(Amazonía) Por exigencia del BNDS (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), el gobierno de Bolivia y la constructora brasilera OAS tendrán que elaborar un nuevo contrato para la ejecución de la carretera que fue el disparador de un conflicto entre el presidente Evo Morales y grupos indígenas.
La carretera fue proyectada inicialmente para tener 306 kilómetros y fue dividida em tres partes, siendo que el tramo 2, de 177 kilómetros, atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La obra, presupuestada en 415 millones de dólares, contaba con un financiamiento de 332 millones de dólares del banco de fomento brasilero.
Sin embargo, en octubre del año pasado, después de una marcha de protesta de 61 días que puso a la opinión pública a favor de los indígenas, Morales terminó firmando una ley que prohibe cruzar com uma carretera El Tipnis.
A juicio del BNDES, la nueva legislación boliviana inviabiliza el desembolso del dinero, toda vez que el Banco no puede financiar una obra que, en teoría, está prohibida por ley. La institución espera ahora que OAS y la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) definan los nuevos términos del contrato para analizar de qué forma puede apoyar la obra.
Un acuerdo entre OAS y el gobierno boliviano no será fácil, dada La turbulenta relación entre ambos. Al final de 2011, según fuentes Del gobierno brasilero, La constructora llegó a paralizar las obras debido a falta de pago por trabajos ejecutados.
Ahora, gobierno y empresa se enfrentan en torno al valor que será cobrado por los tramos 1 y 3 de la carretera, que el BNDES se dispone a financiar. Fuentes cercanas al tema afirman que el gobierno Morales acepta pagar cerca de 100 millones de dólares. En tanto, la OAS pide un monto cercano a los 200 millones de dólares.
“Aún no tenemos los números porque aún no llegamos a un acuerdo con el gobierno boliviano”, dice a Valor el director-superintendente del área internacional de OAS, Augusto César Uzeda, sin confirmar los montos.
Uzeda afirma que el gobierno boliviano está “al dia en los pagos”, y las máquinas volvieron a trabajar desde inícios de este año –según el director, lo que provoco la paralización de las obras fue la indefinición en torno al financiamiento del BNDES.
Uzeda dice que la empresa aún espera una definición por parte de Bolivia sobre lo que será hecho en relación al tramo 2. “Se puede llegar a un trazado alternativo, así como existe la posibilidad de no ejecutar el tramo 2, por inviabilidad técnica y económica”.
La ley de protección al Tipnis no acabo con las disputas en torno de esta carretera en Bolivia. El veto que Morales firmó con desagrado y bajo presión, disgustó a los prouctores de coca, colonos agrícolas e indígenas que viven en Cochabamba, al sur del parque, bastión electoral del presidente.
Apoyados por los dos primeros grupos, indígenas afiliados al Consejo de Indígenas Del Sur (Conisur) realizaron una contramarcha a favor de la carretera. Llegaron a La Paz a mediados de enero, más no recibieron el apoyo popular que tuvo la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), en 2011.
Mientras muchos acusan al gobierno de estar detrás de una nueva marcha, parlamentarios del MAS –el partido de Morales—preparan un proyecto de ley para anular la legislación que el propio presidente firmó el año pasado. La Idea es hacer una consulta popular sobre la realización o no del tramo 2 de la carretera. Dicho proyecto podría ser votado esta semana.
