Bernarda Flores – ¿Quo vadis Bolivia?

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Bolivia ha sumado, esta semana, una serie más de sucesos a la colección casi infinita de atentados a la democracia y a la civilidad.

El Parlamento Boliviano nuevamente se ha convertido en una arena de enfrentamiento, en la que azules y multicolores han medido fuerzas ante los ojos incrédulos de una porción pequeñísima de la sociedad boliviana que continúa azorándose ante tales muestras de barbarie y violencia.

¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué presente es el que estamos transitando? ¿Qué futuro nos espera si seguimos por los derroteros del deterioro, enfrentamiento, desinstitucionalización?

Muchos ciudadanos aún, ingenuamente, continúan imaginando e incluso afirmando que en Bolivia existe una democracia precaria, débil, esmirriada, pero democracia al fin.

Yo sostengo que, en Bolivia, desde hace mucho, no existe democracia. Es más, en la misma visión que nos permitiría compartir el Profesor Kelsen, hemos vivido sistemáticamente una serie de golpes de estado, expresados, como bien puntualizó él, en las modificaciones y contravenciones sucesivas a la Constitución Política del Estado sin acceder, para ello, a los instrumentos que la propia Constitución habilita para su reforma.

Vayamos por partes: Abordemos de manera breve, pero ilustrativa, un examen aproximado de la democracia en el país. La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, aprobada en Lima el año 2001, incorpora una definición bastante completa de lo que los estados de esta región deberían entender por democracia, a partir de la enumeración de los elementos que la caracterizan y la definen.

Dicho instrumento internacional entiende que la democracia representativa está integrada por el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos políticos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Con tal enumeración, la sociedad boliviana podría empezar a practicar una evaluación de consistencia de cada uno de los importantísimos elementos y tendríamos algunas conclusiones impactantes: Bolivia no protege los derechos humanos ni las libertades fundamentales de sus hijos; más allá de los grandes avasallamientos contra ellos evidenciados en las restricciones ilegales a la libertad de la enorme cantidad de presos políticos que guardan una especie de depósito ejemplarizante en las cárceles del país, los ciudadanos bolivianos estamos a expensas de un aparato público, político y policial que representa, diariamente, un enorme peligro para nuestra integridad.

Todos los bolivianos estamos desamparados ante el enorme poder de un sistema que, ha entendido que los ciudadanos que pretendemos ejercer nuestros derechos representamos un evidente peligro para la consecución de sus altos intereses personales o colectivo partidarios. La crisis terminal del sistema de justicia no expresa más que el estado de descomposición de un poder que, antes que defender a los habitantes de este país, los reprime peligrosa e injustamente, utilizando los textos normativos para ello.

Es evidente que esta situación tan precaria hace a la integridad de un Estado de Derecho que también se halla en entredicho ¿Qué podemos decir del imperio de la Ley en el país, cuando el propio Presidente ha desconocido la Constitución Política del Estado que él mismo promovió? ¿Qué opinión puede merecer el cumplimiento de la Ley cuando el Tribunal Constitucional pretende modificar la Constitución Política del Estado, a través de sus sentencias? ¿Cuál es la conclusión que debemos asumir los ciudadanos bolivianos, cuando en el país la Ley ya no es un parámetro de cumplimiento, sino una anécdota más en la vida de los funcionarios públicos y gobernantes? Es evidente que el Estado de Derecho en Bolivia, no es más que un postulado carente de contenido y vaciado de experiencias que puedan hacer presumir su vigencia.

Las elecciones en Bolivia ofrecen otro espacio de preocupación. Nadie podrá olvidar los sucesos que derivaron del fraude monumental del 2019, probado y autenticado por la propia Organización de Estados Americanos, para mal de muchos integrantes del MAS. Es evidente que las dudas sobre la integridad, consistencia y transparencia del padrón electoral suman y siguen, refrendadas por la colección de situaciones que evidencia que los muertos votan y que los extranjeros acceden con una facilidad alarmante a documentos de identidad nacional. Con ello, los únicos que pueden dar fe de la veracidad de una elección llevada a cabo con el padrón, sistema y órgano cooptado son los militantes del partido en el poder. Los ciudadanos de a pie, esos que no estamos adscritos a ningún partido ni movimiento social, continuamos siendo silenciosos espectadores de un desastre anunciado.

Tengo dudas razonables sobre la existencia de partidos y asociaciones políticas que expresen la voluntad ciudadana y que puedan acceder a una contienda electoral en condiciones de justeza y racionalidad. Los avasallamientos atroces que se cometen al interior del Parlamento boliviano, se constituyen en la expresión vívida de la descomposición del propio sistema político boliviano, sin que, lamentablemente, pueda identificarse a la oposición como una excepción. Nuestro sistema político está totalmente cooptado por las formas, dictados y estilos de una clase política que, desde el 2006, también ha precarizado los partidos y asociaciones que representan a la ciudadanía en tal espacio.

Sobre los poderes públicos, su independencia y separación, para mal de todos, tampoco podemos decir nada bueno. El Poder Ejecutivo ha cooptado absolutamente todas las funciones y atribuciones de los demás poderes en el país. No hay un Parlamento que legisle, ni fiscalice; no existe un Poder Electoral que garantice ninguna contienda electoral justa, ni legal; el Poder Judicial es un foco de corrupción y continua omisión en el cumplimiento del derecho mínimo de acceso a justicia en detrimento de todos los ciudadanos bolivianos.

En fin, en la tercera década del siglo 21, la precariedad es el adjetivo que mejor define las instituciones de un sistema democrático que, en Bolivia, languidece en un coma profundo, en detrimento de todos los ciudadanos bolivianos que deseamos mejores oportunidades de vida, pero sobre todo permitirnos mirar el horizonte con esperanza, entendiendo que caminamos hacia la luz o la civilización y no en una senda oscura, fría, poco humana hacia la involución definitiva.

Bernarda Flores Ivanovic es abogada.

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