Pueblo indígena Chimán prepara informe sobre su situación para remitirlo a la ONU 

El pueblo indígena Chimán comenzó la construcción del informe sobre el cumplimiento de sus derechos por parte del Estado boliviano, el cual será presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CRED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento será presentado como parte del informe alternativo que entregarán las organizaciones de la sociedad civil, al informe que oficial que presentó el Estado de Bolivia, en 2019, sobre las medidas que adoptó para la eliminación de las formas de discriminación.

El pueblo Chimán habita en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Territorio indígena Chiman (TICH) y Territorio Indígena Multiétnico 1 (TIM-1), entre los departamentos del Beni y La Paz.

Las comunidades chimanes se caracterizan por su dispersión. En el proceso de saneamiento, algunos territorios fueron declarados fiscales, hecho que facilitó su avasallamiento por comunidades interculturales o por terceros, quienes ejercen presiones sobre los mismos con la apertura de carreteras y la extracción de recursos naturales, acciones que afectan a sus formas de subsistencia como la caza y la pesca.

La situación de la educación y la salud no es tan distinta; durante la reunión para el inicio de la elaboración del informe las y los representantes indígenas manifestaron que para protegerse del Covid-19 las comunidades chimanes hacen uso de la medicina tradicional, debido a que los centros de salud se encuentran alejados lo cual los hace inaccesibles, así como en muchas ocasiones les negaron la provisión de medicamentos bajo el argumento de que contaban con la medicina tradicional.

En algunos casos, las y los profesores son pagados por las y los padres de familia, a lo que se suma la casi inexistencia de la educación bilingüe y que las y los docentes llegados desde el occidente del país desvalorizan la cultura propia de las comunidades chimanes e introducen culturas foráneas, según manifestaron.

La construcción de este informe es impulsada por instituciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), la Fundación Tierra, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y la Parroquia de San Ignacio de Moxos.