En Bolivia, las víctimas de dictaduras aún esperan ser reconocidos

DERECHOS HUMANOS. Treinta años después de la última dictadura, las víctimas todavía no han sido indemnizadas. El gobierno se respalda en la inaplicabilidad de una ley promulgada durante el anterior régimen.

Rosemary Alcón desabotona su camisa. Sus dos brazos están llenos de cicatrices. Mal recuerdo de una época que ella anhelaría olvidar. En 1980, bajo la dictadura de Luis García Meza, ella tenía 14 años cuando los paramilitares fueron a buscar a su padre. Ella se opuso y ellos le destrozaron los brazos a golpe de fusiles. Después de dos semanas, con un puñado de víctimas ─ex militantes sindicales, ex estudiantes, familiares de ex prisioneros─ ella se instaló delante del Ministerio de justicia en la capital boliviana. Con la intención de lograr de una vez la aplicación de la ley de resarcimiento.

En 2004, el gobierno transitorio de Carlos Mesa promulgó una ley que preveía la indemnización pecuniaria y la rehabilitación moral de las víctimas de dictaduras entre 1964 y 1982. Posteriormente, más de seis mil personas interpusieron una demanda. Sólo 1683, según la ONU, fueron reconocidas como víctimas. A la fecha, ninguna persona ha obtenido la indemnización. En el reporte anual del 21 de marzo pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos criticó este estado de las cosas y ha estimado que “el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas no han sido, en su conjunto, materializadas.”

Los demandantes denunciaron también el difícil proceso de cualificación abierto para tener derecho a las reparaciones. La demanda de Mario Medina Núñez por ejemplo ha sido archivada. No tenía suficientes pruebas, “Yo era secretario general de la Asociación de estudiantes de ciencias económicas de Oruro. Ellos me arrestaron, torturaron, estuve dos años en prisión. Yo tenía 23 años. La comisión quería que les presentara los certificados firmados por mis torturadores.”

Según las víctimas, las autoridades exigieron los certificados de medicina forense a las mujeres que fueron violadas y a las personas torturadas, las visas a los exiliados que escaparon en clandestinidad, etc. Por su parte, el Ministerio de justicia estima que debe protegerse de eventuales usurpadores: “Ciertas personas han intentado obtener la reparación a pesar de que ellas jamás participaron en acciones políticas en contra de los gobiernos dictatoriales” comentó Julio Peñaloza Bretel, director de comunicación del ministerio.

Pero ¿cómo explicar que las personas “calificadas” todavía no hayan recibido nada? El ministerio justifica esta situación por la falta de recursos. “La ley 2640 respondió a exigencias políticas de la época”, comentó Julio Peñaloza Bretel. Para el funcionario, su financiamiento es totalmente idealista. La ley prevé que el Ejecutivo se encargue de conseguir el 80% de los fondos necesarios mediante donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales” (el 20% restante provendría del Tesoro General de la Nación).

“No podemos elaborar este tipo de disposiciones legales sobre estas promesas. Así se ha verificado en el transcurso de los últimos ocho años. La cooperación internacional nos ha confirmado que no tiene los recursos económicos para financiar las reparaciones.” Por su parte, el presidente de la Asociación de familiares de desaparecidos, Luis Alberto Aparicio, estima que el Estado debe asumir el 100% de la indemnización. “Desde 2005 están con esto y no pasa nada.”

Pero las demandas de las víctimas no sólo tienen que ver con la indemnización monetaria. “Lo que deseamos ahora es que se conforme una comisión de la verdad para que los culpables no queden impunes” manifiesta Julio Llanos Rojas, presidente de la Plataforma de las víctimas de la violencia política en Bolivia. En 1993, el dictador García Meza y dos de sus más cercanos colaboradores fueron condenados a treinta años de prisión. A excepción de algunas condenas mínimas, son los únicos militares condenados por los crímenes cometidos en dieciocho años de dictaduras.

Numerosas son las víctimas que denunciaron hoy la escasa voluntad política del gobierno de Evo Morales, que no quiere poner orden en el seno de las fuerzas armadas. Desde su perspectiva, el gobierno es consciente de la difícil situación de las víctimas y se ha dado dos meses para actuar.

Quince cuerpos identificados en treinta años

Hace dos años, la familia del ex diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz interpuso una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En Bolivia, el ex dirigente socialista se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia. Sin embargo, después de su asesinato durante el golpe de Estado de Luis García Meza en 1980, su cuerpo no ha sido encontrado. Su hija, María-Soledad, critica la inactividad del gobierno. “El Estado tiene una deuda con nosotros y el pueblo boliviano. No podemos construir una democracia sin reparar las atrocidades cometidas en el pasado.”

La Asociación de familiares de desaparecidos (Asofamd) ha contabilizado 120 casos de desapariciones durante las dictaduras entre 1964 y 1982. En treinta años, sólo quince cuerpos han podido ser identificados. “El gobierno debería financiar y sobre todo exigir la apertura de los archivos militares”, comentó Luis Alberto Aparicio, presidente de Asofamd. María-Soledad apoya esta posición: “Ninguno de las tres órdenes judiciales que exigían la apertura de los archivos se ha respetado. El gobierno prefiere cuidar sus relaciones con las fuerzas armadas que hacer justicia.” Por su parte, Nelson Cox, antiguo vice-ministro de Justicia, aseguró al diario Página Siete, haber tenido acceso a esos archivos. “Aquello no tuvo sus frutos, pero nosotros queríamos demostrar nuestra disponibilidad de colaborar con las familias.”

El diputado Carlos Flores Bedregal fue un acompañante de Marcelo Quiroga Santa Cruz en su destino trágico. Asesinado en 1980, su cuerpo permanece desaparecido. Su viuda, Adela Martin, se refugió en Ginebra en 1981. Ella modera: “Nuestro gobierno permanece bajo influencia. Populista, pero todavía no socialista. Hace falta darle tiempo para arreglar los asuntos de los desaparecidos. Para mí, lo importante hoy es transformar este espacio de dolor en espacio de vida.” A principios de los años 1990, Adela hizo construir una escuela en El Alto que lleva el nombra de su ex marido. VPN