El Presupuesto General del Estado 2023 (PGE2023) que se discute en la Asamblea Legislativa actualmente, ratifica la debilidad del fisco para hacer frente a la crisis económica que se cierne sobre las cabezas de los bolivianos.
La orientación del PGE2023 es la de mantener un elevado gasto, principalmente en gasto corriente (que equivale al 59% del total), especialmente en sueldos y salarios que se incrementarían en 4.5%, mientras que los recursos destinados a la inversión pública, es decir en infraestructura y otro capital fijo, se reduce en 20% respecto a lo programado en la pasada gestión. Contempla un déficit fiscal de -7.49% del PIB (alrededor de unos 3.300 millones de dólares), es decir un desbalance entre los ingresos previstos y los gastos programados. Una situación que puede ser peor, a medida que la situación de la producción y exportación del gas natural agudice su deterioro -como lo ha venido haciendo desde hace varios años- en la medida en que se acerque el fin de los contratos con Brasil y Argentina; en el caso de los minerales, si bien los precios de los principales han mostrado una recuperación, el problema reside en que la producción con más dinamismo y valor, que es la del oro, al estar bajo control privado de las cooperativas y sin el control estatal, no beneficia al fisco.
De ahí salta la pregunta sobre, ¿cómo hará el gobierno para financiar esa diferencia? La respuesta vuelve a ser: con más deuda, tanto externa como interna. Es decir, recurriendo al préstamo externo de entidades multilaterales como el la CAF, el BID o el Banco Mundial o de países como China; además, el PGE autoriza al ministerio de economía el endeudamiento externo mediante la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares. En el caso de las empresas públicas, se autoriza a YPFB a asumir deuda a través de la titularización de sus ingresos futuros para financiar proyectos de “Industrialización”, situación que, con seguridad, estará acompañada de los recurrentes préstamos del Banco Central a las empresas pública, pues se mantienen proyectos como el del litio, que ha venido absorbiendo enormes recursos públicos.
Adicionalmente, el PGE garantiza la continuidad del pago de los subsidios y subvenciones, tanto bajo la forma de los bonos sociales, como de la subvención en los precios de combustibles y algunos alimentos, gastos que han revelado, por una parte, la debilidad de las fuentes que los financian y, por otra parte, son superiores a la renta petrolera que recibe el fisco bajo la forma de IDH y regalías. De ahí que el PGE2023, ratificando algunas intenciones gubernamentales, dispone que las empresas de transmisión eléctrica entreguen el 5% de sus ventas para el pago de la Renta Dignidad.
Ahora bien, al margen de los pobres resultados de la política gubernamental para impulsar la industrialización -como lo demuestra el irregular funcionamiento de algunas empresas públicas, su irrelevante rendimiento económico o, en el peor de los casos, su virtual quiebra-, lo que debe destacarse de este nuevo presupuesto público, es que se da en una situación de enormes amenazas del contexto internacional, amén de los fracasos acumulados por una gestión de gobiernos del MAS de década y media. La evolución de la economía internacional, caracterizada por el incremento sostenido de la inflación en los países industrializados -agudizado por la guerra Rusia-Ucrania-, enfrentado por políticas monetarias cada vez más restrictivas, amenaza con llevar al mundo a una nueva recesión. Algunos de los aspectos de esta situación son, precisamente, el aumento del costo del dinero, es decir de los intereses que deben pagarse por los préstamos que requieren países como el nuestro y la baja calificación de los bonos soberanos de los países pobres y endeudados, que impone tasas de interés aún más altas.
Así, es probable que el gobierno, enfrentado a dificultades en los mercados de capital del exterior (como ocurrió en 2022, cuando solo pudo colocar 850 de los 2.000 millones de dólares ofertados, elevando el interés anterior), recurra al financiamiento cada vez mayor, con fuentes internas; o sea, materializando el temor de los trabajadores sobre la suerte de sus ahorros, recurra a los recursos de la seguridad social que, desde mayo del próximo año, serán administrados por la Gestora Pública de Seguridad Social. En los años precedentes, el TGN ha estado prestándose de las AFP, mediante la emisión de valores (bonos y letras), un porcentaje elevado de sus recaudaciones: en 2021, la compra de esos títulos del TGN alcanzaron aproximadamente el 95% de la recaudación anual de los aportes, un incremento importante respecto al 47% del año anterior. Como hemos señalado, el próximo año YPFB podría titularizar sus ingresos futuros -es decir, sus ventas todavía no realizadas- con valores de ese mismo tipo, que podrían será adquiridos por la gestora, que no tiene límites legales que le impidan invertir en instrumentos financieros estatales; claro está, que la situación de YPFB, enfrentada a la caída incesante de la producción de gas natural y la creciente incertidumbre de sus mercados externos, no es ninguna promesa de solvencia. A ello, hay que agregar que, como sucedió con las anteriores emisiones, los bonos soberanos emitidos por el TGN y que podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares según este PGE, podrían ser adquiridos también por la gestora con los recursos de los fondos de pensiones.
No se puede negar que el interés que el TGN paga por ese dinero es mayor que el ofrecido por los bancos, empresas y fondos de inversión locales; la gran duda es sobre la solvencia de un Estado que no solo está enormemente endeudado, sino que es ya el principal deudor de los ahorros de los trabajadores: cerca del 30% del valor de los fondos de pensiones.
Carlos Arze es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
