También fracasaron las representaciones alteñas en la administración de Epsas, igual que las indígenas en el Fondioc. “El gobierno no tiene políticas públicas ni sabe lo que sucede”.
Rolando Carvajal, especial para Rimaypampa*
De pronto el fiasco en la provisión de agua segura y bebible, estremeció de cabo a rabo la estructura del Estado Plurinacional en sus tres niveles, desnudando en las últimas cuatro semanas, y aún hoy sin saberse hasta cuándo, la deficiente gestión de los recursos hídricos.
Por ahora, en su faceta político-partidaria, el desenlace apunta a la destitución de la actual Ministra del sector, planteada por el influyente grupo indigenista, uno de los tres en disputa por la futura designación.
La pugna, según versiones de dirigentes alteños, incluye a una fracción encabezada por un ministro al que respaldan los regantes de Cochabamba y otra conformada por los dos dignatarios más cercanos del presidente Evo Morales, afectado a su vez por el “cuoteo” de cargos y la anarquía en una empresa pública y social del agua que desde 2007 “no ha cambiado nada”.
Pero en su punto de máxima intensidad, el fracaso coincidió con recientes fallas en los más altos sistemas de control gubernamental en el nivel central y nacional de la aeronavegación; y de recolección de basura en el municipal paceño, que derivaron en tragedia aérea el 28 de noviembre y el anómalo servicio de limpieza en la ciudad de La Paz desde el 18 del mes pasado, uno más de los traspiés de la administración Revilla que favorecen su eventual relevo a manos de sus adversarios.
Los fracasos de gestión y fiscalización pública mostraron, a la manera de una fractura expuesta, los reales niveles de eficiencia y lucha anticorrupción oficialmente admitidos por los ministerios de Gobierno y Transparencia, no obstante las alertas, alguna incluso presidencial sobre la sequía, que se intensificaron en el curso del año y se multiplicaron en los medios impresos —éste en especial— y audiovisuales desde la sociedad civil.
En paralelo, los esperados nubarrones que se ciernen estos días sobre el cielo paceño al concluir la sequía 2016 no logran ocultar que la crisis del agua se debe en lo inmediato, de acuerdo a reportes oficiales, no sólo a la escasez de lluvias, sino a la incapacidad vigente de las represas para embalsar agua suficiente, como reconoció el nuevo ejecutivo de la empresa acuífera local, Marcel Claure, y a pérdidas multimillonarias en ductos.
DESPILFARRO ESTATAL
Con cifras del 45 al 31 % en Cochabamba y La Paz, el despilfarro institucional —más que vecinal— de agua potable en cañerías oxidadas y tubos plásticos de acoples deteriorados, reduce a casi la mitad la oferta realmente disponible, minando además terrenos en riesgo de deslizamiento, según el Reporte Estrada Etcheverry-2014 al Ministerio de Medioambiente y Agua, sobre los que se calculó pérdidas de hasta 150 millones de dólares en una década.
Afectadas por la sedimentación, las represas sin dragar como la de Tacagua, en Challapata, Oruro, y otras del sur y los valles, colmatadas hasta la mitad por materiales de arrastre, han perdido volumen de carga y almacenamiento hídricos, ahogando los publicitados proyectos presidenciales de “cosecha” de agua, que no han informado cuántos millones de metros cúbicos llegaron a recolectar.
Contra la costumbre oficial, la gobernación orureña sorprendió hace cuatro meses anunciando la fase inaugural de dragado de la represa Tacagua.
En servicio desde 1961, con 45 millones de metros cúbicos de capacidad formal, Tacagua es uno de los mayores y más viejos embalses del país junto con La Angostura (Cochabamba, 1948, 50 millones de metros cúbicos), aunque el plazo de 200 días, a concluir el 2018, y la inversión de 700 mil dólares resultaban exiguos para una obra estimada en 20 millones de dólares, a fin de trasladar parte de los 22 millones de metros cúbicos de sedimentos depositados en su vaso y talud.
Por el mismo rumbo, una inconclusa nueva represa en La Paz y otros diques aledaños estaban imposibilitados de retener buena parte del agua que se viene. De estar en mejor estado pudieron coadyuvar a la “cosecha”, evitando futuras inundaciones, aunque un desborde ya afectó a los comunarios de Palcoma, el más reciente aporte a los caudales extras que abastecen a la sede de gobierno.
“La represa Hampaturi Alto está en construcción hace dos años. Ya debió estar concluida. En esta época de lluvias la hubiéramos podido cargar, pero va a volver a rebalsar toda esa agua, seis millones de metros cúbicos, que pudo ser almacenada para asegurarnos el suministro el próximo año; pero no va suceder esto”, lamentó a poco de posesionado el ejecutivo de la Epsas local, Marcel Claure.
Sus obras, cargo de la estatal Emaguas, que la adjudicó a una constructora privada, fueron inauguradas por el presidente Evo Morales en julio de 2014, pero sin que se informe sobre las razones de la postergación, los trabajos comenzaron hace un año, previéndose que su primera carga de lluvias ocurrirá entre fines de 1917 e inicios de 2018, es decir, a destiempo e incumpliendo promesas.
CAUSAS DE FONDO
Sin políticas públicas nacionales y serias que incluyan roles por ámbito estatal y por instrumentos operativos; ni coordinación con gobernaciones, municipios y las propias empresas públicas y sociales del sector, el suministro que la Constitución garantiza como un derecho, quedó en el papel y la letra muerta, refirió esta semana la consultora Redes.
“Se aplazaron contundentemente las organizaciones sociales en la administración de Epsas; no sólo ahora sino desde el 2007 no ha cambiado nada, incluso el NIT sigue siendo el mismo de la ex Aguas del Ilimani; seguimos pagando alquileres a Samapa-residual”, dijo un dirigente alteño ligado a la empresa local del agua.
Es un “botín político y de cuoteo de planillas, no se programan conexiones sino cargos”, agregó otro pidiendo reserva sobre su identidad, aunque remarcó que la empresa ejecuta 34 millones de dólares, de los que 18 millones corresponden a sueldos y salarios para 500 trabajadores entre eventuales y permanentes, un promedio de 36 mil dólares/año por cabeza.
“Epsas divide a los alteños en bandos oficialistas y opositores, pero la división se ahonda en el bando masista con al menos tres grupos y se ha reflejado en las diversas gerencias y los cuatro interventores de los últimos años”, añadió al mencionar entre aspirantes a ministros a dos que ya lo fueron, Abel Mamani y José A. Zamora, junto a James Avila de Emaguas, y a René Orellana, titular de Planificación.
Pese a diversas advertencias antes y después de la última temporada de lluvias 2015-2016, y a causa precisamente de esa carencia estratégica de políticas públicas, la cobertura oficial del 84 % de la población con agua potable excluye al restante 16 % de las y los bolivianos.
Es, decir, cerca de 1.5 millón de habitantes, recordó también Redes, que este año difundió en diversos medios sus alertas con base en un monitoreo en las propias reservas acuíferas del país.
ALERTAS VANAS
Los múltiples avisos y prevenciones desde la sociedad civil, a partir de la desecación del lago Poopó, hace un año, y otros riesgos en humedales del sur y el oriente bolivianos fueron en general desdeñados por las autoridades que sólo en agosto pasado dieron muestras de activar algunos recursos.
Entre ellos los cuestionados “12 decretos anti-sequía” que el presidente Morales lanzó el pasado 2 de agosto en Challapata durante la celebración del Día de la Revolución Productiva y Agraria. “Nos hemos preparado para enfrentar esta sequía”, dijo entonces.
Complementaba así su propia alerta del 26 de enero, hace 11 meses, en que instruyó sin ser obedecido: “Hay que tener un programa consistente para combatir los efectos, vamos a tener una grave sequía”.
Ya entrado noviembre, en medio del afán por distribuir agua turbia y la danza de millones a la que su gobierno recurrió para exaltar logros, el mandatario admitió que no obstante los 1.209 millones de dólares gastados en diez años en el sector agua “no hay soluciones estructurales aún” para solucionar el racionamiento en La Paz y otros departamentos.
Ahora, en el congreso de su fuerza política, el MAS, una de las disputas que deberá resolver es la “cantada” remoción de su ministra impugnada, aunque en el fondo intentará contentar a las diversas fracciones de la élite que controla el poder. (Versión ampliada del artículo condensado en Página Siete)
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NO SABE QUE
SUCEDE, NO HAY POLÍTICA PUBLICA PARA EL AGUA |
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En general el reporte de la consultora Redes identificó que las
organizaciones sociales fallaron nuevamente como en el caso del Fondo Indígena, fracasando ahora las representaciones alteñas en la administración del agua. |
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También que el gobierno volvió a demostrar que no tiene políticas
públicas y no conoce la temática del agua en cada uno de sus componentes; no sabe qué sucede no solamente en La Paz sino en todo lado. |
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Tampoco fue capaz de prever la desecación progresiva de los lagos del
altiplano central y cuando el Poopó llego al extremo el 2015 el Presidente evocó que “siempre se secaba, aunque también se llenaba”, sugiriendo cierta conformidad. |
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Redes estimó que el conjunto de las instituciones estatales está en
duda, sobre todo los municipios de La Paz, El Alto, Sucre y Potosí. “Es el Estado nacional y las representaciones políticas actuales: no hay coordinación pues no hay políticas públicas que incluyan roles por ámbito estatal y por instrumentos operativos. Todo es proyectos, pero nada de estrategias. |
