MANUEL-FABIEN ALIANA.- Dos semanas después de las elecciones generales del 26 de noviembre, Honduras sigue sin presidente electo y el pueblo sigue en las calles protestando contra el gobierno. Según los últimos datos emitidos por el Tribunal Electoral, después de un primer recuento parcial de 1.006 actas en el que no participaron los partidos políticos, el conservador Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional, mantiene una ventaja de 1,5 puntos por delante del candidato de centro-izquierda Salvador Nasralla (Partido Alianza). Pero ante la presión de las calles y la determinación política de la oposición, el Tribunal no se ha atrevido a proclamar a Hernández vencedor. Para desmovilizar las protestas, el Consejo de Ministros decretó el 2 de diciembre un toque de queda nocturno de diez días que suspendió las garantías constitucionales, justificando la medida por los disturbios causados durante las protestas.
Este decreto, que no fue firmado por el presidente Hernández y fue calificado de ilegal por la oposición, no consiguió amedrentar al pueblo, que siguió protestando pacíficamente en todo el país. Pero fue la noche del 11 de diciembre cuando las relaciones de fuerza se invirtieron, y unidades especializadas de la policía (Los Cobras), así como sectores enteros de la Policía Nacional, se declararon de brazos caídos, rechazando órdenes de reprimir al pueblo, permitiendo las manifestaciones nocturnas, y exhortando a los políticos a resolver sus problemas entre ellos con el fin de encontrar una pronta salida a la crisis post-electoral que atraviesa el país.
Dadas las pruebas contundentes de fraude presentadas por la oposición, las críticas emitidas por los observadores internacionales, con la policía en huelga y un saldo de 14 muertos, 51 heridos y más de 800 arrestados, el Gobierno hondureño y el Tribunal Electoral se encuentran arrinconados. Por ende, se han visto obligados a dar marcha atrás, primero revocando progresivamente el toque de queda, y ahora aceptando un segundo recuento parcial de 4.753 actas que el Partido Alianza señalaba como irregulares.
Sin embargo, siguen sin ceder a la exigencia de abrir los cuadernos de votación, por lo cual Alianza no participará en este recuento y ha optado por rechazar la legitimidad de un Tribunal Electoral desacreditado. Dentro de las exigencias de esta formación política están la creación de un tribunal internacional que supervise el recuento las más de 18.000 actas y el acceso a los cuadernillos de votación para poder verificar el número de papeletas y las firmas de los delegados de cada mesa, así como una auditoría forense sobre las causas que produjeron las múltiples “caídas” del sistema de cómputo informático del Tribunal Electoral. En ese sentido, la crisis política se ha agudizado, puesto que la oposición ya no acepta a este tribunal como interlocutor válido.
Lo que pasa en Honduras se enmarca en un contexto de inestabilidad democrática que sufren varios países de la región. Como bien lo escribe Joaquín Mejía, abogado hispano-hondureño especialista en derechos humanos, el fraude comienza con el control de las instituciones. En otras palabras, la partidización de las instituciones genera parcialidad y clientelismo, y da una clara ventaja al partido que busca perpetuarse en el poder. Por ser el fraude un delito complejo, solo puede prepararse desde una hegemonía partidista, y requiere para su éxito una participación eficiente y piramidal, desde los representantes políticos, pasando por los cargos públicos, y movilizando hasta las bases del partido en cuestión.
Además de Honduras, la partidización de las instituciones latinoamericanas concierne hoy a países como Nicaragua, Paraguay y Venezuela, en donde se denunciaron fraudes electorales durante los últimos comicios presidenciales. Es menester incluir a México en esta lista, que a pesar de permitir un acceso relativamente equitativo y transparente a la función pública, sigue caracterizándose por sus persistentes fraudes electorales, sus transiciones pactadas, su corrupción institucionalizada y sus atentados a la libertad de prensa.
La cargada agenda electoral latinoamericana del año 2018 incluye elecciones presidenciales en México y Venezuela, y lo que pase en Honduras tendrá claramente repercusiones en ambos países. En México, el panorama está muy lejos de ser alentador, ya que está por aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que contribuirá a militarizar el país en vísperas de las elecciones, dándole al Ejército la facultad de reprimir las movilizaciones sociales en un marco legal, en caso de que estas presentaran un peligro para la “seguridad del país”. En Venezuela, democracia fragmentada y en crisis, las movilizaciones y las sanciones internacionales parecen haber surtido efecto. Gobierno y oposición están actualmente reunidos en Santo Domingo para negociar una salida a la crisis política que vive el país, y la oposición está decidida a usar este marco para obtener garantías por parte del gobierno bolivariano para la celebración de comicios transparentes. Estas garantías pasarían por una reforma del Consejo Nacional Electoral, con el fin de volverlo transparente e imparcial, reforma esencial si se quiere sanear y legitimar una institución que en 2013, si bien accedió al recuento de las Actas ante las acusaciones de fraude, no aceptó que se abrieran los cuadernos de votación, tal y como está pasando hoy en Honduras.
El caso hondureño nos enseña que la movilización electoral masiva de un pueblo que cree en el cambio y pone su confianza en un partido, junto a la creación de comandos anti-fraude por parte de partidos y organizaciones de la sociedad civil, son dos factores esenciales que permiten desenmascarar un fraude aun cuando este haya sido bien tramado. Disponer de pruebas resulta esencial a la hora de informar al pueblo y llamarlo a las calles, y luego, para coordinar a ese mismo pueblo para que se manifieste pacíficamente y respalde con sus movilizaciones las acciones políticas en contra del fraude. En Honduras se ha seguido ese camino, y el país podría convertirse en el primero en la historia del continente latinoamericano en lograr revertir un fraude electoral. Cierto es que el camino que ha escogido la oposición es el más difícil, pero de mantenerse el pueblo en las calles, la situación podría volverse tan insostenible que obligaría al Gobierno a aceptar el recuento total de los votos, según los términos del partido Alianza.
