Para buscar una solución a los conflictos que vive y sufre actualmente el país, es preciso hacer un diagnóstico integral de la situación para conocer las causas reales que la sociología, asumiendo su papel como ciencia, aun no nos ha provisto. Es evidente que la red de causalidades que sustenta la situación es altamente compleja y requiere la participación de varias disciplinas en profundo debate. Tal hecho ya se está dando en alguna medida a través de los medios y las redes sociales. Sesudas reflexiones y análisis han abordado aspectos históricos, políticos, etno-antropológicos y otros relacionados con la naturaleza humana. No obstante, en la riqueza y diversidad de estos aportes no es posible encontrar, de manera explícita, soluciones que incidan, al menos de manera circunstancial, en la salida del conflicto.
Además de lo mencionado, es posible que existan otras causas que no estén en el origen inicial del proceso sino en acontecimientos recientes que, si bien no están desligados de las causas originales, deben ser develados aplicando la suficiente perspicacia, particularmente de lo que ocurre en el altiplano. Veamos:
Se sabe que gran parte de las comunidades de las provincias que están en la frontera con el Peru, en particular las circunlacustres, han vivido desde hace años del contrabando de combustibles al Perú con ganancias exorbitantes que dañaron drásticamente la economía por el subsidio otorgado por el gobierno del MAS. Los habitantes de estas regiones ahora sin ese ingreso serían, según múltiples fuentes, parte sustancial de los grupos movilizados: la ferocidad de los bloqueos en las carreteras al Peru, apuntan en esa dirección. Está claro que no será posible negociar, por parte de ellos, el retorno al subsidio y la apertura de fronteras; es mejor pedir el cambio de gobierno a uno que sea de ellos y les permita toda las prebendas y privilegios que se les ha cerrado.
Algo parecido ocurre con el resto del contrabando con Perú y Chile. La protección a los contrabandistas y la lucha contra los agentes de la aduana o el ejercito eran cosa de todos los días, con muertos e incautaciones. La oferta de Rodrigo Paz a estos sectores era cerrar la aduana y con eso desaparecían estos problemas (pero el país perdía cuantiosos recursos). Al no haberse cumplido tal oferta, el reclamo no puede ser la eliminación de las restricciones al contrabando sino el cambio de gobierno a uno que les conceda todas las canonjías que no han podido obtener.
También es conocida aquella actividad económica muy lucrativa que termina alimentando mafias en Chile: la producción y tráfico de drogas de abuso, con mas frecuencia en comunidades de Oruro y Potosí. Es lógico suponer que les conviene mucho un gobierno afín a dichas actividades, para lo cual tienen que cambiar al actual.
Como se ve, no es posible ninguna negociación porque los movilizados nunca podrán exponer sus peticiones. Lo más lógico solo será pedir que se vaya este gobierno. Desafortunadamente, tal solución solo desembocará en el desastre porque, ni ese gobierno (de los movilizados) ni el actual en el poder, tienen idea de la solución. La posibilidad de reconstituir el país a través de un plan de diversificación productiva y sostenible que nos saque del extractivismo -que es la madre de todos los problemas- no es parte de su agenda. Esto se demuestra cuando en la propuesta planteada por el gobierno de conformar un Consejo Económico y Social (CES) para abordar esta temática no convoca ala academia, pues parece no tener esclarecido que todo puede terminar en más de lo mismo, ya que la innovación – que es la salida aplicada en todo el mundo- siempre estará ausente.
Roger Carvajal Saravia es Doctor en Ciencias e investigador emérito de la UMSA
