De manera sorpresiva, dado que no era un tema de interés ni de medios ni ciudadanos, se ha conocido en recientes días la aprobación de un proyecto de ley sobre acceso a la información. Las asociaciones de prensa manifestaron su desacuerdo, señalando el riesgo que representará para los periodistas —de terminar promulgado dicho texto normativo— el trámite administrativo para conseguir información pública. Observaron también que existe otro proyecto similar aprobado en la anterior legislatura, el cual contaría con la aquiescencia de gremios periodísticos y grupos de la sociedad civil.
De acuerdo a la página web de la Cámara de Senadores, dichos proyectos son: 1) PL-160/2023-2024 “De acceso a la información y documentación pública” y 2) PL-066/2025-2026 “Acceso a la información”. El primero tiene un mayor desarrollo de los tipos de información, las excepciones y las obligaciones de las entidades públicas. Mientras que el segundo, dada su concisión —tiene 20 artículos menos—, no; sin embargo, se advierte en ciertos párrafos una restricción indirecta, disimulada a la libertad de acceso a la información.
Para el caso de los periodistas, no sé qué es peor: exigir fotocopia de cédula de identidad (¿no que Paz prometió eliminar éste fastidioso requisito?), lo que imposibilitaría investigaciones periodísticas encubiertas, o hacernos responsables por las posibles afectaciones a terceros que la información obtenida pudiese generar.
Aun esas manifiestas vulneraciones a la libertad de prensa y la promoción de una autocensura, considero que éstos puntos no son el meollo de la cuestión. Pues, una ley de acceso a la información no garantiza ni una mayor transparencia en la administración pública ni un ejercicio periodístico seguro, responsable y de calidad.
James Madison dijo en su tiempo una frase profundamente cierta: “un gobierno democrático sin prestar información a la población o sin disponer de los medios para adquirirla es un prólogo de una farsa o de una tragedia o entonces ambas las cosas”. La democracia necesita de transparencia tanto de sus instituciones como de quienes trabajan en éstas. Así, un gobierno democrático no sólo debe decir que trabaja cumpliendo sus atribuciones, respetando la ley y buscando reducir la corrupción en la administración pública, debe demostrarlo con hechos y decisiones concretas.
La transparencia y el derecho a la libertad de información son complementarios. En la medida que éste sea garantizado en su ejercicio y aplicación, la transparencia puede también materializarse. Por ello, considero que más que un acceso, lo que debería exigirse a un gobierno es un registro minucioso y completo de todas sus acciones, y una apertura a todo soporte de almacenamiento (documentos, imágenes, grabaciones, etc.) de éstas. Un “acceso” implica “permiso”, mientras que una “apertura” connota una obligación. Todo gobierno debe estar obligado a transparentar todas sus decisiones, sin restricciones más que las necesarias para la seguridad nacional (externa e interna), la soberanía del Estado y los derechos individuales y colectivos reconocidos en nuestra Constitución.
En mérito a lo anterior, la administración pública (en todos sus niveles) no debería poner trabas burocráticas y hasta atentatorias de garantías judiciales y libertades; menos aún debería ser la encargada de conceder o aprobar las solicitudes de información, menos aún de resolver sus denuncias o rechazos. Al respecto, los dos proyectos de ley indicados líneas supra incurren en esta contradicción que para nada garantiza un verdadero “acceso” a la información pública.
El proyecto recientemente aprobado encarga dichas tareas a las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Mientras que el anterior lo dirige a la Defensoría del Pueblo. Ninguno de estos entes ha sido —ni son— precisamente paladines de la transparencia o neutralidad. Entonces, ¿podemos esperar, independientemente del proyecto que termine siendo promulgado, que el (mal llamado) acceso sea efectivo? Conviene, pues, encargar tales funciones a entes externos al Estado. Sobre esto, no he encontrado observaciones ni de las asociaciones de periodistas ni de ciudadanos.
Existe otro mutismo que esconde una falacia de larga data: la verdad. Una ley no garantiza que la información que se obtenga muestre la verdad de cada acto de los gobiernos y demás entes públicos. A lo mucho podrá servir como una pista que, con suerte, podrá conducirnos a la averiguación de ésa verdad cofrade de la transparencia. Por lo mismo, el trabajo periodístico no puede depender, mucho menos confiar, en la información otorgada por la administración pública como fuentes fiables y únicas.
La información pública ha sido un obstáculo recurrente para la transparencia y buena gobernanza en todos los países del mundo. Los gobiernos, aún después de la consolidación de las democracias liberales, siempre se han creído inmunes al control y a la crítica ciudadana. De ahí que, durante muchísimos años, el periodismo fue el único vigilante del poder político. Sin tener acceso a la información pública, los periodistas fueron capaces de elaborar verdaderos trabajos periodísticos, muchos de los cuales marcaron un antes y un después de gobiernos y regímenes democráticos y no democráticos.
Esa labor fiscalizadora y generadora tanto de agenda como de opinión pública fue desdibujándose año tras año, en todas las latitudes y en todas las sociedades. El periodismo serio, de investigación, de denuncia (muckracking) se transformó en un periodismo panfletario de un grupo político y, recientemente, en un repetidor de contenidos virales de redes sociales.
Así pues, un buen periodismo no depende tanto del acceso (o no) a la información pública, sino del tratamiento que se le dé. Es un error concebir al periodismo como una simple actividad de difusión informativa. Para recuperar su esencia —ser trascendente y coadyuvar en la estabilidad democrática— el periodismo debe ser responsable en el tratamiento de la información que obtiene: describir, analizar, verificar y contrastar fuentes diversas y, sobre todo, desconfiar de la información oficial.
Es evidente que, tras el comienzo de la era digital, el periodismo ha tenido que soportar diversas tempestades para subsistir, recurrió así a dos mecanismos: el involucramiento y la captación de audiencias. Si bien no son nuevos en la labor periodística, el contexto digital modificó su concepción y aplicabilidad.
La integración de audiencias ha generado rupturas en la ética periodística. Dejando de lado la responsabilidad, la seriedad y el compromiso democrático, los medios han sucumbido a lo banal, al show. Ya no son espacios de construcción de la agenda pública, de formación de opinión ciudadana, de interpelación al poder. Muchos periodistas y medios olvidaron que involucrar a la audiencia significa entenderla y darle lo que necesita, no lo que quiere. Comunicar e informar no son sinónimos de entretener; se comunica e informa para guiar.
El hecho de que el periodismo se dedique más a satisfacer a sus lectores, oyentes o televidentes resulta contraproducente a la calidad periodística. Ante la velocidad impuesta por las redes sociales, la profundidad de una nota o reportaje periodístico queda relegada, e incluso termina siendo prescindible para ser adaptado a una cantidad de caracteres específica o a la duración de un reel.
Por otro lado, la proliferación de pseudomedios digitales que o bien copian contenidos publicados por medios digitales formales —sin darles el crédito respectivo—, o publican notas de dudosa credibilidad y sin fuentes. Lamentablemente, son estos pseudomedios los que abundan en redes sociales y son de preferencia de muchos usuarios. ¿El resultado? Peligrosa desinformación producto de sobreinformación y/o malinformación.
Ante ésas evidentes infracciones a las normas éticas y de tratamiento periodístico, ¿qué hacen las asociaciones de prensa? ¿Hacen un seguimiento a sus afiliados? ¿Verifican la calidad del trabajo periodístico? ¿Qué medidas están tomando frente a esos pseudomedios digitales?
A pesar de que nuestra sociedad padece de enfermedades políticas crónicas, todavía existen ciudadanos que intentan comprender lo que ocurre, que tienen interés sincero por la res publica, que comprenden que uno de sus principales deberes es ser crítico ante el poder político de turno. Los medios y periodistas debemos procurar ofrecer a éstos ciudadanos un periodismo de calidad, empezando por reforzar tanto la crítica como la capacidad de reacción sobre todo lo relacionado a la labor periodística.
Con todo lo hasta aquí vertido, no pretendo ni posicionarme en contra de una ley de acceso a la información ni discrepar con las observaciones realizadas por las asociaciones de periodistas. Creo que un sistema democrático necesita de insumos legales que expliciten las conductas de cada uno de sus actores e instituciones. Creo también que la labor periodística no puede ser limitada ni ser expuesta a peligros inminentes; al contrario, el Estado debe dar todas las condiciones de seguridad y ejercicio que sus atribuciones le permiten. Sin embargo, creo pertinente que tanto las asociaciones de periodistas, los mismos periodistas y los ciudadanos debemos abordar los temas de apertura de información pública, libertad de información y periodismo con mayor profundidad. He aquí el motivo del presente artículo.
América Yujra Chambi es abogada.
