Hace unos días atrás, el gobierno dio inicio a las operaciones de la Gestora Pública de Seguridad Social a largo plazo, entidad que se encargará de administrar la totalidad de los ahorros de los bolivianos para su jubilación. Lo beneficioso de este inicio de operaciones, según las versiones del gobierno, es: “Profundizar la soberanía en la administración de nuestra economía”. De esta forma, se supone que las AFPs privadas concluirán la transferencia total de los fondos y las cuentas de ahorro de cada uno de los bolivianos, hasta mayo de 2023.
Recordemos, sin embargo, que este proceso data desde la promulgación de la Ley de Pensiones de 2010, donde se encargan y aplican los siguientes cambios.
Según el Artículo 6 de dicha Ley, se estipula que los Fondos del Sistema Integral de Pensiones sean administrados y representados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. En ese sentido, en la Ley se determinó la continuidad de los servicios, obligando a que las AFPs continuaran realizando todas las obligaciones determinadas mediante el contrato de prestación de servicios suscrito con el Estado Boliviano, asumiendo las obligaciones, atribuciones y facultades conferidas a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, mientras dure el periodo de transición (Art. 177). Sin duda, estas fueron las medidas que concluyeron con una multa al Estado Boliviano por parte de la CIADI, dado un laudo arbitral demandado por la empresa, por no haber recibido un trato equitativo y justo, además de un injustificado retraso de Bolivia en el traspaso del servicio de administración de las pensiones. Evidentemente, parece que el trato no fue equitativo ni justo, y la suma que debemos pagar todos los bolivianos, alcanza a 105 millones de dólares.
Debemos conocer, además, que recién en 2015 se creó la Gestora Pública, mediante Decreto N° 2248, para traspasar los 1,8 millones de afiliados de aquél entonces, e iniciar operaciones hasta 2016. Sin embargo y por varios problemas no muy claros, las operaciones de la gestora que debían iniciar en 2016, fueron pospuestas 15 meses por otro Decreto; y así sucesivamente, dado que supuestamente este traspaso por fin debió efectuarse el 2021. Como sabemos, recién hace 3 días (9 de septiembre de 2022) se da inicio a las operaciones, pero con menos del 40% de las cuentas de depósito del total de los fondos manejados por las AFPs. Sin embargo, en ese interín y en medio de una evidente inseguridad jurídica para las empresas, se suscitaron escandalosos actos de corrupción con evidente daño económico al Estado; que en la actualidad, no tiene ni atisbos de solución, ni culpables.
El 2017 el Estado boliviano pagó 3 millones de dólares, de un total de 5,1 millones a la empresa panameña Sysde international INC, encargada de la provisión de software para la Gestora Pública, que nunca entregó. Posteriormente, hubo otro contrato con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology a la cual se pagó 10,4 millones de dólares por la supuesta compra de un software, en el que, además, se determinó pagar 1,6 millones por derecho anual de uso o alquiler por la licencia del código fuente, durante 40 años, por lo que, el Estado hubiera perdido 78 millones de dólares adicionales. Por esta transacción, tampoco se tuvo ningún resultado.
Otro de los cambios de importancia estipulados en la ley, fue la vuelta al sistema de reparto y la creación de un Fondo Solidario que permitiría compensar las jubilaciones del estrato más bajo.
Lamentablemente, los resultados del nuevo Sistema nuevamente fueron cuestionados. Para 2012, un 38% del total de afiliados recibía la compensación solidaria, y en la actualidad, sobrepasa el 60%. Por lo que, sumada a la muy baja rentabilidad de las inversiones en los últimos 10 años, los rendimientos de los fondos de pensiones son sólo suficientes para financiar la jubilación de 3 de cada 5 personas. En ese mismo orden de ideas, se tiene que, menos de una tercera parte de la Población Económicamente Activa es beneficiada por el sistema de pensiones (aproximadamente 2,5 millones de personas), pero resulta que menos del 13% de las personas ocupadas cotizan efectivamente al sistema, debido al aumento acelerado de la informalidad. Entonces, resulta que 84 de cada 100 personas mayores a 60 años no acceden a una pensión de vejez ni a una pensión solidaria de vejez; reciben sólo la Renta Dignidad. Conclusión, el sistema actual, tampoco es sostenible.
Además, como sabemos, la Ley de 2010 redujo la edad de jubilación. Si bien esta medida pareció muy beneficiosa, en realidad el haber adelantado la edad de jubilación, y, por lo tanto, la disminución de los aportes, generó un problema mayor para el rentista, en vista de que no logra acumular un monto tal que le permitiera una jubilación digna. En la actualidad, un gran porcentaje de rentistas recibe rentas muy bajas que oscilan entre el 25 y 35% de sus salarios, llegando a cifras tan pequeñas como los 500 Bs. Por supuesto, este problema abre una discusión acerca de las desigualdades salariales y de rentas de jubilación en el país. Por un lado, sabemos que sectores sociales como los militares reciben el 100% de sus salarios en su renta de jubilación, sindicalistas que reciben sueldo sin trabajar podrán alcanzar una renta de jubilación de 20 mil Bs y personas como el gerente de la planta de urea podrá recibir una jubilación de 200 mil Bs; y por el otro, tenemos a maestros y profesionales, que trabajando toda su vida, podían recibir pensiones menores al salario mínimo nacional.
Por otro lado, se introdujeron cambios constantes respecto a las inversiones que debían realizar las AFPs que tenían el objetivo de incrementar el ahorro de los bolivianos y así aumentar el nivel de renta de los jubilados. Inicialmente se estipuló que las inversiones en valores o bonos del extranjero no debían superar el 50% de la cartera de inversiones. En los hechos, ni siquiera el 3% de los mismos son invertidos en el exterior, renunciando así a una potencial mayor rentabilidad en beneficio de los jubilados. Adicionalmente, recordemos que en 2017 la rentabilidad de los fondos de pensiones para el 2011 (dado los precios altos de las materias primas), alcanzó a un 7,5% en promedio, manteniendo un porcentaje elevado hasta 2013 donde posteriormente empezó a bajar. Para le 2016 la rentabilidad se situó en un 5,3% aproximadamente, bajó mucho más en 2018 (a 1,65% en promedio), subió para 2019, y en 2022 se situó en un 3,5% aproximadamente (promedio de las dos AFPs).
El monto administrado por las AFPs, y que ahora debe ser traspasado a la Gestora Pública, alcanza a un poco más de 23.100 millones de dólares (a mayo de 2022). El 58% se encuentran invertidos en DPF y otros bonos de instituciones financieras; monto cercano a los 13.500 millones de dólares. Por otro lado, un monto apenas superior a los 7 mil millones de dólares (30% sobre el total), se dispusieron para que el Estado contraiga deuda con las AFPs, y seguramente, se gastaron en inversión pública, gastos de funcionamiento y salarios. Para complementar algunos datos más, podemos mencionar que en la actualidad se cuenta con 2,5 millones de asegurados, de los cuales 195.368 son jubilados, y de este porcentaje, un 68% se benefician con la Pensión solidaria de Vejez.
Después de mencionar todos estos antecedentes, podemos afirmar que este proceso de transferencia de los fondos de ahorro de todos los bolivianos, no sólo no concluyó, sino que estuvo plagado de incapacidad y corrupción en desmedro de los intereses de quienes somos parte de este Estado y del sistema de pensiones. Por estas razones, el pueblo en la actualidad, no sólo duda de la sostenibilidad del sistema, sino también de su propia utilidad y de lo que nos espera con el Estado como administrador de nuestros ahorros. Lo cierto es, que no sabemos siquiera si nuestro dinero será bien invertido, pero sí tendríamos que estar seguros que las jubilaciones jamás podrán incrementarse a un nivel digno y que lo nos espera al jubilarnos, será contar con una renta de pobreza.
Por último, si miramos las experiencias internacionales, deberíamos saber qué es lo que no deberíamos hacer. El caso argentino, ya nos mostró el camino equivocado. La verdadera razón para la nacionalización de los fondos de pensiones en ese país, fue la necesidad que tenía el gobierno por contar con mayores recursos financieros, la reforma estructural se la hizo sin estudios actuariales, la administración adolece de transparencia y autonomía, y por supuesto, no existe una entidad técnica de fiscalización. La experiencia muestra que las pensiones no han mejorado y que existe una alta inseguridad respecto a la capacidad de pago de las futuras pensiones.
Por lo expuesto, existe una alta probabilidad de que ese sea el camino que le espere a Bolivia.
Joshua Bellott es economista e investigador
