Los guardaparques bolivianos Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano, quienes fueron denunciados penalmente por un minero aurífero, expresaron que si el juez llega a fallar en su contra y los condena por los delitos de calumnia y difamación, entonces su trabajo no tendrá sentido alguno. Ambos relataron que fueron acusados ante la justicia por cumplir sus funciones y proteger el Parque Madidi, en ese sentido, si son sentenciados se produciría un peligroso antecedente contra la labor de su gremio.
«Si se diera un fallo contra los guardaparques, me pregunto, ¿qué razón de ser tendríamos los guardaparques de aquí en adelante? Entonces, si el fallo es en contra de nosotros ya no tendría sentido ser guardaparque», enfatizó Uzquiano en la conferencia de prensa brindada el 16 de febrero en instalaciones de Lidema.
El guardaparque Santa Cruz refirió que los mineros buscan establecer un precedente que los muestre con un mayor poder ante la sociedad y que les permita circular libremente con sus maquinarias en los parques nacionales, reservas naturales y áreas protegidas del país. «(Si la sentencia sale contra nosotros), los guardaparques estaríamos por demás, perderíamos autoridad, ellos (los mineros) libremente harían circular las maquinarias y dedicarse a la minería ilegal», sostuvo.
Sobre ambos defensores de la naturaleza recae una acusación particular que fue interpuesta por el minero Ramiro Cuevas Echave. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no quiso intervenir bajo el argumento de que se trata de un proceso penal entre particulares y no contra la institución, aseguraron los denunciados.
Santa Cruz relató que el 30 de marzo, mientras cumplía su trabajo en el puesto de control denominado Santa Cruz del Valle Ameno en el municipio de Apolo (uno de los principales ingresos al Madidi), observó una caravana de maquinaria pesada que se adentraba al Parque Nacional Madidi, liderada por el cooperativista Cuevas, quien se hizo pasar por un agricultor. Vanos fueron sus intentos por detenerlos, ya que no logró nada, y por el contrario recibió amenazas. Tras este evento, prosiguió la denuncia penal en su contra. Respecto a Uzquiano, el proceso lo salpicó por intentar ayudar a su compañero denunciando el hecho en sus redes sociales.
Uzquiano calificó el juicio como «injusto» y exhortó al Estado y a la sociedad a analizar la gravedad de este «atentado». En ese marco, refirió que si se llega a concretar una sentencia en su contra, Bolivia deberá decidir si quiere o no tener áreas protegidas y guardaparques, porque se estaría dejando un «precedente nefasto».
Los afectados connotaron la importancia de su labor, pues no sólo resguardan parques nacionales y áreas protegidas, sino que sientan soberanía e integridad nacional en áreas fronterizas, donde, muchas veces, no llega la Policía ni las Fuerzas Armadas, «pero sí está un guardaparque». Al margen de ello, también cumplen el papel de bomberos forestales combatiendo y controlando incendios, asistiendo a la población local en situaciones de emergencia, apoyando a investigaciones científicas, entre otras actividades útiles.
«Entonces, no tener guardaparques pondría nuevamente en duda cuál es la importancia de tener áreas protegidas. Las áreas protegidas sin guardaparques es igual a no tener áreas protegidas», puntualizó.
La audiencia oral se llevará a cabo el martes 20 de febrero de este 2024, en la localidad de Apolo de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, en el Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Apolo, a las 9 am, con la presencia de la jueza Janeth Espinoza, los imputados y el acusador.
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