el tablero electoral adquiere un nuevo dinamismo.
Vayamos por partes. Empecemos con lo ocurrido el lunes 17 de febrero. El “Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la democracia”, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), volvió a redundar en lo obvio. Delegados de 14 partidos políticos y alianzas junto a autoridades ejecutivas y legislativas —muchos con casi nula incidencia política en la ciudadanía— firmaron (otra vez) un documento donde se comprometen a cumplir lo que la Constitución y las leyes les ordenan.
La mayoría de los 15 puntos “acordados” ya están establecidos en la normativa electoral vigente. Mayor repercusión en la opinión pública hubiese tenido un compromiso expreso de todos los miembros del TSE a sanear el padrón electoral, a concretar el sistema TREP (transmisión de resultados electorales preliminares), a no obedecer disposiciones de otros órganos que mermen su independencia; en definitiva, a actuar como la máxima (y única) autoridad en materia electoral.
El punto vinculado al presupuesto para el voto en el exterior merece un apunte extra. El TSE y el Ejecutivo acordaron que éste dependería de la aprobación del crédito BV-C3 (suscrito con Japón por 100 millones de dólares), mismo que se encuentra pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores. ¿Será éste un intento del “arcismo” para que otro de sus créditos sea aprobado? O, tomando en cuenta los varios conflictos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el tema, ¿será una maniobra para retrasar la realización de las elecciones generales? ¿A quién le conviene que esto suceda? Lo único cierto: las garantías presupuestarias y de no subordinación que pide el TSE dependerán, otra vez, del cálculo político.
En estos días también se han visto las discrepancias entre miembros del TSE. Para el vocal Tahuichi Tahuichi, las elecciones generales están garantizadas sólo si se cumplen los 15 puntos del acuerdo; de lo contrario, algunos vocales renunciarán. Diferente posición tiene Francisco Vargas, vicepresidente del TSE. Al día siguiente del Encuentro, tras reconocer el fracaso del anterior compromiso multipartidario e interinstitucional, señaló que, de no ser aprobadas las leyes solicitadas a la ALP, el TSE asumirá su competencia electoral. Ojalá sea ésta la visión que compartan la mayoría de vocales.
La octava semana electoralista cerró con la consolidación de un cisma y una desagradable sorpresa: Evo Morales anunció su alianza con el partido FPV (Frente Para la Victoria) y reafirmó su candidatura presidencial para “salvar a Bolivia”.
No hace mucho —durante el último bloqueo del “evismo” para ser precisos—, Eliseo Rodríguez, presidente del FPV, dijo que Evo Morales “da pena”. El jueves 20 de febrero, su rechazo inicial se convirtió en obsecuencia al asegurar que cuando el jefazo gobernaba “no faltaba diésel ni gasolina” y que tomarán el poder “pase lo que pase”.
La unión del “evismo” con el FPV es el ejemplo perfecto de las viejas prácticas politiqueras de conveniencia y venta de siglas partidarias. De concretarse su participación en las elecciones de agosto, la ganancia de ésta “alianza” se verá en la nueva ALP. Aunque es prácticamente imposible que Morales retorne a la silla presidencial, sí puede conseguir dos cosas: uno, que su facción mantenga su presencia en el Legislativo y dos, estirar su imagen en el escenario político por otro periodo más. Por su parte, el FPV logra la notoriedad política que nunca tuvo (apenas logró el 1,55% de votos en la elección de 2020) e incluso podría conseguir puestos legislativos. Queda claro que no es necesario condicionamiento alguno cuando las ganancias se avizoran tan altas.
La firma del contubernio “evismo”–FPV también significó la escisión definitiva del MAS-IPSP. Aunque el “arcismo” se quedó con la sigla, le será muy difícil despegarse de su creador, dado que ambos grupúsculos comparten una misma visión de poder; la única diferencia se encuentra en el grado de radicalidad de sus estrategias y mecanismos para conseguirlo.
La salida del “evismo” no genera rédito electoral alguno a favor del “arcismo”, pues, aunque ahora pueda capitalizar parte del apoyo “fiel y duro” de organizaciones sociales, indígenas y campesinas al “instrumento”, está lejos de representar un porcentaje electoral suficiente para ganar en primera vuelta con mayoría parlamentaria incluida. Los “arcistas” son conscientes de ello, por eso ya buscan alianzas con otros partidos “de izquierda”, según confirmó Grover García, presidente del desmembrado MAS-IPSP. A eso ha sido forzado el partido que se decía el “más grande de Bolivia” para mantener su mentira.
En el lado opositor, su “bloque” cada vez da menos señales de “unidad”. Doria Medina y Tuto Quiroga no ocultan su incompatibilidad ni pierden oportunidades para lanzarse ofensivas. Miembros del “Bloque Opositor”, para calmar las aguas, señalan que las “diferencias” son propias de la competencia electoral y no amenazan lo acordado en diciembre pasado. De continuar éste nivel de “competitividad”, el futuro para ésta alianza no es otro que su bifurcación.
Ambos frentes —oficialista y opositor— no responden eficazmente al ambiente electoral actual y lo que éste requiere. Los partidos políticos continúan siendo espacios carentes de ideologías y objetivos propios, pero proclives a ser ofertados a venta, préstamo o alquiler. Gustave Flaubert no pudo haberlo descrito mejor: “todos (…) igualmente limitados, falsos, pueriles, empleados en lo efímero, sin visión de conjunto y sin elevarse jamás más allá de lo útil”.
Atendiendo a su concepción, los partidos políticos deberían tener por objetivos: representar las diversas posiciones ideológicas existentes en las sociedades, recolectar las demandas y necesidades de la ciudadanía en programas o propuestas factibles de gobierno, y promover una cultura política acorde al modelo democrático. Si abundan partidos que inobservan éstos propósitos, cualquier sistema político o electoral no demorará en perder solvencia y, lo que es peor, legitimidad.
¿Qué es lo que convierte a los partidos en elementos dañinos para el orden político? Para responder ésta interrogante, rescato lo que Bolingbroke[1] señaló a mediados del siglo XVIII: los intereses particulares afectan la estabilidad de un partido y genera facciones perjudiciales incluso para todo un país.
Los partidos contienen divergencias, expresiones de oposición; pero se convierten en obstáculos cuando éstas son propiciadas para generar una división que afecta no sólo al grupo mismo, sino también al interés colectivo. La razón de los partidos se empobrece, se divide internamente y se convierte en una facción, la peor y más dañina forma de agrupación política.
Aunque los partidos políticos han perdido progresivamente su reputación frente a la ciudadanía, no es menos cierto que siguen siendo actores importantes en la conformación de los Estados y la división de sus órganos. Son todavía necesarios para “comunicar” intereses determinados que, en un futuro, alcancen un carácter colectivo o nacional. De ir en contracorriente, sus sucedáneos (facciones) posibilitarán el surgimiento de intereses autoritarios o dictatoriales, y, con ello, la deformación del sistema político y el rechazo ciudadano.
Lo que nos ofrecen la mayoría de los partidos políticos de nuestro país es justamente esa facción dañina que Bolingbroke y otros filósofos políticos posteriores denunciaron: una colección de intereses particulares y prebendales. Y así como sucedió en muchas otras latitudes, la creciente falta de identificación y representatividad partidaria llevará a la reconformación del sistema político, en donde las agrupaciones ciudadanas tendrán mayor protagonismo.
Con todo, ante la autoproscripción del masismo y el narcisismo inmanente de algunos opositores, es altamente probable que sea la ciudadanía organizada quien termine dando las soluciones que busca el TSE (sobre el padrón electoral o el cómputo de resultados, por ejemplo) y empujando una unidad —quizá no completa, pero sí suficiente— para conformar un proyecto que logre los objetivos inmediatos (mas no únicos): terminar con el régimen masista y construir la democracia que la mayoría de ciudadanos anhelamos para Bolivia.
América Yujra Chambi es abogada.
[1] Para profundizar, véanse los textos A Dissertation Upon Parties, The Idea of a Patriot King.
