Inequívocamente, el gobierno es uno de los elementos centrales de todo Estado; sin él sería casi imposible la materialización del contrato social que permite la existencia de las sociedades.
La acción y el efecto de gobernar se sostiene en dos pilares fundamentales: la gobernanza y la gobernabilidad, ambos recubiertos de legalidad, institucionalidad y legitimidad. La gobernanza entendida como un proceso interrelacional entre el gobierno, el sector privado, las organizaciones civiles/ciudadanas. Se mide por: participación, cocreación de políticas, transparencia, rendición de cuentas, información pública. La gobernabilidad es la capacidad de responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía, y de garantizar el ejercicio de derechos, de manera eficaz y legítima. Su éxito depende de la estabilidad institucional y política, además de la vigencia del ordenamiento jurídico.
Toda ésa conjunción de gobierno es susceptible de riesgos, a razón de los siguientes factores: a) incapacidad de dar estabilidad, seguridad y satisfacción de demandas sociales; b) pérdida de adhesión o reconocimiento popular; c) imposibilidad de conseguir apoyos político-partidarios; d) incumplimiento de promesas electorales; e) incapacidad de reacción gubernamental ante climas hostiles o de conflicto; f) deficiente manejo económico y fiscal; g) corrupción sistemática; h) ausencia estatal interna; i) conflictividad social.
Aunque el voto encumbra a un candidato y a un partido al poder, no es suficiente para el desenvolvimiento eficiente de éste último. Para gobernar, por tanto, no basta el apoyo ni la popularidad del presidente. Un gobierno no se sostiene sólo por aclamación popular, sino por el grado de gobernanza y gobernabilidad que un gobernante y su gobierno sean capaces de construir.
¿Cómo edificar ése buen gobierno y levantar sus pilares principales? A través de pactos civiles, sociales y, principalmente, políticos-partidarios. Las primeras dos décadas de vida de la democracia formal boliviana fueron testigos del ejercicio pragmático y estratégico de los pactos. Veamos los más trascendentales.
Pacto por la Democracia (octubre de 1985 a 1989)
El gobierno de Hernán Siles Zuazo dejó una hiperinflación que generó un colapso económico nunca antes visto hasta entonces. Las esperanzas de revertir semejante catástrofe pasaron por dos escenarios: la celebración de las elecciones de julio de 1985 y la toma de medidas impopulares para salvar a la economía boliviana del ahogo definitivo.
En las elecciones de aquel julio, dos fuerzas consiguieron los apoyos minoritarios más altos: ADN, 32.8% y (con Hugo Bánzer) y MNR, 30.4% (con Víctor Paz Estenssoro). Sin candidatos con mayorías absolutas, el parlamento, tras varias alianzas casi al apuro, terminó eligiendo a Paz Estenssoro como presidente.
El segundo escenario del pacto se concretó con el apoyo de Banzer y su bancada parlamentaria a las medidas de estabilización económica impulsadas por el gobierno de Paz Estenssoro, principalmente el Decreto Supremo 21060.
Paz Estenssoro, consciente de sus debilidades político-partidarias dentro del parlamento, sabía que, para sostener sus decisiones, debía pactar con sus opositores. Banzer, por su parte, entendía que la crisis galopante le demandaba un rol de contribución y no de oposición férrea. Así pues, para frenar los diversos factores de riesgo que impregnaban aquella caótica coyuntura socioeconómica, el Pacto por la Democracia se concretó en octubre de 1985, en una muestra de pragmatismo y alta madurez de la clase política de entonces.
Entre otro de los aspectos destacables de dicho acuerdo está su alcance. De hecho, la coalición MNR-ADN fue exclusivamente parlamentaria (la Cámara de Diputados quedó a cargo del MNR; la de Senadores, a ADN), sin incidencia en el Ejecutivo. Dicho de otra manera, no existió una repartija de ministerios o viceministerios entre emenerristas y adenistas. Tras la estabilización inflacionaria, la aprobación de leyes tributarias importantes, el Pacto comenzó a fenecer en 1988 para terminar definitivamente en las elecciones presidenciales de 1989.
Acuerdo Patriótico (1989-1993)
La fragmentación política-partidaria post UDP se profundizó para las elecciones de 1989, cuyo resultado evidenció una ausencia de mayorías suficientes y el “triple empate” entre tres candidatos presidenciales: Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 25.6%), Hugo Banzer Suárez (ADN, 25.2%) y Jaime Paz Zamora (MIR, 21.8%).
En agosto de 1989, con el objetivo de bloquear al MNR, MIR y ADN cruzaron el “río de sangre” que los separó durante años y concretaron un cogobierno. A diferencia del Pacto de 1985, se hizo un reparto del Ejecutivo: la presidencia quedó a cargo de Jaime Paz y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria); la vicepresidencia, a ADN (Acción Democrática Nacionalista) con Luis Ossio Sanjinés; los ministerios quedaron repartidos en forma paritaria.
Pese al sorpresivo viraje ideológico del MIR, el Acuerdo Patriótico posibilitó gobernabilidad al gobierno de Paz Zamora y, con el mantenimiento de políticas económicas de libre mercado y reformas fiscales, un crecimiento económico casi sostenido. Entre otros logros de gobernanza y gobernabilidad pueden contarse la aprobación de leyes importantes como de privatización, hidrocarburos, inversiones, la SAFCO; también los nombramientos para la entonces Corte Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General.
Si bien la colación MIR-ADN pretendió sostenerse con una alianza electoral a favor de Banzer para las elecciones presidenciales de 1993, el desgaste político y la imagen negativa que fueron formándose principalmente con los “narcovínculos” terminaron con el Acuerdo Patriótico que quedó derrotado ante la buena victoria de Gonzalo Sánchez de Lozada y del MNR (35.6% vs. 21%).
Alianza para el “Plan de todos” (1993-1997)
Hecho presidente, Sánchez de Lozada necesitó asegurar un apoyo parlamentario para que su plan de gobierno —basado en capitalización, participación popular y reforma educativa— tuviera luz verde. Generó entonces una alianza tripartita con MBL (Movimiento Bolivia Libre) y UCS (Unidad Cívica Solidaridad). Gracias a esta alianza pudo viabilizar la capitalización de varias empresas públicas, la municipalización del Estado, la transformación educativa, medidas de apoyo económico (bonosol, por ejemplo). También la aprobación de leyes minera, forestal, del Banco Central, incluida una de las últimas reformas a la Constitución anterior a la masista del 2009.
La “megacoalición” (1997-2002)
Aunque ganó la elección, el porcentaje más bajo de la historia (22.26%) no le otorgaba una mayoría parlamentaria ideal para tener gobernabilidad. Entonces, Hugo Banzer logró un pacto político con MIR, UCS, NFR (Nueva Fuerza Republicana) y CONDEPA (Conciencia de Patria).
Más que una alianza fue un cuoteo del Ejecutivo. Ése menjunje de intereses, junto a disputas por el control de espacios de poder y la incubación de descontento social producto de las medidas neoliberales precedentes terminaron por desgastar y romper el “megacuoteo”. CONDEPA fue el primero en abandonarlo; los demás aliados se mantuvieron casi hasta el final de la presidencia de Tuto Quiroga (vicepresidente que asumió el poder tras la renuncia de Banzer en 2001.
El breve acuerdo MNR-MIR (2002-2003)
Gonzalo Sánchez de Lozada entró a su segundo mandato como un presidente débil, no sólo porque repitió el patrón de caudal electoral de los pasados años post consolidación de la democracia boliviana, sino también porque tejió una alianza político-partidaria muy endeble, cargada de viejos rencores, principalmente con su consabido enemigo Jaime Paz Zamora. Las crisis socioeconómicas y de representatividad política le quitaron cualquier tipo de posibilidad a una alianza partidaria que sólo tenía el prebendalismo como objetivo central. Lo único a destacar de ésta corta alianza es que en los actores políticos de entonces aún quedaba algo de conciencia política para construir gobernabilidad y gobernanza.
Ésas marcadas debilidades junto con la anodina incorporación de NFR y la salida progresiva del MIR mediante facciones focalizadas cerraron la etapa de la denominada “democracia pactada”, iniciada en 1985.
Más allá de las críticas, los aciertos, los errores y otros aspectos sucedáneos sobre los pactos mencionados, conviene destacar que en todos ellos incidió la conciencia política y la responsabilidad de gobierno. Esto llevó a que los actores políticos de aquellos años pudieran tejer pactos lo suficientemente fuertes para adoptar decisiones importantes y reducir —o evitar— significativamente los riesgos de gobernabilidad y gobernanza para afrontar mejor los conflictos existentes en aquellos años.
Cuando nacen de la madurez y sensatez políticas personales, los pactos y/o coaliciones se convierten en mecanismos pragmáticos e institucionales para propiciar los cambios estructurales que las crisis —económicas, políticas, sociales— profundas demandan.
Rodrigo Paz y su gobierno desconocen los pilares de gobernabilidad y gobernanza, y miran con marcado desinterés los factores de riesgo que van adquiriendo mayor virulencia día tras día. En nueve meses de gestión no han sido capaces de conformar un pacto político-partidario relativamente sólido. Pruebas de ello son la parálisis institucional y de acción del oficialismo ante los conflictos sociales y las demandas más apremiantes, y el distanciamiento de su “aliado”, quien también carece de madurez y sensatez políticas.
Samuel Doria Medina y algunos miembros de su partido señalan que su salida del gobierno de Paz se debe a la inacción frente a la corrupción y la demora en la toma de decisiones. Las actitudes de estos actores políticos muestran otra cosa: no quieren asumir su incapacidad de gestión. Las actuales crisis que millones de bolivianos vamos enfrentando no sólo necesitan de respuestas prontas, sino también de acciones concretas y técnicas, principalmente en el ámbito económico (reducción del gasto público, frenar el déficit fiscal, reducción de la inflación, etc.). Curiosamente, las carteras ejecutivas idóneas a éste tema han estado —y continúan— a cargo de hombres vinculados al partido de Doria Medina (Gabriel Espinoza, ministro de Economía, y José Luis Lupo, ministro de la Presidencia). Así las cosas, considero que Doria Medina pretende ocultar la responsabilidad de los ministros mencionados y, por ende, la suya propia.
Con todo, es evidente que la construcción de pactos políticos sólidos posibilita un gobierno eficiente. Gobernar, por tanto, requiere de la construcción de consensos, pactos o coaliciones para que el Ejecutivo adquiera la legitimidad operativa necesaria para afrontar escenarios caóticos y de incertidumbre. Esto no significa revivir viejas coaliciones oportunistas o de cuoteos burdos.
En Estados fragmentados y con polarizaciones negativas en auge, tienen éxitos aquellos gobernantes y gobiernos con destreza para concertar, pactar y sostener compromisos. De lo contrario, no sólo merma la confianza ciudadana en las instituciones y el sistema político, también se menoscaba la estabilidad democrática.
Tras nueve meses y, aparentemente, sin su único aliado político, Rodrigo Paz se posiciona en un momento medular, que parece querer afrontarlo sumido en un inmovilismo patético tanto en lo social como en lo económico, lo que propicia un agravamiento peligroso de los factores de riesgo enunciados líneas supra. Paz no sólo necesita concretar un pacto político amplio (que incluya a la mayor cantidad de actores y partidos posible), está obligado a hacerlo si quiere seguir en el poder durante los próximos 51 meses. Por su parte, los “opositores” también están obligados a dejar sus mezquindades y actuar con responsabilidad y madurez política. ¿Actuarán en consecuencia o seguirán generando su propio desgobierno? El tiempo nos revelará la respuesta.
América Yujra Chambi
