Bolivia ha ingresado en un nuevo régimen cambiario y monetario, aunque por ahora sus coordenadas parecen ser conocidas casi exclusivamente por quienes lo diseñaron. Durante el primer semestre de 2026, el Banco Central de Bolivia (BCB) avanzó hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio, adoptó una orientación monetaria contractiva y sustituyó al dólar como principal referencia de estabilidad por la base monetaria, es decir, por el control de la cantidad de dinero como instrumento para ordenar los precios y las expectativas. El cambio es importante. El problema es que todavía no parece haber sido explicado con la misma claridad con la que, suponemos, fue concebido.
Durante muchos años los bolivianos tuvieron un número sencillo al cual mirar: 6,96. Se podía discutir —había mucho que discutir— acerca de cuánto costaba sostenerlo, de la pérdida de reservas que provocaba su defensa, mientras se inyecta sostenidamente liquidez a la economía, o de la pérdida de competitividad precio generalizada que entrañaba. Pero todos sabían qué significaba. El empresario, el comerciante, el importador, el ahorrista, el taxista y el ama de casa compartían una referencia.
No hay absolutamente nada extraño en que un tipo de cambio fluctúe. El problema está en que el gran referente económico de la población ahora cambia sin que la mayoría comprenda las razones, ni tampoco qué pretende hacer la autoridad monetaria con él, bajo qué circunstancias intervendrá o cuál es finalmente la variable que debemos observar para entender hacia dónde está conduciendo la política monetaria. La vieja referencia o ancla de política desapareció de la vista del ciudadano y la nueva parece existir, por ahora, solamente en las aspiraciones del BCB.
De nada sirve un ancla o referencia en el papel si la gente no la ve ni la entiende. La comunicación es parte de la política monetaria. Una autoridad monetaria moderna no se limita a mover instrumentos: administra expectativas. Explica qué está haciendo, por qué lo hace, bajo qué condiciones cambiaría de conducta y qué pretende conseguir. Una regla que solo la conoce quien la diseñó no coordina expectativas y posiblemente fracasará en sus propósitos.
Un economista comprende qué significa la base monetaria como ancla nominal: controlar la expansión monetaria, disciplinar la creación de liquidez y utilizar esa restricción como mecanismo para reducir las presiones inflacionarias. Pero el ciudadano sigue mirando el dólar. Tenemos entonces una situación curiosa: la autoridad se concentra en una variable que la población apenas conoce y la población mira obsesivamente una variable que la autoridad decidió dejar fluctuar, en medio de una crisis fiscal y de balanza de pagos y sin la posibilidad de evitar grandes variaciones que provoquen una mayor incertidumbre.
Precisamente, como consecuencia de esta incertidumbre y de la inestabilidad política, tenemos una economía gobernada por la especulación. La pérdida de valor del boliviano, producto de la inflación, incrementa la demanda de la divisa estadounidense y, por lo tanto, sube su precio y se convalidan las expectativas de devaluación, lo que impulsa aún más su demanda, y así la crisis empieza a alimentarse a sí misma. Los tenedores de dólares aguardan; no venden sus dólares para el consumo por el temor a perder con la suba del dólar. Cae entonces el consumo, la demanda, la actividad y el empleo. Finalmente, el empresario aplaza decisiones hasta que las condiciones ofrezcan una mayor estabilidad. Sin previsibilidad no existe economía.
El BCB ha anunciado sucesivamente la flexibilización cambiaria, un reglamento de compra y venta de dólares destinado también a prevenir episodios de sobrerreacción y un nuevo marco en el que la base monetaria funciona como ancla nominal. Técnicamente puede existir coherencia entre esas medidas. El problema político-económico surge cuando esa coherencia no resulta visible para quienes toman millones de decisiones todos los días. La situación es más grave todavía porque parece ser que no existe un plan de acción determinado, sino que, en una suerte de prueba y error, se van tomando nuevas medidas en función de las repercusiones. Y llegamos a una paradoja bastante incómoda: tenemos cada vez más medidas cambiarias y cada vez resulta más difícil saber cuál es la política cambiaria. Quizá porque el problema empieza a parecer más profundo que una deficiencia comunicacional.
Una política económica no es una colección de instrumentos. Se puede tener base monetaria, operaciones de mercado abierto, intervención cambiaria, flexibilización, reservas, acuerdos internacionales y tasas de interés. Pero una política exige algo más: una concepción de cómo se relacionan esas piezas, una secuencia y, sobre todo, una dirección.
A las deficiencias comunicacionales del BCB, se suma la inestabilidad política que parece ser creciente por su pésima administración. Se trata de un Gobierno sin la intención de desmontar el pasado; es claro que convive por decisión propia con buena parte de él. Para la mayor parte de la gente, el cambio de Gobierno tenía un significado que excedía el recambio de nombres. No se trataba solamente de sustituir personas para que ocuparan los mismos escritorios y se manejaran sobre los mismos cimientos de podredumbre moral labrados durante 20 años. Parecen ignorar que, sin credibilidad, tampoco hay economía.
Adicionalmente, sin un ajuste radical del déficit fiscal, no hay futuro. Es un vejamen social que se sostengan empresas públicas perdidosas y una burocracia ampulosa y de dudosa efectividad. Los actuales políticos en el poder, como todos sus congéneres, sin ningún distingo, comparten el corporativismo, la captura de instituciones, la confusión entre aparato público y poder político, la corrupción en las empresas estatales y aquella peculiar forma de estatismo según la cual ampliar el Estado parece convertirse, por sí mismo, en sinónimo de desarrollar el país. Por tanto, lo general es el déficit y, está siempre latente, la posibilidad de perder poder adquisitivo por el impuesto inflación promovido por la emisión monetaria.
La contrariedad con este Gobierno es mayúscula porque recibió la oportunidad histórica de sepultar las ideas políticas y económicas responsables de nuestra pobreza y estancamiento. Podía demostrar que existía una alternativa al estatismo improductivo; que disciplina fiscal no significaba insensibilidad social; que mercado no era sinónimo de saqueo; que apertura económica no equivalía a entregar la patria y que un Estado más limitado podía ser, precisamente por ello, un Estado más fuerte allí donde verdaderamente importa. Contaba con el capital político para conseguirlo después del país en harapos que dejó el MAS. Pero, finalmente, todos son conservadores del modelo estatista, porque este sigue siendo una fuente segura de poder político y económico con alcances generacionales. Es más cómodo pescar en un acuario que en un mar abierto, mientras se exige a una minoría el pago de impuestos.
Dentro de todo, era de esperar que la Estadolatría perviva. Lo inquietante e imperdonable es que, por sus propios errores, este Gobierno está devolviendo legitimidad pública al masismo. Así, uno de los asombros dialécticos de la política boliviana es ver que quienes llevaron al país al desastre se presentan ahora como sus salvadores. Los han hecho renacer y, por ello, se vuelve a escuchar en diferentes escenarios la vetusta melodía colérica de la izquierda que convoca al conflicto físico a la espera del peor de los desenlaces. Por su parte, la sangre que los acerca a sus propósitos siempre la ponen los pobres.
El gran problema es que este Gobierno no tiene proyecto. ¿Cuál es la idea de Estado que reemplazará al Estado corporativo anterior? ¿Cuál es la orientación de la política monetaria que de manera efectiva reemplazará al tipo de cambio convertido durante años en fetiche? ¿Cuál es la política productiva que sustituirá a la ilusión de que crear empresas estatales equivale a industrializar? ¿Cuál es la reforma institucional necesaria para convocar grandes inversiones privadas? Por ahora, utilizando lenguaje futbolero, “el partido les quedó grande”.
En el plazo inmediato es imprescindible resolver el problema del dólar. Por una serie de connotaciones, el tipo de cambio es posiblemente el precio más importante —uso una posibilidad porque desde hace un tiempo el precio de la gasolina y el diésel han dejado de ser fijos— y, por consiguiente, alguna previsibilidad tiene que tener. En una economía anclada históricamente al dólar, debe haber una transición hacia un régimen flexible garantizada por dólares líquidos en abundancia. En medio de la carencia, liberar el dólar es una irresponsabilidad. ¿No consideraron, por ejemplo, que los precios de los bienes inmuebles están fijados en esta moneda?
No es el tiempo para los economistas de manual que creen que se puede gobernar una economía desde un computador. La política económica es una suma de técnica, historia económica y creatividad. Hoy en día, hay que ponerse en los zapatos de millones de personas que, sin haber leído a Hayek, Lucas, Friedman o Keynes, comienzan a sospechar que mañana su dinero valdrá menos. Entonces guardan dólares, postergan compras, suben precios, esperan. Y con cada una de esas decisiones individuales van construyendo la macroeconomía que después los economistas intentaremos explicar mediante ecuaciones.
Antonio Murillo Reyes es Economista y Econometrista
