La existencia de las sociedades —su desarrollo histórico y progreso— es todo menos lineal. Tampoco su estructura es ajena a la complejidad, pues se sostiene en constructos compuestos (social, político, legal, etc.) inter e intra conectados, organizados y con roles únicos. Y aunque, prima facie, la cohesión pareciese una de sus características principales, lo cierto es que todo este entramado metasistémico que conocemos como sociedad es susceptible a eventos tanto iterativos como de transformación.
Ésos sucesos se presentan, en la mayoría de los casos, en forma de quiebres (sociales, políticos, económicos) necesarios, urgentes e inevitables mas no insalvables. La cuestión, entonces, se centra en que sean superados con las menores complicaciones posibles. De lo contrario, cada situación de crisis o conflicto —ya sea dentro de un sistema o del metasistema mismo— acarrearía el fin de un determinado Estado.
Los cambios y transformaciones —independientemente de sus causas y momentos temporales— requieren liderazgos en cada sistema de organización y dirección. Así, las autoridades de gobierno, los representantes sociales deben ser líderes. Las características personales y sociales de éstos son importantes para determinar cómo se darán y cuál será el resultado de los quiebres previamente referidos.
Los líderes refuerzan la identidad y cohesión de un grupo; movilizan a sus integrantes a objetivos colectivos, compartidos; empoderan a quienes los siguen. En contrapartida, hay liderazgos que oprimen, que manipulan para lograr intereses propios. Sobra decir cuál de los éstos es idóneo para afrontar un escenario de conflicto.
Ahora bien, los momentos de transformación y crisis suelen interrumpir y afectar las relaciones intersistemas-metasistema. Asimismo, son oportunidades para concretizar demandas históricas, para propiciar cambios verdaderos ergo profundos. Por eso, el rol de los líderes es fundamental: incidir en la búsqueda de acuerdos, acercamientos entre los grupos de presión y el poder, sin generar o recrudecer conflictos.
Ésos quiebres suceden en una especie de “ciclo”. Comienzan, claro está, con manifestaciones o movilizaciones de grupos y/o sistemas; sigue una etapa de conflicto, donde las contradicciones dan paso a disputas violentas y complejas que esperan ser resueltas en la siguiente etapa de consenso y cooperación entre las partes en contradicción. La última parada de este camino es la concreción de un cambio o reforma que propició el inicio de este recorrido no lineal por el que pasan sistemas y actores sistémicos (autoridades, grupos de presión, movimientos sociales, etc.).
Cabe remarcar lo siguiente: ése camino o ciclo de trasformaciones o cambios ha sido el mismo desde las primeras agrupaciones organizadas social, política y geográficamente. Lo que ha variado mientras éstas fueron evolucionando y adquiriendo una consistencia legal-legítima ha sido la forma de gestión del conflicto.
Cada coyuntura y momento histórico demandaron diferentes mecanismos o tácticas de movilización. Así, inicialmente, la violencia era el medio más efectivo para concretizar nuevos espacios de poder y resolver disputas. Los grupos organizados recorrían el ciclo con una radicalidad expresada en acciones dominadas por el uso de la fuerza.
En todas las etapas históricas y de conflicto, los liderazgos fueron determinantes. No sólo por tener un poder de convocatoria y organización de grupos movilizados; sino —y principalmente— por su capacidad de identificar tanto la etapa como los mecanismos de movilización adecuados a su coyuntura.
Tanto el camino de transformaciones y crisis como los mecanismos de movilización han evolucionado a lo largo de la historia de nuestra Bolivia. Los movimientos sociales, campesinos, indígenas, obreros, ciudadanos mostraron diversas facetas y tácticas. De una resistencia rudimentariamente armada con base comunitaria, pasó a una estructura de organización social-campesina-rural-obrera, luego a una asociación sindical que, junto a las anteriores, posibilitó una reagrupación con tinte identitario y reivindicativo.
En los años anteriores a 1900, donde seguían casi incólumes las resistencias a la Colonia y los inicios de la etapa republicana, los movimientos sociales se expresaron en levantamientos indígenas basados en lazos de parentesco y pertenencia a los ayllus. Los líderes eran caciques con legitimidad comunal e incluso hereditaria. Sus tácticas eran violentas y de desgaste: cercos o asedios a las ciudades, conformación de guerrillas, emboscadas.
Recorriendo unos años, a partir de 1936, con un sentimiento de “nación” ya arraigado en la ciudadanía; los movimientos sociales pasaron del ayllu a núcleos sindicales agrarios. Las estrategias de lucha, por ende, cambiaron: huelgas o paralización de trabajo en haciendas y otros establecimientos junto con tomas violentas de éstas.
Posteriormente y hasta la Revolución Nacional de 1952, la organización de los movimientos sociales, tras una alianza obrero-campesina, adquirió un trasfondo altamente sindical-político y partidario. Los liderazgos recayeron en caudillos surgidos de ésas coaliciones sociales. Los medios de movilización mantuvieron sus rasgos violentos a través de grupos campesinos-mineros armados, que combatieron ante las fuerzas represivas del poder oligárquico.
Superada esa etapa de presión-represión violenta, fueron tomando fuerza las ideas de plurinacionalidad y reconocimiento de pueblos indígenas de tierras bajas y campesinas. A éstas demandas, sumaron la defensa de territorios y recursos naturales. Las marchas, los bloqueos de carreteras estratégicas, los paros cívicos y movilizaciones populares en las zonas urbanas sustituyeron a la violencia de las fases anteriores.
Las insurgencias, los caudillismos exacerbados, los medios violentos fueron propios de siglos pasados. Fueron necesarios en aquel tiempo, donde un diálogo, un consenso o un mínimo acercamiento entre los movilizados y los detentores del poder era casi o prácticamente imposible.
Ahora, dos centenarios después, la violencia y/o mecanismos radicales de movilización resultan extraviados e inútiles. Nuestras coyunturas actuales requieren liderazgos constructivos, mesurados, racionales, con conciencia —no de clase, por supuesto— democrática.
Los últimos conflictos sociopolíticos y recientes devaneos de entes de poder —concretamente el judicial— evidencian que, por un lado, los movimientos en otrora determinantes para la construcción de nuestro Estado —las federaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB)— hoy no representan demandas legítimas, sino intereses personales y delirios de poder; que sus pseudolíderes son caudillos prebendales, ignorantes de la historia y coyuntura de las organizaciones que dicen representar. Y, por otro lado, la involución de los mecanismos de movilización y la peligrosa ignorancia de autoridades que intentan convertir un órgano de poder en un grupo sindicalista.
Antes de finalizar éste artículo, voy a referirme a la última parte del párrafo precedente. Hablar de la justicia boliviana no es grato, sobre todo para quienes estamos vinculados a ella. Creo que hacerlo es reconocer el estado de ilegalidad que lo reviste desde que los magistrados electos en 2017 ampliaron arbitrariamente su mandato. Sin embargo, las recientes declaraciones de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no pueden ser pasadas por alto.
Escuchar a una de las cabezas del poder judicial amenazar con un “paro indefinido” si el Ejecutivo y el Legislativo no atienden sus “demandas” en 20 días, debería preocuparnos sobremanera no porque surja un “nuevo conflicto” para un gobierno desnortado, sino por la calidad de autoridades que hoy tienen la tarea de restaurar un poder estatal neurálgico para nuestro Estado.
Detrás de ese show mediático donde Saucedo expuso su tendencia patológica de protagonismo, se esconde una estrategia de disimulo. Al exigir un aumento presupuestario, se intenta rehuir a la discusión sobre las verdaderas causas del escenario catastrófico de la justicia boliviana: la ausencia de independencia (interna y externa) y de integridad ética, profesional y humana de magistrados, vocales, jueces y demás funcionarios.
Ciertamente, la carencia de recursos afecta el desarrollo del sistema judicial; pero más presupuesto garantiza una mejor justicia por el simple hecho de que problemas tan medulares como la retardación o la inseguridad jurídica no necesitan de recursos económicos para su resolución. ¿O acaso un juez requiere un mejor sueldo para emitir una sentencia debidamente fundamentada y dentro de los plazos legales? Saucedo, respaldado por magistrados que comparten la posición de su patotero y ordinario “líder sindical”, pretende hacernos creer que la corrupción, la inoperancia, la falta de idoneidad de una gran parte de los operadores de justicia se superarán con más dinero. Ya que se siente tan bravucón, ¿por qué no dirige sus amenazas hacia los malos jueces y magistrados que lucran con la libertad y los derechos de los ciudadanos? Qué lamentable resulta ver que “la cultura del bloqueo”, que los extravíos históricos sobre la gestión de movilizaciones y superación de crisis hayan infectado, además de a gran parte de la ciudadanía, a autoridades y a altas magistraturas judiciales.
Transformar la sociedad y afrontar los conflictos necesitan de liderazgos útiles (responsables, maduros, no improvisados), que construyan y propongan soluciones integrales a partir de diálogos, consensos, no con amenazas o desborde de violencia y criminalidad. Pero, además, se necesita que el proceso a recorrer sea coherente con las coyunturas y momentos históricos que se viven. Si los caminos de cambio y quienes los transitan imposibilitan la correlación entre crisis-movilización-mecanismos-soluciones, el desarrollo y progreso sociopolítico quedará a merced del caos y del desgobierno.
América Yujra es abogada
