La noche del jueves 30 de abril, mientras el denominado “petardazo” rompía el silencio de la cuarentena, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cabeza de Eva Copa, promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, dándole al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) el plazo fatal de 90 días para llevar a cabo dichas elecciones. Una hora antes de la promulgación, la presidenta Jeanine Añez rechazaba tal propuesta asegurando que “la salud es primero”.
Posteriormente se sumaron voces en contra y a favor de esta determinación, entre ellas, el segundo “petardazo” del 10 de mayo y las diferentes movilizaciones en todo el país. Lo cierto es que, si todo sigue su curso, hasta inicios del mes de agosto Bolivia ya habrá elegido un nuevo gobierno.
Ahora bien, este panorama político ha dado curso a diferentes pedidos por reformar algunas características del sistema electoral boliviano, entre la más controvertida, la exigencia del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) por la igualdad del voto entre el área rural frente a la urbana, acusando a la Ley 421 de asignar arbitrariamente los escaños y de atentar contra los derechos de la mayoría.
La propuesta de la Conade, de que 1 voto urbano sea igual a 1 voto rural, atenta directamente contra la democracia intercultural de los pueblos indígenas y, con la idea de concentrar escaños en las ciudades, marginar aún más el área rural de la que se encuentra ahora.
El sistema electoral boliviano, regido por la Ley 026, reconoce en su artículo 57 a las circunscripciones especiales, en representación de todas las naciones y pueblos Indígena Originario Campesino (IOC). Asignándoles 7 escaños parlamentarios, les permite participar, con una minoría de votantes, en la toma de decisiones del Estado. Siguiendo fielmente el principio de plurinacionalidad.
Por otro lado, la idea de centralizar el poder político en las ciudades, por considerarlas mayoría, rompería las bases fundamentales del sistema proporcional D’Hondt, utilizado en la designación de diputados y senadores. Este sistema, tiene como premisa esencial la de favorecer minorías representativas para evitar la conformación e institucionalización de mayorías políticas hegemónicas (y todo lo que compromete esta cuestión).
Afirmar que las áreas rurales “con un 30% de su población acaparan el 70% del poder político” es un error, pues sólo se valora el alcance de los escaños uninominales y no de los plurinominales. Se cuestiona la densidad poblacional de las uninominales, que engloba a la mayor parte de los 339 municipios del país, y no a los plurinominales e incluso las designaciones de senadores, que son escaños generalmente acaparados por representantes de las ciudades y que, contradictoriamente, ni siquiera son elegidos por los ciudadanos, pues comparten los votos del candidato presidencial del partido político al que representan.
Lo irónico del tema es que la Conade, además del nombre, esté conformada por políticos y activistas que dijeron, en algún momento, defender a las minorías; Juan Carlos Nuñez, Lucio Gonzales, Manuel Morales, María Amparo Carvajal, Rolando Villena y Waldo Albarracín.
De darse curso a la propuesta planteada, solo se conseguirá que las ciudades concentren todo el poder del Estado, marginando a los ya marginados ciudadanos del área rural, entre ellos, los pueblos IOC. Es un atentado a la democracia de las minorías.
Rudy Guarachi Cota es comunicador social.
