«La gota que rebalsó el vaso», «el tiro de gracia», etc.… Distintas expresiones para expresar que algo, tras verse debilitado o arrinconado, termina al recibir un golpe o evento definitivo que marca su expiración.
Para muchos, el anuncio del dictador Daniel Ortega sobre la cancelación permanente de elecciones presidenciales en Nicaragua significó uno de esos hechos. «El fin de la democracia», fue la respuesta mayoritaria —de indignados y pesimistas— a la insulsa sentencia de Ortega. ¿Acaso en Nicaragua han existido verdaderas elecciones desde que el avezado dictador tomó el poder? Y más aún, ¿basta acaso aniquilar un instituto intrademocrático (elecciones) para confirmar la defunción del menos malo de todos los sistemas de gobierno?
Simplificar a la democracia sólo a la celebración de elecciones y afirmar que la democracia ha muerto en Nicaragua es una falacia teórica; es borrar parte de la historia del país centroamericano. Es también eximir de responsabilidad por el derrumbamiento democrático (porque claramente existe eso) al resto de actores de la política nicaragüense. Como tales viles actos son propios de mentes autoritarias y gregarias, no seguiremos ese patrón de análisis e imputaciones unicausales. Repasemos, entonces, lo que ocurrió en Nicaragua.
Muy a la par de los países de la región, Nicaragua ha vivido ciclos de dictaduras y revoluciones. Una de las más cruentas fue la somocista, derrocada en 1979, en gran medida, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del cual fue parte el ahora dictador Ortega. Junto al FSLN, prometió justicia social, pluralismo político y democracia, promesas bien recibidas por una ciudadanía nicaragüense que ansiaba cambios “profundos”. Gobernaron sin muchos éxitos y perdieron el poder en la década de los noventa. Tras ésa derrota, Ortega se encargó de purgar a los “disidentes” del FSLN, convirtiendo así al hasta entonces “proyecto popular de izquierda” en un modelo vertical, clientelar y —principalmente— devocional bajo su mando.
Como todo ordinario hombre enfermo de poder, Ortega fue tejiendo su retorno a la presidencia de Nicaragua con sigilo, astucia, usando hábilmente una mezcla de herramientas tanto democráticas como antidemocráticas. Fue así que entre 1999 y 2000, Ortega pactó con el entonces presidente Arnoldo Alemán un conjunto de reformas legales a ser aplicadas en las elecciones de 2006. En honor a la verdad, convendrá decir que fue un pacto de inmunidad y de repartija del poder entre un presidente elegido democráticamente y un sujeto que ya planificaba su estadía vitalicia en ese cargo.
De entre todos los puntos de ese pacto macabro, la reducción del umbral electoral permitió el retorno y arraigo permanente a la silla presidencial de Ortega. Con esa reforma, se estableció que bastaba el 35% (con una diferencia de 5% sobre su inmediato inferior) de los votos para ganar una elección en primera vuelta. Curiosamente, dicho porcentaje fue casi siempre el caudal electoral del FSLN.
Con el pacto político oficialista-opositor, Ortega se aseguró también el control de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, instituciones que, una vez instalado en el poder, le otorgaron todos los permisos que necesitó para consolidar su dictadura. Un ejemplo, en 2009, la Corte Suprema eliminó la prohibición constitucional de la reelección presidencial.
Controlando casi absolutamente todos los entes de poder, Ortega fue estableciendo alianzas con sectores empresariales y eclesiásticos a cambio de réditos económicos. Así, las élites privadas le tendieron la alfombra para que el dictador y su familia establecieran un autoritarismo dinástico y bicéfalo, basado en la represión dura, alimentado por discursos religiosos.
Desde el pacto con Alemán, Ortega ha “ganado” cuatro elecciones consecutivas: 2006 (con el 38%), 2011 (gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia, con el 62.46%), 2016 (con el 72.47%) y 2021 (75.87%, elecciones cuestionadas por el encarcelamiento de varios candidatos opositores).
La eliminación de los procesos electorales no lapida definitivamente la democracia en Nicaragua. No porque ésta tuviera algo de vida. Al contrario. Como dice la letanía que repiten los Greyjoy —los fanáticos de la pluma del fantástico George R.R. Martin entenderán la referencia—: «what is dead may never die» (lo que está muerto no puede morir).
Y es que la democracia en Nicaragua y en muchos de los países del mundo parece un ente interfecto que deambula por el espacio-tiempo como un fantasma o un zombi. No necesita de discursos o hechos explosivos para expedirle su certificado de defunción. Un sistema muere no sólo porque ha perdido algunas de sus partes, o porque deja de funcionar, desfallece también cuando su dinamismo, en lugar de desechar las sustancias que lo contaminan, las mantiene en circulación gracias a la repetición de actos específicos (elecciones, pactos, decisiones judiciales, etc.).
El anuncio del dictador Ortega, por tanto, no debe verse como un evento “final” para una democracia espectral, sino como un sinceramiento por parte del régimen: la única manera de seguir blindando su dinastía en el poder es eliminando cualquier riesgo. Y los procesos electorales son precisamente eso: riesgo, porque a través de éstos se elimina toda especie de legitimidad —real o fraguada— y puede tanto encumbrar liderazgos como borrarlos para siempre del mapa político, puede poner en el poder y revestir de legitimidad apabullante a figuras con compromiso democrático o a tiranos. Ejemplifiquemos esto último con lo que sucede a 500 kilómetros de Nicaragua.
Nayib Bukele. En otrora asociado a un paradigmático outsider político con enorme apoyo popular, a un abanderado de la seguridad interna; hoy su nombre redefine los límites de la democracia representativa y el orden constitucional. Su mandato, surgido gracias a la democracia, ha venido acercándose a un régimen autoritario de manera paulatina, casi imperceptible para los salvadoreños.
Llegó al poder el 2019 con el 53% de votos. Obtuvo su segundo mandato tras ganar las elecciones de 2024 con el 84.65%, un proceso electoral controvertido debido al quiebre institucional que Bukele propició en contubernio con la Corte Suprema de Justicia. Hasta antes del fallo de 2024, la Constitución de El Salvador prohibía la reelección continua. Posteriormente, y con una mayoría parlamentaria de su partido (Nuevas Ideas), amplió los años de mandato (de 5 a 6), eliminó la segunda vuelta y, para ser habilitado para una tercera reelección, redujo su mandato. El pasado 12 de julio, Bukele ganó las primarias de su partido y será inscrito como candidato para las elecciones de febrero de 2027.
Debido a la efectividad de sus políticas duras sobre seguridad ciudadana, cuenta con un respaldo ciudadano abrumador: entre 91 y 94% de aprobación a su gobierno que ya lleva encima siete años y que, dada la alta legitimidad que ostenta, muy probablemente se extenderá hasta 2033.
Tras todo lo dicho, deberían estar meridianamente claras tres cosas: el menoscabo de cualquier sistema democrático tiene varios responsables y eventos causales; sus instituciones pueden ser usadas como herramientas destructivas; la democracia puede perecer por su propia mano.
Si hoy abundan las autopsias de la democracia nicaragüense no es porque el dictador Ortega haya eliminado las elecciones presidenciales. Si la democracia salvadoreña va zombificándose no es culpa sólo de Bukele y sus “Nuevas Ideas”.
Gracias a los desvaríos ideológicos generados por progresismos exacerbados, radicalismos agresivos y la ignorancia de muchos de los actores políticos, lo que antes era democrático hoy no lo parece más. Una democracia y —por lo mismo— cualquiera de sus institutos (como el caso de las elecciones), en el presente siglo, son impredecibles. Y peligrosas. De ellas pueden surgir tanto gobiernos verdaderamente democráticos como regímenes populistas que terminan en autoritarismos.
Cansados de malos gobiernos, de tiranías militares y/o políticas, de elevados índices de pobreza, inestabilidad política, inseguridad ciudadana, los ciudadanos terminan eligiendo las opciones que prometen todo lo contrario: justicia social, hegemonía política, paternalismo, mano dura. Ninguno de los cuales, dicho sea de paso, es plenamente realizable y menos coincidente con sistemas democráticos saludables.
Más que los políticos y gobernantes, los ciudadanos somos quienes, al momento de marcar una opción en la papeleta de sufragio, al apoyar a propuestas casi quiméricas, al aplaudir las “astucias” de los políticos, decidimos el rumbo de nuestros países y la supervivencia de nuestras democracias. Entonces, ¿cuál es la estocada final?, ¿quiénes la dan? Repasemos la historia reciente de nuestros vecinos continentales, nuestra propia historia, veamos quiénes gobiernan y nos “representan”. Ahí tendremos las respuestas.
América Yujra Chambi es abogada.
