Por: Rudy Guarachi*
El 30 de diciembre del pasado año, el médico chino Li Wenliang había anoticiado al mundo sobre el brote de una enfermedad desconocida. Siete personas se habían contagiado de un extraño virus en un mercado informal de la ciudad de Wuhan, China. El gobierno de ese país se enteró y, en un acto de seguridad de Estado, decidió censurar al médico acusándolo de “hacer comentarios falsos que perturban severamente el orden público”.
Li falleció el 6 de febrero, cinco días después de dar positivo a la prueba del coronavirus, entre tanto, el mundo realizaba esfuerzos por prevenir y contener la expansión del virus.
Por su parte, Bolivia confirmó sus dos primeros casos el 10 de marzo y, hasta la noche del 22 de marzo, 27 en cuatro departamentos; La Paz (1), Oruro (8), Cochabamba (3) y Santa Cruz (15). Asimismo, la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, decretó el cierre de fronteras, medidas de ayuda para la población y cuarentena total hasta el 4 de abril.
El dilema boliviano nace en este contexto. Desde el primer decreto contra el coronavirus, diferentes voces hicieron eco de oposición contra las medidas asumidas por el Gobierno. Voces que, en un primer momento fueron injustificadas, pues solo precautelaban intereses económicos, pero, posteriormente, las voces fueron la de los sectores más populares, aquellos que no tienen permitido hablar o ser escuchados; dulceras, refresqueras, cachivacheras, k’epiris, payasos, comideras, volanteras, fruteras, verduleras, disqueros, muebleros, lustrabotas, salchipaperas, relojeros y otros oficios del comercio informal poco visibilizados. Todos fueron satanizados y metidos en la misma bolsa, la de los ignorantes y salvajes que atentan contra la salud pública.
En 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que Bolivia tiene la economía informal más grande del mundo, representando el 62,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Este resultado nos lleva a afirmar dos cosas. La primera, en 14 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales y su cúpula, no se hizo nada por crear y mejorar las condiciones laborales de los bolivianos. La segunda, Bolivia no tiene las condiciones sociales y económicas para sobrellevar una cuarentena total que, en muy probable caso, obligue a los sectores más populares a salir a las calles en menos de una semana por mera y simple necesidad.
Es una bomba de tiempo que, más allá del pánico social motivado por algunos medios de información y/o periodistas, no podrá ser contenida con el bono mensual de Bs 500 por cada estudiante del nivel primario de escuelas públicas, ni la suspensión del pago de deudas por créditos o servicios. No será suficiente porque la gente vive del día y para el día. No tiene la posibilidad de entrar en cuarentena porque la pobreza en la que se encuentra sumida le dice que, si no muere por coronavirus, morirá por hambre.
¿Bolivia es un país de pobres? Sí, aunque duela admitirlo. En 2019, el azulado Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmaba que la pobreza multidimensional en Bolivia ascendía al 20,4%. Dato asolado por el 61% concluido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), es decir, 6 de cada 10 bolivianos vive en pobreza.
Creer que la gente más popular se opone a la cuarentena por mera ignorancia es desconocer en lato sensu (sentido amplio) la misma composición social boliviana. Un desconocimiento que solo saca a la luz el individualismo, intolerancia y odio hacia los más pobres. Como si ellos tuvieran la culpa de serlo y estuvieran obligados a pensar como los que pueden quedarse en casa 14 días sin trabajar, en su mayoría funcionarios públicos y empleados de la empresa privada.
El problema no es la cuarentena total, el problema es que está pensada y hecha solo para algunos sectores. No es un atentado a la salud u orden público, es el pedido de no ser censurados por pensar diferente y, sobre todo, ser considerados adecuadamente en las determinaciones que se tomen para prevenir la pandemia.
*Rudy Guarachi es comunicador social.
