Recuerdo que en diciembre de 2013, un grupo allegado al partido de gobierno MAS, vulnerando normas y procedimientos comunitarios propios del Qollasuyu, conformó un Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) ilegítimo o como diríamos popularmente, trucho; a la cabeza del minero Hilarión Mamani quien se autodenominó indígena y autoridad originaria para avasallar la sede del verdadero Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu CONAMAQ legítimo y orgánico cuyo Apu Mallku era el tata Cancio Rojas y la Mama T´alla Nilda Rojas, autoridades que fueron sucedidos por el tata Becerra, ahora injustamente preso.
El CONAMAQ legítimo y orgánico fue objeto del funestamente típico “paralelismo institucional” que en el fondo es la suplantación de identidad que sustituye y destruye lo indígena, un craso fraude para cooptar el nombre de la organización y ponerla al servicio del gobierno de Evo Morales, colonialismo interno. Desplaza las verdaderas identidades y niega las autoridades originarias, ayllus y markas. En total fueron 6 los intentos violentos de toma de la sede, con una cronología larga sobre la resistencia del verdadero CONAMAQ que finalmente fue debilitado.
Con un amplio marco legal internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de NNUU sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales) y nacional principalmente la Constitución Política del Estado (CPE) que instaura la democracia comunitaria, es decir de respeto a las normas y procedimiento de elección de los pueblos indígenas y le dedica al menos 77 artículos y un capítulo íntegro a los derechos de los pueblos indígenas; como es que éstos derechos están en constante vulneración? Cierto, se avanzó en el aspecto normativo pero a la par se aplica una falsa política de integración de las minorías que aprueba la injusticia y la barbarie.
El 2014, ante la vulneración de los derechos humanos de los indígenas de CONAMAQ orgánico y la violación de Tratados Internacionales y de la propia CPE, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) cumpliendo con su mandato, recibió su denuncia y, al encontrarse despojados de su sede y retirados de la vigilia en sus puertas, las autoridades originarias del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) orgánico se refugiaron en las instalaciones de la Asamblea. Luego se vieron obligados a dejar las oficinas de la APDHLP ante las agresiones verbales, empujones de gente allegada al MAS (grupos de choque) y la toma temporal de las instalaciones de la APDHLP por un grupo de la Confederación Bartolina Sisa afín al partido de gobierno. Fue así que una de las últimas resistencias indígenas fue replegada y tuvo lugar la primera toma de la Asamblea.
El masismo relegó gradualmente a los pueblos indígenas que al ser críticos a la política estatal y extractivista del gobierno, no tenían lugar en el nuevo proyecto pro capitalista, el gobiernocomenzó a trenzar alianzas estratégicas con lasoligarquías del monocultivo, la burguesía nacional y las transnacionales depredadoras, supuestamente paraindustrializar el país y claro, realizar aquella idea romántica pero rancia de lo “nacionalista modernizador”.
La ironía histórica es que el gobierno del masismo llegó al poder blandiendo los derechos de los pueblos indígenas, terminó agraviando esos derechos y las instituciones orgánicas legítimamenteindígenas como ningún otro gobierno en la historia reciente, con el pretexto de desarrollo, progreso y defensa del proceso de cambio.
Los hechos recientes.
El 6 de febrero de 2017 pasado, tuvo lugar una conferencia de prensa enlas instalaciones de la APDHLP en la cual el pueblo Tacana II anunció la petición que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar los derechos básicos de los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía boliviana, pueblo que se encuentra asediado por las actividades de exploraciónpetrolera de YPFB y la empresa china BGP.
En plena conferencia de prensa, un grupo de mineros irrumpieron en la APDHLP con argumentos absolutamente deleznables, alegando que querían organizar un congreso de unidad de Derechos Humanos, desconociendo la legitimidad y legalidad de la actual Presidenta Amparo Carvajal, evidenciando una vinculación al partido de gobierno MAS, afirmaron que la APDHLP estaría parcializada. Amparo Carvajal, de gran trayectoria en la defensa de derechos humanos, Presidenta de la Asamblea y activistas defendieron la institucionalidad de la institución, continúa la vigilia permanente pues el grupo que arremetió en las oficinas amenazó con retornar en 48 horas a tomar las instalaciones de la Asamblea.
El 9 de febrero, se hace viral en las Redes Sociales el voto resolutivo de 6 de febrero con sellos de la COB, COMIBOL, COD y de una Asamblea paralela, ilegítima e inorgánica afín al masismo, en el que resuelven usurpar los ambientes, el mobiliario y materiales alegando una supuesta discriminación y difamación de parte de la Presidenta legítima Amparo Carvajal, dando un plazo hasta el 10 de febrero y amenazando a la actual directiva.
Escribo sobre esos dos hechos puntuales, el de CONAMAQ como antecedente y el de los Pueblo No Contactados y TACANA II como hecho reciente, porque son hechos que estimularon las tomas masistas a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos porque obedecen a un esquema de conducta sistemática, es justamente cuando la APDHB decide defender derechos indígenas que el masismo siente una “provocación” en contra de sus intereses político partidarios. En ambos casos: La APDHB defiende derechos humanos básicos de pueblos indígenas vulnerados, cumpliendo su mandato legal; el gobierno no respondió oportunamente a denuncias, incumplimiento de deberes y vulneración de derechos constitucionales; La APDHB abrió sus puertas para proteger a los vulnerables que estaban siendo agredidos por grupos de choque del masismo (es decir del gobierno); Se trata de Pueblos Indígenas que están siendo pisoteados por un gobierno que se autoproclama indígena.
Éstos ataques, lejos de constituir hechos aislados, son parte de los ataques sucesivos desplegados por el gobierno en contra los grupos combativos, contra los sectores del movimiento indígena no alineados a su política pro-transnacional, contra los estudiantes críticos movilizados en defensa de sus derechos y contra cualquier tipo de organización que cuestione, denuncie u obstaculice de algún modo su mandato de subordinación.
La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia es el único bastión independiente del poder político, el único resquicio de libertad y liberación del pueblo boliviano.
El amedrentamiento, la acción por medio de grupos de choque, la intervención violenta a través de tomas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras instituciones, la persecución política y la división para la imposición de instancias paralelas a las orgánicamente elegidas por las organizaciones sociales, sumado a la cooptación de dirigentes serviles a estos fines, son mecanismos represivos cada vez más frecuentes dentro del panorama nacional, que son parte de una sola estrategia cuyo objetivo es la permanencia indefinida en el poder y el dominio del Estado, violando la CPE.
Paola Cortes Martinez es abogada y activista
