De todos los períodos históricos, el comprendido entre 2002-2025 ha demostrado que los modelos de Estado y de gobierno se equiparan a un organismo vivo, uno con forma e identificación específicas; que se desarrolla y, se alimente o no, tras un tiempo de subsistencia, se agota y perece irremediablemente.
El nuevo milenio urgía un nuevo Estado en Bolivia. Los modelos neoliberales, de centralismo, de elitismo tradicional y “democracia pactada” morían. De la mano del régimen masista, en 2009, vimos nacer un nuevo ciclo. “Plurinacional”, le llamaron.
No profundizaré en las mentiras y el reciclaje de viejos extravíos coloniales y de clase que sirvieron de materia prima para su construcción. Queda para más adelante. Lo que quiero remarcar es el momento de inflexión que nuestro país vivió entre 2002 y 2005: tanto el deceso del pasado modelo como el surgimiento de uno nuevo eran inevitables. Quedaba, entonces, ver quiénes iban a encarar ésa transición y, sobre todo, cómo se concretaría.
Tal momento quedó en manos del masismo, cuyos miembros —que más tarde se elitizarían en grupúsculos de poder— fueron preparando un modelo socio-político-económico con anticipación, con una narrativa fuerte y una visión país que, de una u otra forma, encandiló a ciertos grupos sociales que vieron en ése proyecto de Estado la satisfacción de muchas de sus demandas, en algunos casos, y sus ambiciones de poder, en otros.
Al principio, el masismo acertó: fue consciente del momento trascendental que estaba viviendo Bolivia, que no bastaba con nuevas autoridades, sino que se necesitaba un gobierno con propuestas de Estado. Además, se necesitaba una reingeniería institucional, normativa y, principalmente, constitucional. Eso ofrecieron, y una gran mayoría de bolivianos apostaron por ello.
Veinte años después, nuestro país volvió a encontrarse en un punto determinante de su historia. El Estado “Plurinacional” y su “proceso de cambio” habían agotado su ciclo vital. Y volvieron las preguntas que se hicieron en 2005: ¿quiénes dirigirían ésta nueva etapa histórica?, ¿cómo se encararían las transformaciones que, una vez más, requería el país?
Contubernios hechos casi en las sombras, el asentado racismo “a la inversa” (lo rural contra lo urbano), el rechazo a la inútil perseverancia del “inmortal” y un electorado populista dejaron ése nuevo momento trascendental en manos de Rodrigo Paz, quien, tras nueve meses en el poder, todavía no es consciente del lugar en el que se encuentran él y su gobierno.
Los daños que el régimen masista nos ha dejado son profundos. Por lo mismo, requieren de profundas transformaciones, de la adopción de un nuevo rumbo para gran parte de la estructura institucional y normativa. No podemos, pues, seguir ni la misma vía ni la misma guía construidas por el masismo y que nos llevaron a las crisis que padecemos día tras día.
Una Constitución surge —o debería surgir— a consecuencia del desenlace de un periodo histórico; ante el agotamiento de modelos políticos, económicos y hasta territoriales. Aunque lo ideal es que tenga una larga vida, el desarrollo de las sociedades hace que quede obsoleta en ciertos ámbitos; por tanto, debe acompañar los virajes que cada sistema (político, económico, social) necesita dar.
Las reformas pueden darse por vía informal (a través de normas infraconstitucionales, interpretaciones o prácticas políticas) o formal (mediante reformas parciales o totales). Las primeras son coyunturales; sus ajustes, superficiales y fácilmente reversibles. En cambio, las segundas permiten cambios radicales o estructurales ergo estables y con fuerza vinculante.
A pesar de que la vigente Constitución expresamente establece mecanismos formales de reforma, el masismo usó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) —“guardián” y único intérprete de la Constitución— para llenar ciertos “vacíos” constitucionales que limitaban su omnipotencia. Hoy, Rodrigo Paz recurre y apuesta también a reformas informales para su conveniencia: decretos supremos de “reordenamiento del Ejecutivo” (en realidad, para neutralizar al vicepresidente Edmand Lara) y proyectos de ley con alta sospecha de inconstitucionalidad (Ley de Inversiones).
Paz y su gobierno no parecen estar dispuestos a desmantelar todo lo edificado en los últimos veinte años. Y no es porque les resulte cómodo o no quieran hacerlo; simplemente no tienen idea de cómo afrontar semejante trabajo.
La tarea no es simple, es un desafío importante: sepultar el nefasto ciclo del masismo y sentar las bases para el inicio de una nueva etapa en nuestro país. Así pues, el primer paso es incuestionable: reformar (formalmente) la Constitución. La gran mayoría de las crisis multidimensionales existentes sólo podrán superarse si esto sucede.
Por ejemplo, para la crisis de independencia interinstitucional de los entes de poder debe eliminarse la superpotestad que la Constitución otorga al TCP: obligatoriedad de sus decisiones. Al amparo de ésta disposición constitucional se ha menoscabado la independencia y suprimido competencias del Electoral y del Legislativo, generando un quiebre en el sistema democrático y el Estado de Derecho.
Con la Constitución de 2009, Bolivia adoptó un modelo económico plural, comunitario, cooperativo con fuerte rol estatal (planificador, administrador, regulador). Esto último minimiza —por no decir «imposibilita»—, un margen de acción seguro para el sector privado.
Tras dos décadas en donde el sistema económico «comunitario» (en realidad, neosocialista) destruyó la estabilidad económica, financiera y energética de Bolivia, es necesario un viraje hacia un modelo liberal, que permita la iniciativa privada y reduzca la intervención estatal en el manejo de la economía y gestión de recursos.
En el plano político, las autonomías y un futuro sistema federal —una de las pretensiones de Rodrigo Paz—, también se ven limitados con la actual Constitución. El sistema autonómico inserto en ella es más simbólico que efectivo. Funcionó sólo como parte de la narrativa masista; en la realidad, el gobierno central mantiene un control predominante sobre la administración y gestión de recursos de regiones y departamentos.
Un futuro sistema federal necesita de una distribución clara de competencias y recursos; de otra forma, no podría existir un equilibrio ni político ni territorial. Si realmente Rodrigo Paz quiere poner los cimientos para un federalismo próximo, debe impulsar una reforma constitucional formal. Un sistema federal sólo puede sostenerse con un rediseño constitucional que permita las nuevas estructuras de gobierno que muchos departamentos anhelan.
Pero además de saltarse mecanismos legales-constitucionales, Paz y su gobierno van cerrando las vías de acuerdos y consensos. Para disimular su debilidad política y programática, desconocen y minimizan a partidos y líderes políticos. Para ocultar el desplome de su “popularidad”, socializan sus proyectos normativos y gubernamentales con selectos grupos interesados.
Así las cosas, el gobierno, que debería viabilizar el nuevo ciclo político-económico-social de Bolivia, se dedica a ralentizar el proceso y trabar los mecanismos democráticos idóneos para la reingeniería de modelos de Estado y sistemas de poder y desarrollo.
Como en 2005, estamos en un momento decisivo para el futuro de nuestro país, pero todavía lejos de siquiera esbozar su diseño. Lamentablemente, a los obstáculos generados por una Constitución hecha a la medida de un régimen autoritario, se suma un gobierno que apuesta por parches infra e inconstitucionales coyunturales y deja que el azar construya el entramado político necesario para resolver eficiente y oportunamente las necesidades urgentes de la sociedad.
Reitero, las aspiraciones de sostenibilidad económica, de justicia, de estabilidad democrática y de verdadera autonomía política necesitan de compromisos amplios para reconstruir nuestro Estado y reescribir la Constitución, y así dar paso a un futuro diferente.
América Yujra Chambi es abogada.
