América Yujra – La caída del zar fiscal y la “gesta” del presidente

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Roger Mariaca Montenegro fue designado fiscal departamental de Santa Cruz, en 2020, por el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, conocido por su pertenencia al régimen masista. Su gestión, de 2020 a 2024, estuvo marcada de controversias y denuncias por negligencia, retardación deliberada de investigaciones, favorecimientos en actuaciones procesales (rechazos, sobreseimientos, etc.). Algunas fueron públicas —como los casos Las Londras y Colegio Alemán—; muchas otras quedaron en las sombras, por temor, conveniencia o simple costumbre de los actores judiciales.

El 21 de octubre de 2024, con 115 votos, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de entonces eligió a Mariaca como el sucesor de Lanchipa. Poco importó que el pupilo del fiscal general saliente hubiese quedado quinto en la evaluación general de postulantes. Poco importaron, también, las impugnaciones que se hicieron en su contra. El objetivo era único: mantener la subordinación del Ministerio Público al régimen. Por eso, se destinó una generosa suma de dinero como “agradecimiento” anticipado para los parlamentarios azules e “impulso” para algunos “indecisos” verdes. 

Mariaca, ya instalado en Sucre, no demoró en devolver “gentilezas”. Manteniendo su modus operandi perfeccionado durante su carrera fiscal en la capital cruceña, se encargó de retrasar y entorpecer investigaciones y causas de corrupción, narcotráfico y otros delitos comunes vinculados a Luis Arce, Evo Morales y allegados a ambos bandos. Sólo tras el ingreso de un nuevo gobierno, los procesos contra Sebastián Marset o los hijos de Arce, por poner un par de ejemplos, pudieron avanzar.

Su conducta encubridora y delictiva, cometida junto a sus hombres de confianza, era conocida en juzgados y fiscalías, pero también en las dependencias del Ejecutivo. Durante casi diez meses, Rodrigo Paz y sus ministros, principalmente de Gobierno y Defensa, sabían lo que éste nefasto individuo hacía. Sin embargo, en lugar de actuar, optaron por convivir con Mariaca y guardar ésa información, quizá pensando usarla cuando vieran el momento “indicado”. 

Al principio, Mariaca actúo con cierta inclinación hacia el nuevo gobierno. De otra manera no se explican las lentas y deficientes actuaciones fiscales en casos varios: “narcomaletas”, “gasolina basura”, “tráfico de oro”. Paralelamente, fue acercándose a sectores criminales/masistas —mal llamados “sociales”—, de quienes recibió reconocimientos, regalos ostentosos y apoyos públicos hasta el último momento. Tras el escándalo Cerimedo-Beller, decidió marcar distancia, direccionando la investigación del caso hacia el presidente, su familia y ministros. Durante los recientes viajes de Paz y Edmand Lara, reconoció públicamente al presidente del Senado como presidente del Estado en suplencia.

Ésa “bravura”, o el avance silencioso del caso “audios” (que vincula a la familia de Paz), o quizá su peligroso acercamiento a grupos sediciosos, sea cual sea el hecho, el vaso rebalsó. Mariaca incomodaba y preocupaba. Y de repente los ojos y oídos de Paz y a sus ministros se abrieron, y se dieron cuenta de las acciones delictivas del fiscal general. Y ya que Estados Unidos publicó un informe que muy probablemente fue preparado hace bastante tiempo, Paz y su gobierno vieron llegar el momento “indicado” y esperado para prescindir de un sujeto que ya no les era tan funcional. La noche del 30 de septiembre, Mariaca y algunos de sus hombres de más confianza dentro del Ministerio Público fueron aprehendidos en una estrambótica “acción directa por flagrancia”. 

“Mariaca cumplió un rol de protección y ayuda como servidor público (…) en el departamento de Santa Cruz, cuando cumplía funciones como Fiscal Departamental en la gestión 2020-2024 y posteriormente cuando cumplió un cargo alto como MAE del Ministerio Público (Fiscal General del Estado) durante la gestión 2024-2026, destinada a cometer delitos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas, además, incurriendo de esta forma en el delito de organización criminal (…). Al ser parte de esta organización ilícita, en su rol de protección al narcotráfico, permitió el almacenamiento, ingreso y salida del país de sustancias controladas al narcotraficante Sebastián Marset”, se lee en la imputación formal del exfiscal general. 

Lo anterior prueba lo que aseveré párrafos supra: la conducta delictiva de Mariaca era ampliamente conocida desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué recién ahora se decidió desarticular una de las redes criminales que operan dentro del sistema de justicia de Bolivia? ¿Qué despertó el sentido de justicia en fiscales, investigadores, ministros y en el presidente?

Rodrigo Paz respondió a ésas mis preguntas la noche del pasado viernes, cuando promulgó la Ley No. 1173. 

Con una euforia no vista desde su juramentación, Paz señaló que la aprehensión de Mariaca y sus colaboradores es “producto de una investigación silenciosa como el caso Marset”. Contradiciendo su afirmación, remarcó la importancia del informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y de “formar parte del Escudo de las Américas”. Manifestó que autoridades “quieren controlar el Estado”, acusando subrepticiamente a Mariaca de este objetivo. Calificó a la aprehensión, a la modificación de la Ley del Ministerio Público y a la designación del nuevo fiscal general como “el fruto” de una “gestión que inició hace un año” y de “un gobierno que decide”. 

Más allá de sus argumentos discordantes en su alocución, Rodrigo Paz reveló el verdadero objetivo de la aprehensión de Mariaca y las intervenciones a las fiscalías departamentales: recuperar algo de legitimidad y autoridad. Dos rasgos necesarios para el éxito y subsistencia de todo gobernante. Dos rasgos que Paz viene perdiendo progresivamente muto proprio.

Un presidente pierde legitimidad y autoridad cuando gobierna sobrepasando los límites que la Constitución y las leyes disponen, sin ofrecer transparencia, sin responder a cuestionamientos sobre determinadas controversias o denuncias contra su gobierno, aún si resolviera necesidades y pedidos públicos. Merma su legitimidad y autoridad cuando no satisface las expectativas y demandas, aún si actuase respetando el Estado de Derecho y la democracia. 

Hay una legitimidad inicial que hace y pone gobernantes; pero no los sostiene en el tiempo, pues es meramente referencial. Un presidente y su gobierno necesitan construir otras legitimidades: procesual y de resultado, no sólo para validar su posición, también para no ser depuestos por mecanismos legales o, en último término, por el mismo ente que lo eligió.

Rodrigo Paz, producto de su desidia e inoperancia, además de la acumulación de escándalos políticos y de corrupción, no supo construir legitimidad procesual ni de resultado ergo perdió autoridad. Ante las amenazas de conflictividad, necesita mostrar resultados y autoridad. Tal parece que la aprehensión de Mariaca y sus secuaces fue organizada con éste objetivo.

Discrepo con las voces que ven en este suceso el inicio de la reforma judicial en nuestro país o la demostración de madurez del actual gobierno en pos de desmontar toda la estructura construida por el masismo —y que continúa incólume— en los entes públicos. Sí, Paz y su gobierno decidieron un despliegue policial y administrativo, pero no por “por la justicia” o “para cambiar la patria”, sino para intentar recuperar algo de legitimidad y autoridad.  

He aquí una muestra del porqué el “fruto” de gestión que Paz celebra no puede ser considerado como el inicio de la “transformación de la justicia”. La Ley No. 1773, sancionada y promulgada en tiempo récord por la ALP y Paz, es una norma necesaria para cesar legalmente a Mariaca, pero ahonda la desinstitucionalización del Ministerio Público y la crisis de independencia (tanto interna como externa) del sistema de justicia boliviano. 

El contenido de dicha ley tiene cierto tinte inconstitucional —al darle un peso trascendental a una imputación formal, vulnera la presunción de inocencia, derecho que debe precautelarse hasta en delincuentes rastreros como el exfiscal— y habilita a que en un futuro pueda ser usada como herramienta jurídico-política. Si al Ejecutivo, al Legislativo u otros entes, por ejemplo, les resulta “molesto” —con o sin razón— un fiscal general del Estado, basta que convenzan a un fiscal de materia a emitir una imputación para cesarlo de su cargo. ¿Puede esto considerarse un buen comienzo para la tan esperada “reforma judicial”?

¿Era necesario bajar de su trono a Mariaca, conocido delincuente y protector de narcotraficantes? Por supuesto. ¿Fue correcto el accionar del gobierno? Legalmente, no del todo; pragmáticamente, era, quizá, la única forma. ¿Se avizora, por fin, un cambio en la justicia boliviana? En absoluto, más aún cuando las restantes organizaciones criminales dentro de ella continúan operativas, no sólo porque sus miembros mantienen sus cargos, sino porque siguen socapadas por ese silencio cómplice y pusilánime de funcionarios —de fiscalía y juzgados—, abogados y público litigante ante lo ilícito. Con este suceso, ¿Paz recobró legitimidad y autoridad ante la ciudadanía? Para nada, los problemas más urgentes (escasez de combustibles, crisis económica) continúan sin solución. 

Cayó Mariaca mas la justicia boliviana aún no cambió. Paz decidió una acción, pero sigue sin mostrar verdaderos resultados de gestión.

América Chambi Yujra es abogada.

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