Mientras dirigentes y organizaciones continúan disputando la representación de los sectores populares, la Bolivia real ya se ha movido hacia otro lugar. Y la política todavía no ha logrado alcanzarla.
La reaparición de Jaime Solares en las recientes movilizaciones sociales ha despertado una extraña sensación de un retorno histórico. Para quienes vivieron los acontecimientos de octubre de 2003, su figura remite a uno de los rostros más visibles de la Central Obrera Boliviana (COB) durante la crisis que terminó con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dos décadas después vuelve a aparecer en reuniones, entrevistas y cabildos políticos reivindicando un discurso que parece provenir de otro tiempo: la lucha contra los ajustes económicos, la denuncia de las privatizaciones y la necesidad de recuperar el liderazgo obrero de las luchas populares.
Sin embargo, la importancia de Solares no radica únicamente en su trayectoria sindical. Su figura simboliza un momento histórico en el que la COB todavía aspiraba a ejercer el papel de vanguardia política que había desempeñado durante gran parte del siglo XX. Como dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia representaba la continuidad de una tradición que concebía a la clase obrera como el sujeto central de la transformación nacional.
Pero mientras la COB intentaba recuperar ese protagonismo, Bolivia ya estaba cambiando.
A finales de los años noventa emergían con más fuerza nuevos actores sociales que cuestionaban la centralidad obrera. Felipe Quispe encabezaba movilizaciones indígenas que hablaban de nación aymara antes que de lucha de clases. Evo Morales articulaba un movimiento cocalero que combinaba identidad campesina, representación indígena y creciente presencia electoral. Ambos expresaban una transformación más profunda: la composición social del país estaba cambiando y con ella también las formas de representación política.
La Guerra del Gas de octubre de 2003 mostró con claridad esa transición. La movilización que derrotó al gobierno de Sánchez de Lozada no fue una insurrección exclusivamente obrera. Participaron vecinos urbanos, campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas, comerciantes y sectores medios. La COB desempeñó un papel importante y la marcha obrera hacia La Paz acompañó los últimos días del gobierno. Sin embargo, la conducción política ya no pertenecía exclusivamente al sindicalismo minero.
Como anticipó René Zavaleta Mercado, Bolivia volvía a expresar su carácter abigarrado. La rebelión fue el resultado de una convergencia excepcional de actores diversos, unidos por objetivos comunes, pero portadores de proyectos políticos distintos. Aquella convergencia contenía ya la disputa por la hegemonía que marcaría las dos décadas siguientes.
La renuncia de Sánchez de Lozada y la posterior elección de Evo Morales resolvieron esa disputa a favor del proyecto indígena-originario-campesino. Desde 2006, el centro de gravedad de la política popular se desplazó hacia el Pacto de Unidad y las organizaciones campesinas, indígenas e interculturales. La COB conservó prestigio histórico y capacidad de movilización, pero dejó de ser el eje articulador del bloque popular.
Sin embargo, el triunfo de este proyecto contenía una paradoja. La narrativa que permitió comprender la Bolivia rural, campesina e indígena excluida fue extraordinariamente eficaz para derrotar al viejo orden neoliberal. Pero esa Bolivia, mayoritariamente campesina e indígena, terminó transformándose en una sociedad más mercantilizada, más urbana y más desigual.
Durante las últimas dos décadas Bolivia se urbanizó aceleradamente. Hoy cerca del 80 por ciento de la población vive en ciudades. Millones de personas migraron desde comunidades rurales hacia centros urbanos y periurbanos. El Alto, Plan 3000 en Santa Cruz, los barrios populares de Cochabamba, La Paz, Montero, Warnes o Sacaba expresan una nueva realidad social que ya no puede ser comprendida únicamente desde las categorías tradicionales del campo y la ciudad.
Los hijos y nietos de campesinos son hoy comerciantes, transportistas, pequeños empresarios, profesionales de primera generación, trabajadores por cuenta propia y en su mayoría asalariados precarios. Muchos mantienen vínculos con sus comunidades de origen y continúan participando de formas de organización colectiva, pero su vida cotidiana transcurre en mercados, ferias, talleres, universidades y barrios urbanos.
A esta transformación se sumó otro elemento decisivo: la expansión del empleo público como mecanismo de integración social y política. Durante el ciclo de altos ingresos fiscales, el Estado se convirtió en un empleador central y en un canal de movilidad social para amplios sectores de la población. El empleo público pasó de aproximadamente 250 mil personas en 2006 a cerca de 600 mil en 2025. Sin embargo, apenas unos 35 mil empleos están vinculados a empresas públicas productivas, mientras que la inmensa mayoría corresponde a funciones administrativas. Aunque representa alrededor del 10 por ciento de la población económicamente activa, su influencia política y simbólica ha sido mucho mayor, al constituirse en un referente de estabilidad en una economía caracterizada por la informalidad y la precariedad laboral.
El resultado es un sujeto social mucho más complejo que las categorías heredadas del pasado. La vieja clase obrera industrial dejó de ocupar el lugar central que tuvo durante gran parte del siglo XX. Pero tampoco el campesinado constituye hoy el núcleo predominante de la sociedad boliviana. En su lugar emergió una vasta mayoría popular urbana caracterizada por la informalidad económica, la pluriactividad y la combinación permanente de diversas fuentes de ingreso.
Esa nueva sociedad también ha producido figuras sociales que los relatos tradicionales apenas alcanzan a describir. En un extremo aparece el q`amiri urbano: migrante o hijo de migrantes de origen campesino que logró acumular capital, convertirse en comerciante próspero, transportista o gran propietario urbano.
En el otro extremo se encuentra la mayoría de migrantes urbanos que no alcanzó esa movilidad ascendente y que sobrevive en ocupaciones precarias, temporales o informales. Para muchos jóvenes de estos sectores, su aspiración es acceder a cualquier actividad que ofrezca ingresos inmediatos, incluso trabajos de reparto o plataformas digitales.
En este escenario emerge además una generación de jóvenes con mayores niveles de educación formal que sus padres, pero enfrentada a mercados laborales de baja calidad, salarios insuficientes e inestabilidad permanente. Para muchos de ellos, la promesa de movilidad social asociada a la educación no se ha cumplido. Esa frustración alimenta crecientes demandas hacia el Estado, especialmente en torno al empleo y las oportunidades económicas. Al mismo tiempo, sus trayectorias urbanas y educativas no encajan plenamente en las identidades políticas que estructuraron el ciclo anterior. No se trata necesariamente de una exclusión étnica, sino de una creciente distancia entre las narrativas políticas vigentes y las experiencias reales de una nueva generación.
Quizás por eso la reaparición de Jaime Solares resulta tan significativa. Su retorno no expresa solamente la persistencia de un dirigente sindical. Representa el intento de recuperar una centralidad histórica perdida. Como si una parte del sindicalismo minero continuara considerando inconclusa la disputa que perdió frente al liderazgo campesino-cocalero que terminó moldeando la Bolivia del siglo XXI.
Pero al mismo tiempo, la propia reaparición de Solares pone en evidencia una paradoja mayor. La discusión ya no parece desarrollarse entre obreros y campesinos. Ambos proyectos fueron concebidos para una sociedad que ha cambiado profundamente. La Bolivia minera que imaginaba la vanguardia obrera desapareció hace décadas. Y la Bolivia predominantemente rural sobre la que se construyó la narrativa indígena-originario-campesina también fue transformada por la urbanización, las migraciones internas y la expansión de las economías populares.
Esa desconexión se vuelve más evidente en el presente. Las movilizaciones recientes muestran una sociedad activa pero fragmentada, donde distintos sectores presionan al Estado sin articular un horizonte común. Al mismo tiempo, déficits fiscales superiores al 10 por ciento desde 2019 tensionan los márgenes de un modelo que durante años se apoyó en la expansión del gasto público y del empleo estatal como mecanismo de cohesión social. El gobierno oscila entre la negociación y la reacción, sin lograr construir un proyecto capaz de ordenar esas demandas ni de ofrecer una nueva visión de país.
La pregunta central de nuestro tiempo quizás ya no sea quién conduce al pueblo, sino quién es hoy el pueblo.
Como escribió Antonio Gramsci, las crisis históricas aparecen cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Bolivia parece instalada en ese intermedio. Pero el verdadero problema no es el retorno de figuras del pasado, sino la incapacidad de la política para reconocer plenamente a la nueva sociedad que emergió durante las últimas décadas y la consecuente ausencia de propuestas estructurales para resolver las necesidades del país.
Javier Gómez es economista
