Javier Gómez – Rentabilidad financiera sin reactivación económica

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La liquidez y las utilidades de algunos bancos aumentan, pero las entidades especializadas en microcréditos enfrentan una dinámica distinta. Mientras tanto, los incentivos monetarios y regulatorios continúan orientando los recursos hacia las inversiones financieras, en desmedro del crédito, la producción y la inversión privada.

Bolivia necesita reactivar su economía, recuperar la inversión privada y restablecer el crédito para empresas y hogares. Sin embargo, mientras ese objetivo se repite en el discurso público, los incentivos operan en sentido contrario: para algunas entidades resulta más atractivo colocar liquidez en títulos del Banco Central y valores bursátiles que asumir el costo y el riesgo de nuevos créditos.

El Decreto Supremo 5714 reconoce parcialmente el problema. Al reducir del 50% al 40% la cartera mínima regulada de los bancos múltiples y del 40% al 30% la de los bancos PYME, concede mayor libertad para diversificar las colocaciones. La medida es positiva, pero insuficiente: flexibiliza el destino de la cartera, aunque no corrige la relación entre tasas, costos y riesgos que está frenando el crédito.

El problema no es la ausencia de recursos. Según la ASFI, a junio de 2026 los depósitos alcanzaron Bs 254.613 millones y la cartera, Bs 234.269 millones. En un año, las captaciones aumentaron en más de Bs 30.000 millones, mientras el crédito creció apenas 3,3%. El Banco Central reconoce que la brecha entre depósitos y cartera llegó al 8%, una de las más amplias de los últimos años. El ahorro ingresó al sistema, pero se transformó cada vez menos en financiamiento.

Las cifras sobre su destino son reveladoras. Durante el primer semestre de 2026, las disponibilidades y las inversiones temporarias explicaron 5,52 puntos porcentuales del crecimiento de los activos, frente a 2,23 puntos aportados por la cartera. Las inversiones en el Banco Central pasaron de Bs 10.714 millones a Bs 19.741 millones en un año: crecieron aproximadamente 84%, mientras el crédito lo hizo en 3,35%.

La misma orientación aparece en la Bolsa Boliviana de Valores. El monto negociado en el primer semestre alcanzó Bs 27.903 millones, 25% más que en 2025. La negociación de títulos públicos se duplicó y los reportos crecieron 37%. El mercado se articula alrededor de títulos públicos, instrumentos del Banco Central y operaciones de corto plazo.

No se trata de reprochar a los bancos por actuar racionalmente. Si una entidad puede invertir a 273 días en valores del Banco Central al 10,45%, mientras el crédito productivo tiene tasas máximas cercanas al 11,5%, la decisión es previsible. La diferencia es insuficiente para cubrir costos operativos, previsiones, capital regulatorio y riesgo de incumplimiento. El título público ofrece una rentabilidad semejante con mayor liquidez y menor costo.

Esto permite entender por qué pueden aumentar las utilidades de algunos bancos sin una recuperación equivalente del crédito. A junio de 2026, las entidades de intermediación financiera obtuvieron utilidades por Bs 2.136 millones, Bs 995 millones más que un año antes. Pero el Informe de Estabilidad Financiera señala que la mejora se explicó principalmente por otros ingresos operativos y resultados de la exposición a la inflación; el margen financiero bruto moderó el crecimiento de la rentabilidad. Las ganancias aumentaron, pero no principalmente porque se prestara más.

Esta situación no puede generalizarse a todas las entidades. Las instituciones especializadas en microcréditos tienen una estructura distinta y enfrentan mayores costos operativos, debido a la atención de numerosos prestatarios, la dispersión geográfica de sus clientes y el seguimiento de créditos de menor monto. Por ello, la desaceleración del crédito y el aumento de los costos de fondeo pueden afectar con mayor intensidad sus márgenes y su capacidad de ampliar la cobertura financiera.

La política económica produce una señal contradictoria. Por una parte, anuncia reactivación y reduce cupos obligatorios; por otra, mantiene tasas activas reguladas, eleva el costo del fondeo y ofrece instrumentos públicos competitivos y de menor riesgo. El Decreto 5714 amplía la libertad de asignación, pero no asegura que los recursos liberados se conviertan en crédito. Mientras la ecuación favorezca los activos financieros, la liquidez continuará dirigiéndose hacia ellos.

El efecto trasciende a los bancos. Cuando una pequeña empresa no consigue capital de trabajo, reduce su producción o recurre al crédito informal. Cuando una empresa mediana no puede financiar maquinaria, posterga su inversión. Y cuando el ahorro nacional encuentra mejores condiciones financiando al sector público que acompañando proyectos privados, se desplaza silenciosamente la inversión productiva.

Corregirlo no exige abandonar la disciplina monetaria ni obligar a prestar sin evaluar riesgos. Requiere coordinar política monetaria, regulación y reactivación. Las tasas reguladas deberían transitar hacia un mecanismo revisable que refleje el costo del fondeo y el riesgo, con protección para el microcrédito, la vivienda social y la pequeña producción. Si el Estado desea crédito preferencial para sectores estratégicos, debe asumir parte de su costo mediante garantías, fondos de segundo piso o subsidios focalizados. También puede crear incentivos vinculados al crecimiento neto de nuevas colocaciones para inversión y capital de trabajo, especialmente en entidades que atienden a microempresas y pequeños productores.

Bolivia no enfrenta solamente una escasez de crédito, sino una arquitectura que vuelve más conveniente invertir en papeles que financiar la producción. El dinero está en el sistema, los depósitos crecieron y las utilidades de algunos bancos también. Pero las entidades especializadas en microcréditos enfrentan restricciones que pueden limitar su capacidad de atender a los sectores más vulnerables. Falta reconstruir el puente entre ese ahorro y la economía real. Sin ese puente, la liquidez seguirá circulando entre el Banco Central, los bancos y la Bolsa, mientras la recuperación continuará esperando el crédito que necesita.

Javier Gómez Aguilar es economista

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