Muchos dormíamos mientras se anunciaba el estado de excepción en Bolivia. Horas antes de la oficialización de esta remisa decisión, el gobierno paquidérmico firmaba, entre sonrisas y miradas cómplices, un “acuerdo de pacificación” con uno de los actores políticos más detestables de las últimas décadas. La falsedad entre esos personajes —autoridades de utilería y dirigentes sindicales— traspasaba las pantallas: forzadamente intentaban demostrar que habían superado sus diferencias “por la patria, por el pueblo”. Semejante esfuerzo de los firmantes resulta inverosímil después de cincuenta días en los que demostraron —por activa y por pasiva— que tanto la patria como el pueblo les importa muy poco.
Fueron cincuenta días de secuestro, de asedio. La Paz padeció las peores afrentas. Con desconcierto e impotencia vimos cómo día tras día las ciudades perdían su rutina, quedando sometidas a la violencia y a las amenazas de grupos criminales que creen tener —y tal parece que es así— el derecho a pisotear las libertades de millones de ciudadanos, a quienes, dicho sea de paso, no reconocen como verdadera mayoría.
Lo que ahora sigue va a sonar chocante, pero ahí va: la democracia tiene implícito el conflicto. Sin oposiciones, sin la conformación de grupos sociales de presión, sin la exigencia de demandas o cumplimiento de propuestas proselitistas, el sistema de pesos y contrapesos no funcionaría eficientemente. Todo gobierno en funciones debe ser interpelado por una ciudadanía vigilante y crítica. No se explica de otra forma la democracia en su total dimensión (representativa/participativa).
Otra afirmación cruda: los conflictos en democracia son, en su mayoría, una pugna entre fuerzas y grupos disímiles, antagónicos. Una lucha a veces encarnizada, a veces fría, otras casi imperceptible. Una guerra, pues, por un término de apenas cinco letras, pero que, llevado a la práctica, es tan complejo y cruento como la historia de la humanidad: poder. El poder transforma. Su búsqueda y su conservación enceguece, obstina. Su recuperación enloquece, deshumaniza.
Pero algo debe quedar muy claro: los conflictos o disputas por el poder en democracia no surgen por frustraciones o aspiraciones personales de pseudolíderes huidos, coyunturales o accidentales, sino de verdaderas demandas colectivas ante el peligro, amenaza o inminente lesión de derechos, libertades o recursos que puedan gestarse desde el poder político o el gobierno en funciones. Sólo éstas exigencias pueden ser consideradas legítimas y ser aceptadas, incluso apoyadas, pues no buscan desestabilizar el sistema democrático ni menoscaban el Estado de Derecho.
Así las cosas, todo conflicto —sea blando o duro— tienen trasfondos constructivos y reivindicativos, además, conllevan consenso y un intercambio dialógico entre los entes rivales. Dicho de otro modo, un conflicto que exige derechos, defiende recursos o resiste la arbitrariedad del poder constituido busca negociación, pactos y acuerdos; responde a coyunturas inmediatas no a rencillas agotadas; y recurre a herramientas de exteriorización que justifican debidamente sus objetivos.
¿Qué se ha visto del conflicto gobierno versus Central Obrera Boliviana (COB)/Federación Campesina Túpac Katari/evismo? Una puesta en escena pugilística entre grupos sindicales y políticos; unos por recuperar los espacios de poder que detentaron por casi dos décadas, otros por acceder a él tal cual les fue prometido, otros por resistir tras haberlo adquirido hace algo más de siete meses.
Al repasar la historia de nuestro país, evidenciaremos que los conflictos duros han sido los que más han funcionado, es decir, las reivindicaciones y demandas se han luchado en las calles, en las carreteras, con movilizaciones y paros. Acontecimientos que, por cierto, recibieron respuestas desproporcionadas por parte de los gobiernos de turno. Aun todo ello, habrá que reconocer que en su mayoría han sido legítimas, incluso posibilitaron virajes políticos determinantes. Como ejemplos tenemos: la marcha indígena de 1990, cuya consigna fue “tierra y autodeterminación”; los movimientos de 2002-2003, defensa de hidrocarburos; los de octubre de 2019, democracia. Cada conflicto tuvo su motivo, además de repertorios adecuados para el contexto histórico: marchas, huelgas, bloqueos, barricadas, redes sociales.
Bajo ningún aspecto puede equipararse el conflicto reciente con los citados anteriormente. ¿Qué motivó a la COB, la Federación Túpac Katari o al evismo? El poder. ¿Tenían reivindicaciones legítimas? No. ¿Cuáles fueron los derechos o libertades que les fueron restringidos? Ninguno, al contrario, ellos violentaron los derechos y libertades de otros. ¿Utilizaron herramientas idóneas y racionales en la contienda? En absoluto.
Pasemos al otro contendiente: el gobierno. En etapa electoral, para obtener el poder se recurre a promesas y ofrecimientos; aunque claro, la victoria —ser elegido— no es resultado de la eficacia plena de éstos mecanismos. En la política real y en la pugna por alcanzar el poder juegan otros factores. Muchas de las actuales autoridades y representantes han resultado electas por oportunismos, casualidades, cálculos y hasta por suerte. Los méritos y/o la trayectoria política han perdido fuerza de incidencia.
Conseguido el poder, la lucha se convierte equivocadamente en un “persistir y sostener”. Es aquí donde un gobierno elegido pierde el rumbo, porque malinterpreta el nuevo cariz que el poder ha adoptado desde su triunfo electoral. Ya no es sólo la ostentación de un cargo, sino se convierte en el mecanismo directo para gobernar eficiente y efectivamente.
Un gobierno tiene la responsabilidad de evitar que nuestra vida en sociedad devane y padezca entre conflictos in aeternum. Para ello, tanto su revestimiento legítimo como las herramientas legales vigentes le otorgan potestades diversas para garantizar una convivencia social pacífica y segura.
El poder, por tanto, para un gobierno se traduce en el arte de gobernar ejerciendo sus facultades idónea y oportunamente. Gobernar es manejar o equilibrar las tensiones producto de conflictos internos a través del consenso y la fuerza. Consenso es diálogo, pactos factibles. Fuerza no sólo es la aplicación de violencia estatal legítima por medio de entes legales de represión, fuerza también es una agenda país con norte claro, una narrativa gubernamental sólida y una estrategia comunicativa efectiva.
Un gobierno tiene legitimidad gracias al voto ciudadano, legitimidad que es alta durante los primeros meses en funciones y permite que el poder que vaya a ejercer pueda ser lo suficientemente idóneo para administrar el Estado, cumpliendo sus funciones principales y/o materializando lo ofrecido durante la campaña electoral.
Cuando un gobierno se encuentra frente a un conflicto debe actuar de manera contundente mas proporcional; debe adelantarse a sus resultados, debe afrontarlo con responsabilidad, capacidad, pero sobre todo con inmediatez y cercanía: comprendiendo la vida diaria de los ciudadanos y sentando presencia en los escenarios beligerantes. En palabras breves: un gobierno que sabe que detenta el poder —que gobierna— no se esconde, actúa, muestra que le importa lo que ocurre.
¿Qué sucede cuando un gobierno opta por la pasividad o el agotamiento como estrategias ante un desorden interno, violento y en constante extensión? ¿Qué sucede cuando un gobierno que tiene el poder no lo ejerce? Se deslegitima, pierde autoridad; y peor aún, desmantela el Estado de Derecho y empuja a la sociedad a la anomia.
Lo anterior es modular, dado que la convivencia pacífica, la civilidad y nuestro desenvolvimiento humano (ejercicio de nuestros derechos y libertades) dependen en alto grado de un gobierno fuerte que precautela la vigencia del Estado de Derecho. Un gobierno deslegitimizado, sin autoridad, es decir, débil —sin cuerpo político ni popular— y con una presencia intermitente no será capaz de aplicar políticas urgentes, mucho menos cambios estructurales. Su existencia será una mera resistencia desesperada en medio de una tormenta que va convirtiéndose en un huracán político que dará paso a un Estado caótico, fallido, donde la anormalidad se convierte en una normalidad que se nos impone y obliga a padecerla.
En estos cincuenta días, el gobierno de Rodrigo Paz ha perdido fuerza y se ha autodeslegitimizado con su inacción ante el sufrimiento de miles de bolivianos que tuvieron que enfrentar solos la violencia de esos grupos conflictivos. El gobierno de Paz ha garantizado el derecho al abuso —corrijo— a la protesta de ciertos sectores sociales y sindicales “intocables”, vulnerando por omisión los derechos a la vida, la integridad física, a la salud, al trabajo, a la libre circulación de miles de bolivianos. Ni firma del acuerdo gobierno-COB ni el decreto de estado de excepción garantizan el fin del conflicto, menos aún podrán revertir prontamente el daño social, político y económico que generaron estos cincuenta días de pugna por poder.
Las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares, siendo los sectores de exportación, comercio interno y turismo los más afectados. Las consecuencias a corto plazo también tienden a ser de difícil solución: quiebra de pequeñas empresas, cierre de comercios, migración de capitales de inversión, incremento de desempleo, contracción económica, disparo drástico de la inflación. Asimismo, los cincuenta días dejan un Estado donde los derechos y libertades constitucionales son privativos de determinados grupos sociales/sindicales. Un Estado estancado en pendencias rancias sobre identidad e ideología. Donde quienes gritan con indignación simulada “discriminación, racismo, persecución” son los racistas, discriminadores y abusivos más acérrimos contra la gente que vive en las ciudades y contra sus propios “hermanos”. Donde los delitos no reciben sanción alguna gracias a blindajes absurdos denominados “fuero sindical” y “derecho a protestar”.
¿Ganó alguien en esta calculada contienda por el poder? Para mi respuesta recurro a Bertrand Russell. Para él, el poder pertenece a quien consigue los efectos que desea, ya sea de forma parcial o total. Ahora bien, ¿qué efectos buscaron la COB, la federación campesina y el gobierno de Paz? Parece que sólo los primeros tuvieron objetivos directos: provocar y neutralizar al gobierno. Y dados los daños provocados, lograron ciertos efectos relativos a éstos. El gobierno no tenía objetivos propios, y ante los que las leyes le imponen como atribuciones, optó por no aplicarlos. Quizá el efecto que buscó fue mostrarse como un gobierno pacífico, dialogador; pero terminó exhibiendo lo que realmente es: inerte, ausente, improvisado y débil.
Pasaron cincuenta días, y la normalidad que nos fue extraña durante ése tiempo va volviendo poco a poco. El conflicto no acabó. Tampoco la lucha por el poder; seguirá determinando la estabilidad de nuestra democracia y de nuestras vidas, principalmente porque los contendientes de ése conflicto la propician y ahondan con odio, soberbia, violencia, incapacidad e inoperancia. Vicios que no desaparecen de la noche a la mañana ni con desprendimientos teatralizados para las cámaras.
Un profético George Orwell escribió: “Sólo hay cuatro medios para que un grupo dirigente sea derribado del poder: o es vencido desde afuera, o gobierna tan ineficazmente que las masas se le rebelan, o permite la formación de un grupo medio que lo pueda desplazar, o pierde la confianza en sí mismo y la voluntad de mando. Estas causas no operan sueltas, y por lo general se presentan las cuatro combinadas en cierta medida. El factor que decide en última instancia es la actitud mental de la propia clase gobernante”. ¿Tendrá el gobierno de Paz ése factor? Lo visto y vivido en estas semanas me dan una respuesta casi irrefutable, muy probablemente muchos coincidirán con ella. El tiempo se encargará de confirmarla o cambiarla.
América Yujra Chambi es abogada.
