En noviembre de 2015, mientras defendía la continuidad de Evo Morales en el poder más allá de 2019, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que, si Evo se iba, habría llanto, “el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza”. La frase pretendía presentar la permanencia del líder como garantía del orden social y de la continuidad histórica del proceso de cambio. Vista desde el presente, sin embargo, admite una lectura distinta: quizá la oscuridad no provenía de la posible ausencia de Evo Morales, sino del debilitamiento institucional que se acumulaba mientras se aseguraba que solamente su permanencia podía evitarla.
Durante casi catorce años, la estabilidad política, el crecimiento económico y la legitimidad popular del gobierno permitieron construir una poderosa estructura estatal. Pero esa ampliación del Estado no siempre significó una mayor institucionalización. La concentración de decisiones, la subordinación de organismos públicos al proyecto político, el debilitamiento de los contrapesos, la confusión entre partido, gobierno y organizaciones sociales, y el desplazamiento de la meritocracia por la lealtad fueron erosionando la capacidad profesional y autónoma de las instituciones. Existía más Estado, pero no necesariamente mejores instituciones.
La personalización del poder produjo además una peligrosa identificación entre la continuidad del país y la continuidad de sus gobernantes. Cuando un líder se presenta como condición para que el sol salga, las instituciones dejan de ser entendidas como construcciones colectivas capaces de sobrevivir a las personas y a los partidos. La advertencia de García Linera expresaba involuntariamente esta fragilidad: si la salida de un presidente podía precipitar la oscuridad, era porque no se habían construido instituciones suficientemente fuertes para garantizar la continuidad democrática, administrar los conflictos y proteger a la población con independencia de quien ocupara el gobierno.
La crisis de 2019 reveló esa debilidad. La ruptura del orden político encontró instituciones electorales cuestionadas, órganos de justicia sin credibilidad, fuerzas de seguridad sin capacidad democrática para gestionar el conflicto y organizaciones sociales tensionadas entre su autonomía, su adhesión al proceso y su subordinación partidaria. Los días de violencia y Senkata como el centro, mostraron el desenlace más trágico de esa acumulación: frente a la ruptura de las mediaciones políticas y el caos, el Estado respondió a una parte de la población alteña mediante la fuerza.
Pero la caída institucional no concluyó con la salida de Evo Morales. Los gobiernos posteriores no lograron reconstruir la independencia, la profesionalidad y la legitimidad de las instituciones. En varios ámbitos, la fragmentación, la improvisación, la disputa por los cargos, la persecución política y la utilización instrumental de la justicia profundizaron el deterioro. Las instituciones debilitadas durante un largo proceso de concentración del poder quedaron después expuestas a gobiernos con menor legitimidad, menor cohesión y escasa capacidad para reconstruirlas.
Es en esa continuidad histórica donde deben situarse las tragedias de El Alto y su entorno. El accidente aéreo, la explosión en el regimiento, los incendios en dependencias públicas, la ausencia policial, las muertes de Senkata, los feminicidios y la desprotección de mujeres, niñas y niños no tienen una misma causa inmediata. Cada hecho exige una investigación específica y la determinación concreta de responsabilidades. Sin embargo, todos ocurren dentro de un Estado cuyas capacidades de regulación, prevención, coordinación, protección y rendición de cuentas fueron debilitándose durante décadas.
La tragedia se vuelve entonces una forma brutal de revelación institucional. Muestra lo que la propaganda, los discursos y la rutina administrativa consiguen ocultar: autoridades que no controlan, protocolos que no se aplican, cargos sin competencia suficiente, entidades que se transfieren responsabilidades y sistemas de protección que reaccionan cuando el daño ya es irreversible.
Tal vez el sol no se ocultó porque Evo Morales dejó el poder. Tal vez comenzó a ocultarse mucho antes, detrás de instituciones subordinadas, controles debilitados y responsabilidades diluidas. Su salida no creó por sí sola la debacle, pero dejó al descubierto su profundidad. Y los años posteriores, lejos de revertirla, han producido nuevas y más dramáticas sorpresas.
El Alto vuelve visible esta historia nacional. No es la ciudad que genera el derrumbe institucional, sino el territorio donde sus consecuencias recaen con mayor dureza. Por eso, la sucesión de tragedias no puede interpretarse como una fatalidad geográfica ni como una característica cultural de su población. Es la expresión territorial de un Estado que no protege a todos con la misma eficacia y que, cuando falla, descarga los mayores costos sobre los sectores populares, indígenas, trabajadores, mujeres y niños.
La tarea pendiente no consiste en esperar el retorno de un líder capaz de hacer salir nuevamente el sol. Consiste en reconstruir instituciones que no dependan de ningún caudillo para funcionar: profesionales, meritocráticas, transparentes, coordinadas y sometidas a control democrático. Instituciones que prevengan antes que lamentar, que protejan antes que reparar y que reconozcan el mismo valor a la vida de todas las personas.
Solo entonces las tragedias dejarán de ser administradas como accidentes inevitables. Y solo entonces El Alto dejará de pagar, con la vida de sus habitantes, el costo más alto de la debilidad institucional de Bolivia.
Javier Gómez es economista
