Desde hace varias semanas, diferentes sectores vienen anunciando nuevas movilizaciones contra el gobierno. Los escándalos recientes no han hecho más que incrementar un rechazo que dejó de ser exclusivo de políticos trasnochados y de ciertos grupos cuya única ambición sigue siendo recuperar el poder sin medir consecuencias.
Rodrigo Paz ya sabía de esas amenazas, pero, fiel a su personalidad política, prefirió pretender que nada ocurría. Confió en que el estado de excepción funcionaría como el perfecto disuasorio para calmar el rechazo creciente a su gestión. Tal es el grado de efectividad que, en recientes días, algunas rutas de Santa Cruz (Cuatro Cañadas, San Julián, Yapacaní, Los Troncos) y La Paz (Achacachi) amanecieron con bloqueos.
Su actitud de “si no lo digo en voz alta, no es real” ha cambiado. Últimamente se ha animado a advertirnos sobre “otro sismo político” en curso y la existencia de “una campaña (nacional e internacional) de desprestigio contra su gobierno”. Pero esas alertas no las hace por buen tipo o porque realmente le preocupe un nuevo escenario de conflicto —similar o peor— al de los 53 días. Rodrigo Paz “advierte” para no responder por su consabido asesor (Cerimedo) o por los audios que su renegado vicepresidente difunde con regodeo.
Si vamos a hablar de “sismo político”, habrá que recordarle a Paz que éste ya se produjo entre mayo y junio pasados, cuando él y su gobierno perdieron legitimidad y autoridad al optar por una inacción estúpidamente calculada frente a la anomia que perturbaba a miles de ciudadanos. Con su lentitud en la toma de decisiones correctas, en ofrecerle al país una ruta de acción idónea, clara y consensuada para reducir los embates de las crisis (económica, energética y, próximamente, eléctrica) propiciadas por el masismo, Rodrigo Paz y su gobierno movieron las placas de la democracia y del Estado de Derecho, hecho que hoy se constata en el alto porcentaje de desaprobación ciudadana (65%, según la última encuesta de Ipsos Ciesmori).
¿Qué hicieron hasta ahora Paz y su gobierno? Ahondaron las diferencias entre actores políticos y grupos sociales. Dejaron de brindar seguridad y certidumbre. Lo que hoy padecen —incluidas las amenazas de derrocamiento— no es un “sismo”, sino una implosión política, porque su deslegitimación, la pérdida de autoridad moral y de poder se incubó internamente. Y, al implosionar de forma continua, van encendiendo la mecha de una explosión sociopolítica.
Muchos de los grupos que amenazan con un nuevo “octubre negro” también han incurrido en un autodesprestigio frente a la ciudadanía no formalmente organizada. Conviene recordar que el verdadero rol de los movimientos sociales es ser transformadores de la política y democratizadores de la democracia. Esto requiere que su estructura interna se sustente en principios de horizontalidad, consenso e inclusión. Deben, además, ser capaces de visibilizar sus demandas e incluirlas en las agendas pública y política sin recurrir a confrontación colectiva (violencia).
Sus acciones pueden ser efectivas y tener buen impacto siempre y cuando aprovechen las oportunidades políticas que se presentan, lo cual puede ocurrir en dos sentidos: 1) cuando la interacción con las instituciones es expedita y posible, pueden participar en la elaboración de políticas públicas favorables a sus demandas; 2) cuando ante vacíos institucionales, en los que incurren los gobiernos, pueden impulsar reformas profundas (constitucionales, por ejemplo), la reconfiguración del ecosistema político (creación de partidos políticos, por ejemplo).
En Bolivia, los grupos que se autodenominan “movimientos sociales” se estructuran a través de democracias “sindical o comunitaria”, es decir, desde una verticalidad dura, ideologizada y racializada. Su objetivo está lejos de contribuir a la democracia; sus demandas las imponen desde la lógica del bloqueo estratégico, la violencia, incluso del terrorismo.
En el conflicto de mediados de año, los “movimientos sociales” optaron por la radicalidad. Su demanda se centró en la renuncia de Rodrigo Paz. Ambos factores redujeron su impacto a un repudio generalizado hacia ellos; y carentes de aliados con legitimidad y respaldo ciudadano, desaprovecharon la oportunidad política que existía en aquel momento: pudieron haber propiciado una conjunción nacional de demandas que hubiese forzado a Paz y a su gobierno a consensuar con todos los actores civiles y políticos del país una hoja de ruta gubernamental y de soluciones a las crisis más apremiantes a ser aplicadas en corto y mediano plazo.
Casi noventa días después de ése conflicto, las deficiencias del gobierno y los problemas socioeconómicos no han hecho más que continuar e incrementarse: desabastecimiento de combustibles, escasez de dólares, devaluación diaria de la moneda nacional, incremento de la inflación, aumento de criminalidad (contrabando, sicariato), la inconsistente información sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ausencia de medidas gubernamentales sólidas, graves denuncias de corrupción e indicios claros de incapacidad presidencial. Todos son motivos suficientes para que se gesten movilizaciones en contra de un gobierno, a todas luces, superado.
Pese a ello, el costo provocado por los 53 días fue demasiado alto tanto para los movilizados de entonces como para el resto de la ciudadanía. Quienes han estado anunciando nuevas movilizaciones en octubre próximo han sufrido, además de ése costo, una deslegitimación y un desgaste profundos (implosión) que aleja toda posibilidad de impacto como verdaderos movimientos sociales. Y si a eso sumamos que su pedido de renuncia presidencial no es acompañado de propuestas o salidas políticas claras, el éxito —para tranquilidad de Rodrigo Paz— de éstos “movimientos” no es del todo factible, por ahora.
Sin embargo, el riesgo de caída del gobierno de Paz es altamente probable. Si las amenazas se transforman en realidades, si las denuncias de corrupción expuestas con el caso Cerimedo resultas ser ciertas, y si la estrategia de contención volverá a ser la pasividad deliberada, la mecha de la explosión sociopolítica terminará por consumirse, producto de una extraña conjunción de antagonistas (“movimientos sociales”, ciudadanía organizada formal y/o espontáneamente, actores políticos, empresariales, sindicales, sectoriales, etc.), dando lugar a un estallido de consecuencias serias para nuestra democracia.
¿Rodrigo Paz pudo haber evitado este escenario de implosión-explosión política y de riesgo de derrocamiento? Por supuesto. ¿Cómo? Actuando con rapidez y sentando presencia gubernamental a través de una gestión proactiva; pero, principalmente, concretando pactos políticos y sociales, incluyendo a todos los actores en la configuración de una ruta programática.
¿Puede todavía evitar un desenlace trágico a manos de una cohesión inaudita de fuerzas socio-políticas-económicas? Es una pregunta difícil de responder, más aún cuando Paz y su gobierno siguen cerrándose en un círculo sostenido por el amiguismo, siguen aislando a movimientos políticos y sociales —incluidos los radicales—, permitiendo su reorganización clandestina.
El estado de excepción termina el 20 de septiembre próximo; en veinticinco días comienza octubre. El enfrentamiento gobierno-movimientos sociales sigue su curso. Los indicios actuales refuerzan la probabilidad de que las amenazas finalmente tomarán forma y recrudecerán el conflicto. Independientemente de lo que suceda, hay algo incuestionable: si cae Rodrigo Paz no sólo será por una explosión política, sino por el peso de su propia incapacidad.
América Yujra Chambi es abogada.
