Preso por denunciar corrupción en el Fondo Indígena 

Por: Andrés Gómez Vela*

Si Marco Antonio Aramayo Caballero hubiese sido pragmático, se hubiera acogido a un juicio abreviado, se hubiera inculpado por delitos que no cometió y en este momento hubiera estado libre. Pero Marco es idealista y decidió pelear por su honor en un terreno donde la injusticia es ley y el monstruo titiritero azul de jueces y fiscales sigue vivo.

Para quienes no lo conocen, Aramayo fue director del Fondo Indígena (FI) durante nueve meses hábiles (2013-2015). En ese lapso, descubrió irregularidades. En consecuencia, pidió a la ministra de Desarrollo Rural de entonces, Nemesia Achacollo, realizar una auditoría para frenar la corrupción. En su condición de jefa del área, Achacollo tenía toda la atribución para atrapar a los corruptos de su partido, pero no lo hizo.

Como nada permanece en secreto por mucho tiempo, los medios de comunicación publicaron la corrupción desde el caso de las ovejas negras que se despintaron con la lluvia porque habían sido pintadas con spray, pasando por el proyecto diseñado para habitantes de una comunidad que no existe en el mapa de Bolivia hasta la repartija de dinero público que se hicieron, creyendo que era suyo, los miembros del denominado Pacto de Unidad.

En reacción, el gobierno del MAS, que esa vez controlaba medios, jueces y fiscales, encarceló a los directores del Fondo Indígena, entre ellos a Marco, para mostrar que estaba luchando contra la corrupción y encubrir a los principales responsables del desfalco de más de mil millones de bolivianos, entre ellos Achacollo y dirigentes indígenas.

Para defender su honor, Marco denunció con pruebas (documentos, audios, videos), entre 2015 y 2019, los siguientes hechos:

1) La autorización de más de 200 proyectos cuestionados por parte de la exministra Achacollo.
2) La advertencia a Achacollo sobre las irregularidades en el FI y la sugerencia de una auditoria para evitar más corrupción.
3) Los diezmos que los miembros del directorio del FI obligaron a pagar a los beneficiarios indígenas para viabilizar sus proyectos. De los Bs1.342 millones desembolsados, 132 millones fueron a los bolsillos de dirigentes masistas.
4) Los cobros irregulares de dirigentes masistas de Bs100 mil por cada millón de bolivianos de un proyecto. Identificó a Felipa Huanca, Juanita Ancieta, Rodolfo Machaca, Ever Choquehuanca como los principales beneficiarios.
5) El desembolso de 3.9 millones de bolivianos a cuentas particulares de dirigentes campesinos, indígenas y colonizadores (interculturales), miembros del Directorio del Fondo Indígena, para proyectos de control social y obras irregulares.

Morales y los dirigentes masistas no perdonaron a Aramayo las denuncias, menos que haya tocado a Nemesia porque las revelaciones hicieron que la mirada pública se enfocara en la exministra, lo que obligó a la Fiscalía a procesarla y pedir su detención preventiva (recientemente recobró su libertad).

En venganza del MAS, el Ministerio Público incoó 86 juicios contra Marco, en 2015; y un juez ordenó su detención preventiva en San Pedro, donde permanece aún como prueba de una injusticia del tamaño del nuevo Palacio.

Desde aquel año seguí su caso y no encontré un sólo indicio de que haya robado un centavo del Fondo Indígena. Para probar la injusticia voy a contarles lo que recientemente me informó uno de sus familiares.

En abril de 2015, Aramayo prestó una declaración en Tarija ante el fiscal Birsmarck Arispe por uno de los 86 juicios que le abrieron. En mayo de 2017, lo trasladaron por otro caso otra vez a Tarija, donde repentinamente un viernes le dijeron: Usted tiene notificación para un juicio el lunes (aquel de abril de 2015) en el que le acusan por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos.

En las audiencias, los beneficiarios del proyecto se acogieron a juicios abreviados; lloraron, pidieron perdón, devolvieron el dinero, asumieron su responsabilidad y fueron sentenciados a tres años de prisión. De inmediato, quedaron libres. Luego, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, Ariel Serafín Gutiérrez, preguntó a Aramayo: ¿Quiere usted una salida alternativa o quiere que continúe el juicio?

Marco, en su lógica, se dijo: Si los responsables ya asumieron su culpa, entonces voy a juicio y salgo absuelto. El juicio duró 10 días. En el penúltimo día, Marco dijo al juez: yo no fui cautelado en este caso, lo que significa que no comenzó el juicio y hay fallas procedimentales. El juez Gutiérrez le respondió: ahorita lo cautelamos. Llamó a otro juzgado, suspendió la audiencia y a las 17 horas de ese mismo día lo cautelaron.

Al día siguiente, el juez Ariel Serafín Gutiérrez lo sentenció a cinco años de prisión con las siguientes “pruebas”: su contrato de trabajo como director y el reglamento de transferencia público privada. No consideró los videos, audios, documentos y otras pruebas de descargo de Marco. La defensa apeló. El Tribunal Supremo de Justicia ya tiene una resolución, pero aún no se conoce.

Este miércoles 12 de agosto, el juez Gutiérrez citó a Aramayo a otra audiencia de medidas cautelares por otro caso. Para evitar que recobre su libertad, en complicidad con el fiscal, dispuso su detención preventiva por cuatro meses, hasta el 12 de diciembre de 2020. Marco está con detención preventiva desde 2015.

Si Marco no hubiese tenido sentido de justicia, no hubiera denunciado el latrocinio, hubiera estado libre en este momento y usted no se hubiera enterado del robo monumental en el FI. Marco es víctima de la venganza del masismo que sigue controlando el Fondo Indígena, Tribunales de Justicia y el Ministerio Público. Marco merece defender su honor en libertad y ser juzgado en su condición de exdirector y no como si hubiese sido beneficiario de 86 proyectos.

*Andrés Gómez Vela es periodista.