Las acciones de acoso sexual hacia mujeres por parte por el Alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, visibilizadas por diferentes medios de comunicación del país, traen a la luz pública una reiteración de actitudes vulneran los derechos humanos a la integridad, libertad y no discriminación.
La institución Casa de la Mujer en Santa Cruz impulsó acciones de denuncia de estos hechos. Sin embargo, la denuncia ha sido rechazada dado que con la normativa actual estas acciones no tienen la posibilidad de generar la investigación y sanción de los hechos, al establecer que deben ser las propias víctimas quienes promuevan el proceso. En este contexto, se elimina la responsabilidad de la Fiscalia para actuar de oficio frente a estos delitos, aunque sean de conocimiento público.
La persistencia de hechos de acoso y violencia sexual contra mujeres, su naturalización e sistemática impunidad constituyen una alerta urgente respecto a la necesidad de contar con procedimientos adecuados que protejan de manera efectiva a la integridad y libertad de las mujeres, sus vidas privadas, dignidades y cuerpos.
Ante esta situación, es fundamental que el nuevo Código de Procedimiento Penal, en etapa de elaboración, incorpore las demandas y propuestas de las mujeres de diferentes organizaciones sociales e instituciones, para enfrentar la impunidad y la revictmización de las mujeres en los procesos judiciales.
Como parte de estas propuestas, subrayamos la necesidad que el nuevo Código elimine el requisito de que los delitos de violencia contra las mujeres sean procesados “a instancia de parte”; sino que más bien, dada su gravedad, deben ser de acción pública. Es decir, que estos delitos deben ser investigados, procesados y sancionados por acción del fiscal, sin la intervención obligatoria de las víctimas de la agresión.
¡Basta de Impunidad!
