La inflación boliviana también está vinculada a restricciones de divisas, encarecimiento de importaciones e insumos, problemas de abastecimiento y transporte y una recomposición de precios relativos.
Bolivia, sin duda, necesita reducir la inflación, ya que una inflación elevada deteriora los ingresos, castiga especialmente a los hogares de menores recursos, desalienta el ahorro y dificulta la inversión. La discusión necesaria es otra: cuánto tiempo puede mantenerse una política monetaria fuertemente restrictiva cuando sus efectos sobre el crédito, la inversión y la producción profundizan la recesión y comprometen la recuperación.
El Banco Central de Bolivia ha optado en 2026 por una orientación contractiva: absorber liquidez, elevar el costo del dinero y utilizar el encaje y sus instrumentos monetarios para moderar la demanda. Durante años se acumularon desequilibrios fiscales acompañados por expansión monetaria y corregirlos era inevitable. Pero reconocer esa necesidad no significa concluir que toda la inflación actual provenga de exceso de demanda ni que una contracción cada vez mayor sea siempre la respuesta adecuada.
La inflación boliviana también está vinculada a restricciones de divisas, encarecimiento de importaciones e insumos, problemas de abastecimiento y transporte y una recomposición de precios relativos. Conviven componentes monetarios con restricciones de oferta. Tasas más altas y menor liquidez pueden moderar la demanda, pero tienen mucha menor capacidad para resolver los problemas que encarecen o restringen la producción. Allí aparece la paradoja: la medicina antiinflacionaria puede estar actuando con mayor rapidez sobre la actividad económica que sobre algunas de las causas que mantienen elevados los precios.
La situación se vuelve más compleja por una particularidad del modelo boliviano. El Banco Central puede elevar las tasas de sus instrumentos, absorber liquidez e incrementar el encaje. Las entidades financieras enfrentan mayores costos para captar recursos y deben competir por los depósitos ofreciendo mejores rendimientos. Sin embargo, una parte importante de las tasas activas continúa administrativamente limitada. Se produce así una transmisión monetaria incompleta y asimétrica: sube el costo del dinero para quien presta, pero no puede subir proporcionalmente el precio del dinero que presta.
Ese costo no desaparece. Si aumentan el fondeo, las exigencias de liquidez, el riesgo crediticio y las previsiones, mientras el precio de una parte de la cartera permanece limitado, la diferencia termina trasladándose al margen, a las utilidades, al capital o a la cantidad de crédito. Cuando prestar a determinados sectores deja de compensar fondeo, riesgo y costos, una entidad puede prestar menos, reducir plazos, seleccionar clientes de menor riesgo o desplazar recursos hacia otros activos.
A ello se agrega un efecto menos visible. Cuando aumenta el rendimiento de instrumentos financieros y operaciones de corto plazo, mientras el crédito mantiene tasas reguladas y mayores costos y riesgos, cambia el incentivo para asignar la liquidez. Para algunas entidades puede resultar más atractivo colocar recursos en títulos, tesorería, operaciones cambiarias u otras alternativas financieras que transformarlos en crédito productivo. No se trata necesariamente de una conducta especulativa, sino de una respuesta racional a precios relativos que la propia política económica contribuye a modificar. Parte de la liquidez puede permanecer así en el circuito financiero en lugar de convertirse en inversión, producción y capital de trabajo.
Pero que disminuya la oferta de crédito formal no significa que desaparezca la necesidad de financiamiento. El pequeño comerciante que debe reponer inventarios, el productor que necesita comprar insumos o una familia que enfrenta una emergencia continúan demandando recursos. Si el sistema financiero restringe el crédito, parte de esa demanda puede desplazarse hacia prestamistas y mecanismos informales, donde las tasas son mucho mayores, los plazos más cortos y prácticamente inexistentes la transparencia y la protección al prestatario.
Aparece aquí otra contradicción. Una política concebida para proteger al usuario mediante tasas reguladas puede terminar excluyendo del crédito formal precisamente a los clientes de mayor riesgo y empujándolos hacia mercados donde el dinero cuesta mucho más. No basta con regular cuánto puede cobrar una entidad por un crédito; es igualmente importante que ese crédito exista. Una tasa formal baja sirve de poco a quien no logra acceder al financiamiento.
Surge entonces una paradoja mayor: una política destinada a combatir la inflación puede debilitar parte de la oferta necesaria para reducirla sosteniblemente y, simultáneamente, desplazar financiamiento desde el mercado formal hacia circuitos informales más costosos. La contracción monetaria modera la demanda presente, pero si restringe el crédito productivo puede reducir la inversión que debería ampliar la producción futura.
Esto no significa abandonar la lucha contra la inflación ni regresar a una expansión financiada mediante emisión. Sería repetir los desequilibrios que contribuyeron al problema. La cuestión es la intensidad, la duración y, sobre todo, la combinación de instrumentos.
El Fondo Monetario Internacional ha recomendado para Bolivia disciplina monetaria, mayor flexibilidad cambiaria y eliminar el financiamiento monetario del déficit, pero también levantar los topes a las tasas activas para permitir una transmisión más completa de la política monetaria. La contradicción aparece con claridad: se avanza en la parte restrictiva del ajuste sin completar la reforma del mecanismo mediante el cual ese ajuste debería transmitirse al mercado financiero.
La apertura de las tasas activas tampoco debería entenderse como una liberalización inmediata y sin límites. Bolivia tiene una larga experiencia de inclusión financiera que debe preservarse, particularmente en microcrédito, vivienda social y financiamiento productivo. Una transición razonable tendría que ser gradual, con competencia, transparencia y protección al consumidor. Si el Estado considera estratégico que determinados sectores reciban crédito por debajo de su precio económico, puede hacerlo mediante garantías, fondos de segundo piso, coberturas de riesgo o subsidios focalizados, haciendo explícito quién asume el costo.
Lo difícil de sostener es un subsidio implícito en el cual el intermediario absorba indefinidamente la diferencia entre el costo creciente del dinero y una tasa activa contenida. Ese costo reaparece como menor rentabilidad, menor capitalización, desplazamiento hacia otros activos o menor crédito. Y cuando se presta menos, el costo tampoco desaparece para el prestatario: puede reaparecer multiplicado en el mercado informal.
Bolivia necesita bajar la inflación, pero necesita también volver a producir, invertir, consumir y prestar. No se trata de escoger entre estabilidad y crecimiento. Tampoco entre tasas bajas e inclusión financiera. La verdadera inclusión consiste en que hogares y empresas puedan acceder sosteniblemente a financiamiento formal, competitivo y protegido.
Una estabilización que no reconstruya las condiciones para crecer será frágil. El desafío consiste en reconocer cuándo una política diseñada para estabilizar comienza a convertirse en un obstáculo para la recuperación. La inflación debe bajar, pero la economía también tiene que volver a moverse.
Javier Gómez Aguilar es economista.
