Una de las formas de ejercicio del poder —gobernar— implica confianza. Los ciudadanos confían en que un nuevo gobierno electo solucionará los problemas que afectan sus derechos individuales o, en su defecto, les dará la certidumbre para ejercerlos sin ningún tipo de restricción arbitraria, provenga de grupos, de otros ciudadanos o del propio Estado.
John Locke sostuvo que cuando un gobierno pierde esa confianza —no cumple leyes, no da seguridad, entrega el poder a fuerzas extranjeras, invade la propiedad y los derechos individuales, o es tirano o autoritario— debe ser disuelto.
Siguiendo el criterio del brillante ensayista inglés, también es factible que un gobierno cometa alguna de esas razones de pérdida de confianza por inacción consciente o negligente tanto deliberada y/o prolongada. Si un presidente no responde a las crisis centrales (económicas, políticas), poniendo así en riesgo diferentes derechos individuales y colectivos (alimentación, trabajo, libertad de locomoción, salud, etc.), si es un mero espectador de la ruina de los ciudadanos, rompe la confianza, pierde legitimidad, e inicia un conflicto con el pueblo.
Ante ése escenario de conflagración interna, Locke señaló que el pueblo tiene no sólo el derecho, sino también el deber de defenderse y disolver el gobierno, porque tanto un poder arbitrario como una administración gubernamental atentatoria de derechos individuales no pueden ser consentidos ni por la ciudadanía ni por el resto de actores políticos.
¿Cómo un presidente —y, por ende, su gobierno— incurre en una inacción que, sostenida en el tiempo, destruye la certidumbre, la seguridad y la confianza que debieran conservar el lazo político que lo une al pueblo y le otorgan legitimidad?
El poder no es un status quo, demanda acción, dirección y decisión. Por tanto, quienes lo detentan deben demostrar voluntad, audacia, responsabilidad, proactividad. Si un presidente carece de carácter y personalidad firmes, optará por esconderse en el mutismo o la pasividad, abdicando su cargo a favor de terceros.
Ya sea por un miedo estúpido a “perder popularidad” o por una inacción premeditada, un gobernante incapaz delega su capacidad de decisión y gestión de su gobierno a un ministro, a su gabinete o a un asesor. Ninguno tiene legitimidad democrática propia, por lo mismo, vulnera la ingeniería institucional del Ejecutivo y distorsiona el sistema político.
Un presidente sin criterio propio, paralizado deliberadamente y que muestra temor por los costos políticos de la ejecución de medidas impopulares necesarias rompe la confianza pactada con la ciudadanía a través del voto. Y, lo peor, genera un vacío de poder que, más temprano que tarde, desemboca en caos sociopolítico interno.
El silencio también quebranta la confianza. En política —y, obviamente, en el ejercicio del poder—, el silencio no es sinónimo de prudencia; es una señal de pusilanimidad, connivencia, desidia e inoperancia. Un presidente que, tras acusaciones mediáticas, rumores o sospechas gravísimas en su contra, prefiere callar antes que enfrentar a la ciudadanía y darle claridad prepara el camino para la desestabilización de su gobierno, o, lo que es lo mismo, su disolución.
La disolución puede darse de tres formas: 1) por conflicto social; 2) por vías democráticas: referendos revocatorios o elecciones anticipadas; 3) por renuncia, cuando el peso de la incapacidad, el aislamiento político o el recrudecimiento del conflicto social arrinconan al presidente.
Rodrigo Paz y su gobierno ejemplifican a la perfección todo lo anteriormente expuesto. No entendió la verdadera dimensión de lo que recibió. Demoró en implementar medidas idóneas y en desmantelar las viejas estructuras sobre las cuales sigue montado el Estado. Terminó desquebrajando la confianza y difuminando su legitimidad de manera acelerada.
Con respecto a la economía, hace un año, Bolivia también padecía la falta de dólares, las filas interminables por diésel y gasolina, el encarecimiento de alimentos. Cerró el 2025 con una inflación acumulada de 20.40% y una recesión productiva en ciernes. ¿Ha cambiado el escenario en estos casi diez meses del gobierno de Paz? No. El acceso a dólares continúa limitado, persisten las largas esperas en las estaciones de servicio, nuestra moneda continúa perdiendo su valor adquisitivo, se ha sumado un estancamiento de consumo y la actividad productiva ya indica cifras negativas (para fines del presente año se espera un decrecimiento del PIB a -3.6%).
En lo político, hace un año, las organizaciones sociales con vinculación directa al régimen masista —los grupos campesinos, sindicales más radicales— carecían de incidencia, estaban casi dispersados y desactivados. Hoy, muchos de éstos han recuperado su estatus de impunidad y anuncian movilizaciones para “sacar” a Paz del poder ni bien termine el estado de excepción dispuesto el pasado 20 de junio.
Un presidente como Rodrigo Paz, que pospone —o se rehúsa a realizar— las reformas estructurales que se necesitan para contener las crisis actuales, ya sea por temor o por simple ignorancia, sólo profundiza los problemas e incentiva a los grupos y actores radicales a organizarse en contra de la mayoría de ciudadanos y del sistema democrático. Al ver a un gobierno endeble, pasivo, casi entumecido, perciben la oportunidad de recuperar protagonismo y volver a asirse al poder.
Como bien se mencionó líneas arriba, el silencio gubernamental ahonda la incertidumbre y la desconfianza ciudadanas. Desde las primeras semanas del gobierno de Paz se observó la inexistencia de estrategias comunicacionales, no para difundir sus políticas —porque ya nos quedó claro que no tiene ninguna— sino para manejar el descontento social creciente y construir gobernabilidad.
Es tal la preferencia de Paz por el mutismo que lo transformó en su estilo comunicacional para desvincularse de los escándalos que fueron engrosando la lista de “logros” en sus primeros diez meses de gobierno. Ni siquiera un bochorno mayúsculo como el que protagoniza Fernando Cerimedo hizo que el presidente le hablara al país con la verdad. Pese a todas las evidencias — no sólo las difundidas a cuentagotas por la pseudoactivista Nadia Beller, por cierto—, Rodrigo Paz sigue negando a su asesor, a quien, tal parece, le cedió dos rasgos propios de gobierno: autoridad y decisión.
¿Debe gobernar un presidente sin criterios propios, que se esconde detrás del silencio, que no asume sus errores, que usa posverdades como mecanismo de defensa, que rompe la confianza ciudadana, desde la pusilanimidad y la inoperancia? Locke nos respondería: «disuélvase ése gobierno y elíjase uno nuevo, de otra manera, el Estado no podrá resolver sus conflictos ni progresar».
¿Será ésta la solución que necesita nuestro país en plena escalada de crisis? En absoluto, pero un presidente que no tiene el coraje de gobernar, inexorablemente, termina propiciando su propia disolución.
Además de romper la confianza gobierno-gobernados, la debilidad, la inoperancia, la estupidez de un presidente acelera la caducidad de su estadía en el poder. Su salida deja de ser una posibilidad lejana o casi improbable, pasa a convertirse en una certeza; por tanto, el análisis ya no se centra en los porqués, sino en cuáles serán los mecanismos que determinarán su caída.
Tras 295 días y una seguidilla constante de controversias, rupturas, crisis y escándalos del gobierno de Rodrigo Paz, ésa es la verdadera —y preocupante— coyuntura de Bolivia.
América Yujra Chambi es abogada.
