Paola Cortés Martínez
No todo el mundo puede ser corrupto, la corrupción es una “prerrogativa” oscura de quien tiene poder. Es desde el poder que se va organizando el horizonte amplio de la corrupción. Por eso, sin ser ajena a prácticamente ningún gobierno, la corrupción adopta matices según la época. La ideología y la cultura de quien administra el Estado se reflejan en la forma cómo se ejerce el latrocinio de lo público, el desfalco, el pillaje de los dineros del Estado.
En la época neoliberal, la corrupción tenía una connotación señorial y elitista. Los grandes empresarios (o sus representantes) enquistados en los ministerios ejercían la política del diezmo en los contratos y licitaciones. Pero como por entonces el Estado era famélico y disponía de un número reducido de obras y proyectos, entonces la jerarquía gobernante tenía una inmensa caja negra llamada Gastos Reservados, que se repartía unas veces como sobresueldos y otras como simple apropiación, ya que estaba legalizada la «no rendición de cuentas» de esos dineros. Esta forma de corrupción neoliberal automáticamente empoderaba a los ministros que asumían cargos, o a los jefes políticos que designaban ministros, recuerden a los tristemente célebres cardenales miristas o a los todopoderosos jefes departamentales emenerristas o adenistas.
El MAS erradicó el tipo de corrupción elitista/neoliberal, aunque aparentemente los diezmos subsisten en forma de sobreprecios, pero el masismo fue innovando hasta imponer otro modelo de corrupción, que a modo didáctico le llamaremos la CORRUPCIÓN CORPORATIVA.
La llegada del MAS al gobierno en 2005 implica la cancelación radical del viejo sistema de partidos y la puesta en marcha de una democracia deliberativa, asambleística, corporativa. Los movimientos sociales y los sindicatos, soportes estructurales del MAS, impulsan un proyecto político que al principio se propone emancipador, nacionalista y progresista, y que poco a poco va internalizándose en la administración del Estado. El colectivismo masista que exige cupos en la administración de los ministerios y empresas públicas fue impulsado por la más alta jerarquía del gobierno de Evo Morales.
El Estado y las instituciones elaboraron normas flexibles para acoger las demandas corporativas, por primera vez se hizo legal el hecho de que el Estado financie viajes de dirigentes, congresos y asambleas del MAS. Poco a poco los dirigentes y militantes masistas empezaron a interpretar el momento político como «su propio momento». Como escribió bien Carlos Toranzo, la consigna del «ahora es cuando» se fue convirtiendo en el «ahora nos toca», así en plural.
Los grandes casos de corrupción del MAS, son casos complejos, organizados desde el interior de las instituciones, que se desarrollan obedeciendo a su naturaleza y origen colectivo, no se trata de simples desvíos de fondos o cobros de diezmos, sino de organizaciones familiares (clanes) o pequeñas corporaciones políticas que en periodos largos, meses y hasta años fueron desvalijando a las instituciones públicas y robando el dinero público.
El presidente Evo Morales ha usado una excusa para diferenciarse de los políticos neoliberales, «yo no robo, mis ministros no roban», que sirvió como coartada por mucho tiempo. ¿Entonces quién roba en el gobierno de Evo? Los masistas acomodados y blindados con la impunidad que les otorga su propio gobierno que domina con mano férrea todos los poderes del Estado; en especial, la Justicia. La excusa ya no es creíble, el masismo comparte con los neoliberales el vicio y el defecto de la corrupción.
La Corrupcion Corporativa del MAS está presente desde el caso de debut del masismo en el latrocinio, con Santos Ramírez, segundo jerarca del MAS, hasta el escándalo reciente del Banco Unión, pasando por los casos del Fondo Indígena, Ministerio de Defensa, Gabriela Zapata, Emapa y Entel. En todos estos casos actuaron organizaciones estructuradas al interior de las instituciones estatales, involucrando a personal de todos los niveles y jerarquías; en algunos casos los integrantes de estas estructuras se cuentan por decenas y hasta cientos. Con este tipo de corrupción corporativa le han salido alas a miles de millones de bolivianos.
En el caso Banco Unión, se habla de al menos 35 implicados, en el caso Fondo Indígena se dijo que son más de 200, en el Ministerio de Defensa se denunció a una media docena, en Entel no se tiene idea, pero el robo de bienes (tarjetas de crédito) es sistemático y hasta ahora no se transparenta ni los montos ni el alcance de las mafias que actúan en esa empresa nacionalizada.
Ante cada hecho de corrupción que se destapa, las autoridades de gobierno reaccionan con el mismo libreto: tratan de controlar la información, desatan el discurso grandilocuente del “investigaremos caiga quien caiga”, culpan a la prensa o a la oposición, identifican los eslabones más débiles y con menos poder de la organización delictiva y los encarcelan, pero nunca se toca a los “peces gordos”.
En el fondo, a los jerarcas del MAS lo único que les interesa es “limpiar” su imagen para apoltronarse a la silla 5 años más, no averiguar la verdad de los hechos de corrupción y mucho menos les interesa recuperar los dineros robados. En ese afán, tienen siempre un manejo demagógico y poco transparente de los casos. Cuánto bien nos haría a las bolivianas y los bolivianos, que se dejen de aparentar aquello que no son, y de una buena vez desenmascaren los clanes de rapiña en vigencia en aquellas instituciones públicas, tristemente tomadas por el poder, el masismo y la corrupción pública corporativa.
