El cambio climático ha dejado de ser una advertencia a futuro para convertirse en una realidad estructural que pone a prueba la estabilidad económica, la seguridad alimentaria y la cohesión social de todos los Estados. Entre la recurrencia atroz de eventos meteorológicos extremos como el fenómeno de El Niño y las decisiones de las Conferencias de las Partes (COP)[1], nuestro país se halla en una encrucijada crítica: continuar atrapado en la gestión imprevista de las diversas coyunturas político/sociales o construir una agenda climática seria, prospectiva y respaldada por financiamiento internacional.
El Super Niño – ¿Qué escenarios podría esperar Bolivia?
- Occidente (Altiplano y Cordillera): Las sequías prolongadas y el déficit hídrico acelerarán el retroceso de los glaciares andinos. Esto amenazará la provisión de agua potable para La Paz y El Alto, al tiempo que mermará la producción agropecuaria en Oruro y Potosí.
- Valles (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija): El retraso sistemático en la época de lluvias reducirá drásticamente los rendimientos de la agricultura tradicional.
- Oriente (Santa Cruz, Beni y Pando): Las precipitaciones muy superiores a los promedios normales provocarán inundaciones masivas, afectando la infraestructura regional y la logística de distribución de alimentos. Asimismo, la humedad favorecerá plagas agrícolas, proyectándose pérdidas de aproximadamente 1.000 millones de dólares
Por otro lado, la inseguridad para la disponibilidad de agua y alimentos en otras regiones perfila un fenómeno social inminente: la migración climática desde el campo empobrecido hacia las áreas periurbanas de las ciudades. Los impactos del Cambio climático en los países vulnerables profundizan la desigualdad social, la deforestación y la pobreza.
Las Paradojas de la Gobernanza Global
Mi primera participación en las negociaciones sobre cambio climático fue en el año 2011, en ocasión de la COP 17 en Durban – Sudáfrica. En aquel encuentro se insistió en exigir un compromiso a los países desarrollados que en su momento no suscribieron el Protocolo de Kyoto. Desde ese momento hasta la reciente COP 30 en Belém, el escenario internacional ha transitado por avances formales – como la creación del Fondo Verde para el Clima con su meta “teórica” de 100.000 millones de dólares anuales y el Acuerdo de París – que chocan repetidamente con la falta de voluntad política para poner fin a la era de los combustibles fósiles.
Las COP han logrado avances relevantes que no se deben perder de vista, lo que sumado a la evidencia científica del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), exige promover políticas internas y normativa de manera urgente. Debemos encontrar la coherencia entre los diálogos multilaterales y la planificación nacional adecuada, real y efectiva.
Hacia una Agenda Climática
Bolivia como país en vías de desarrollo, enfrenta una serie de desafíos directamente relacionados con el cambio climático que requieren soluciones a corto y mediano plazo, por lo tanto, considero fundamental atender los siguientes ejes:
Transición Energética: La construcción de una política energética integral requiere priorizar el financiamiento público y privado para ampliar la capacidad de las energías renovables (solar, eólica y tecnologías emergentes), a la par de diversificar la matriz energética y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. Esto es especialmente crítico considerando que las escasas reservas de gas y los riesgos de disponibilidad hídrica desnudan la vulnerabilidad del sistema eléctrico boliviano.
Asimismo, el continuo crecimiento del parque automotor evidencia la urgencia de incorporar la electrificación del transporte como un pilar central de la estrategia energética para la próxima década, aliviando la carga extraordinaria que representa para el presupuesto estatal la importación de diésel y gasolina. Un punto de partida viable es el establecimiento de incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos, garantizando que la demanda adicional de electricidad provenga de fuentes limpias. Para este fin, existen líneas de financiamiento bilaterales y multilaterales con organismos como el BID, la CAF y el Banco Mundial, que promueven ir más allá de las tradicionales políticas de mitigación de emisiones de CO2.
Resiliencia y Adaptación: En 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático introdujo el concepto de «adaptación», el cual se consolidó en negociaciones posteriores para impulsar la cooperación internacional hacia los países más vulnerables[2]. Dado que el cambio climático representa un fenómeno irreversible, se requiere una estrategia precisa de diagnóstico que permita a los cooperantes e inversionistas priorizar proyectos según su viabilidad técnica, social y ambiental. Simultáneamente, se busca acelerar la transferencia tecnológica y el financiamiento de energías renovables en países en desarrollo, fortaleciendo así los compromisos del Acuerdo de París[3].
Recursos Hídricos: Debido a su ubicación geográfica y alta vulnerabilidad al cambio climático, Bolivia se posiciona como un actor estratégico para la gestión integral de cuencas, la conservación de glaciares y humedales, el uso eficiente del agua y la protección de ecosistemas vitales y áreas protegidas. Estas labores deben ser, imprescindiblemente, coordinadas a nivel regional pues Bolivia es el único país que pertenece a la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la cuenca endorreica del Altiplano, simultáneamente. Esta condición fundamenta la llamada Diplomacia Hídrica o Diplomacia del Agua, cuya clave ante el cambio climático es la cooperación, traducida en la gestión compartida de recursos hídricos transfronterizos, prevención y resolución pacífica de conflictos emergentes de posibles crisis hídricas.
Manejo Sostenible de Bosques: Resulta imposible disociar la gestión de los recursos hídricos de la protección forestal. La conservación de los bosques es fundamental para mantener el ciclo del agua, regular las cuencas y mejorar la calidad del suelo. Este enfoque debe fortalecer la posición boliviana ante Naciones Unidas, en particular en el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sostenible de los Bosques. Aquí reside una importante fuente de recursos, ya que un manejo forestal adecuado – asumido como política de Estado – abre las puertas al financiamiento climático. Para lograrlo, la articulación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales es de vital importancia.
Gestión Integral de Riesgos: Es prioritario abordar de forma estratégica tanto los eventos de impacto rápido (como inundaciones o riadas) como aquellos de desarrollo lento o slow onset events[4] como la desertificación, el retroceso de los glaciares y el aumento gradual de las temperaturas. Bolivia debe agilizar el acceso a fondos internacionales de compensación por pérdidas y daños ya establecidos (2/CMA.2[5]), para catalizar iniciativas orientadas a evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional Para lograrlo, se requiere una gobernanza multinivel sustentada en la coordinación interinstitucional entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios. De hecho, se trata de implementar el Mecanismo Internacional de Varsovia y hacer posible la canalización de recursos específicos a través de fondos y organismos multilaterales.
La Necesidad de Financiamiento para un Desarrollo Resiliente
El Gobierno boliviano desempeña un rol central en la gestión de financiamiento internacional y la articulación con organismos multilaterales, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Estas alianzas estratégicas son indispensables para movilizar inversiones sostenibles y canalizar recursos hacia proyectos de resiliencia e impacto social.
El financiamiento no puede descansar exclusivamente en un endeudamiento mayor que asfixie el espacio fiscal del Estado. Bolivia necesita explorar mecanismos como los canjes de deuda por clima (debt-for-climate swaps). Instrumentos adaptados a la estructura de la deuda nacional permitirían liberar espacio fiscal y financiar medidas de adaptación y mitigación sin necesidad de incurrir en un mayor endeudamiento.
Finalmente, para acceder a los fondos climáticos globales negociados en las COP – en áreas como mitigación, adaptación, preservación de bosques y atención a pérdidas y daños – es imprescindible consolidar una institucionalidad sólida. Esta estructura permitirá coordinar la acción climática interna y posicionar con firmeza la realidad del país ante la comunidad internacional.
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Bolivia necesita definir los siguientes pasos bajo una agenda climática seria y clara, la magnitud de los desafíos – desde la resiliencia hídrica hasta la transición energética – exige la construcción de un puente entre la política pública nacional y la experiencia de la comunidad internacional. El verdadero espíritu de esta agenda no radica únicamente en la urgencia para abordar estos temas, sino en la capacidad técnica para transformar compromisos globales en soluciones tangibles, coordinadas y de largo plazo que protejan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. |
[1] Conferencias de las Partes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) https://unfccc.int/
[2] Decisión 1/CP.13 Plan de Acción de Bali (2007); Artículo 7 del Acuerdo de París (2015)
[3] Decisión 18/CMA.7 Programa de Implementación Tecnológica de Belém (2025)
[4] Decisión 2/CP.19 Mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático
[5] Decisión de la COP 25 (2019 en Madrid, España) sobre la implementación del Mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños
Fernando Pérez es especialista en Relaciones Internacionales y Gobernanza Climática Internacional
