Lourdes Montero (Tomado de La Razón)
En todo el mundo, las mujeres aprovechamos noviembre para evaluar los avances y desafíos en la lucha contra la violencia. Esto se debe principalmente a que el 25 de noviembre fue declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. En Bolivia no es un buen mes para ser optimistas respecto al tema; tres fotografías de cómo van las cosas nos sumen en el desconsuelo.
Por una parte, las cifras de la violencia no han cambiado: siete de cada diez mujeres declaran haber vivido algún tipo de violencia, principalmente de un compañero sentimental. El Ministerio Público ha recibido cerca de 20.000 casos de violencia solo el primer semestre del año, lo que implica que al menos 109 mujeres al día sufren algún tipo de agresión y están dispuestas a denunciarlo. Si suponemos que un número significativo todavía lo calla, esta cifra crece a dimensiones espeluznantes. Solo entre 2013 y 2014 la violencia ha cobrado 206 vidas, y, para el primer semestre de 2015, ya se registraron 40 feminicidios.
Bolivia es, según datos de ONU-Mujeres, el país latinoamericano con el mayor índice de violencia física contra las mujeres y el segundo, después de Haití, en violencia sexual.
Es en ese contexto que recibimos las desacertadas palabras del presidente Evo Morales, quien, en tono de reproche, le recrimina a su Ministra de Salud: “No quiero pensar que usted es lesbiana”. Y esto lo expresó tan solo porque la ministra prestaba atención a una mujer que estaba a su lado. Entendemos entonces que, para el Presidente, si una mujer conversa con otra y no le presta atención, es lesbiana. Esta agresión, seguida por una poca convincente disculpa, solo refleja cuán arraigado está el machismo en los valores y creencias de nuestra sociedad. Si el Presidente se permite expresar así su sistema de ideas sobre las mujeres, qué podemos esperar de policías, jueces, fiscales y del resto de institucionalidad estatal garante de nuestros derechos. La culpa de la ministra es intentar hacer su trabajo siendo mujer, soltera y joven (cuanto altera esto el orden establecido); no conozco que a los hombres del Presidente se los trate con la misma falta de respeto y carga de prejuicios.
Para continuar con la tristeza en este noviembre, un estudio de UNFPA revela que la violación a niñas y adolescentes en las áreas rurales es sancionada bajo la justicia comunitaria con 20 chicotazos, Bs 500 o trabajo comunitario. El robo de una oveja tiene similar castigo. Antes de poder indignarnos frente a la justicia que reciben las mujeres en el campo, nos asalta el caso de un juez corrupto que revela la vulnerabilidad en que nos encontramos todos frente al sistema de justicia ordinaria. Una valiente madre revela la filmación del juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, cuando pedía 15.000 dólares para ayudar a un acusado de violación a obtener una pena reducida.
Todas estas noticias se entretejen entre sí para entristecer nuestra evaluación en noviembre. Nada que festejar y mucho que demandar de un Estado que no logra ser garante del derecho básico a una vida libre de violencia.
