El desarrollo de proyectos mineros en Latinoamérica viene enfrentando varios desafíos; el principal, lograr que estas actividades no sólo sean técnicamente viables y económicamente rentables, sino, también socialmente aceptados. En este contexto, la gobernanza se convierte en el factor decisivo para construir relaciones de confianza y acuerdos sostenibles con las comunidades que habitan en el área de influencia de las operaciones mineras.
Desde hace años en la región, los contextos en el que se mueven los oriundos de diferentes regiones, alrededor de potenciales operaciones mineras han ido tomando un curso complejo para los operadores mineros. Esta complejidad exige que las empresas cuenten desde el inicio con un blindaje social sólido, basado en transparencia de la información, participación y respeto a los derechos colectivos. Sin ello, avanzar en cualquier fase del proyecto se vuelve extremadamente difícil.
La aceptación social depende, en primera instancia, de la capacidad de la empresa para comunicar de manera clara, accesible y culturalmente pertinente los alcances del proyecto: impactos ambientales y sociales previstos, beneficios económicos, laborales y de desarrollo local. Un desafío que debe enfrentar la empresa desde la fase cero del proyecto es el manejo de la información con total transparencia, ya que esto debería fortalecer la credibilidad y reducir la percepción de riesgo de la empresa.
Muchas experiencias en la región, tanto en Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Bolivia demuestran que un proyecto minero solo prospera si las comunidades se sienten parte activa de las decisiones. Por tanto, es necesario realizar procesos de diálogo inclusivo y continuo sobre todo en temas donde la comunidad, con su experiencia en la zona, pueda sentirse parte de la planificación y seguimiento al desarrollo del proyecto.
Para ingresar a X zona es necesario que el equipo técnico-social tenga información previa básica: organización local, aspectos culturales, organización interna, modos de vida, etc. Este conocimiento ayudará a identificar actores, anticipar tensiones y diseñar estrategias de relacionamiento respetuosas y efectivas. Esto es lo que teóricamente se llama gobernanza participativa, lo que posteriormente convertirá a la comunidad en socia estratégica olvidando la vieja práctica de que la comunidad era un actor pasivo en el desarrollo del proyecto.
La teoría menciona también este aspecto como la futura aceptación social que es la percepción de la comunidad sobre los beneficios de la operación minera y aquí el tema de la transparencia juega un papel importante al mostrar a la comunidad la distribución económica que por ley se realiza en cada lugar.
Mostrar cuáles son los criterios de gobernanza que la empresa debe cumplir y garantizar que se resumen en inversión, en infraestructura comunitaria (salud, educación, caminos, aunque esto último debe ser compartido con el estado) empleo local y fondos de desarrollo sostenible administrados con participación comunitaria que bien administrados pueden ser creados como fondos de fideicomiso para cuando el proyecto minero hubiera cumplido su ciclo minero. Los fondos de fideicomiso no son nuevos, hay experiencias interesantes de operadores mineros que lograron un buen entendimiento con la comunidad, basados en esta práctica.
En este abanico de planes, proyectos, toma de decisiones, no podemos olvidar el rol que cumple el estado al ser el garante para las empresas y las comunidades, mantener un marco de leyes que apoyen la inversión y el respeto y cumplimiento por parte de la comunidad. Esto parecería un discurso popular y poco viable, pero es un factor clave. Y toda esta teoría deberá estar sujeta a un factor de calidad humana, profesionales negociadores, verdaderos articuladores de ese trabajo de conjunto…un error y se acaba el proyecto. En resumen, los temas sociales, la gobernanza han pasado a un primer plano, si de verdad se quiere que un proyecto minero avance hasta el final.
Y cerrando nuestras opiniones, la gobernanza no es un accesorio más, sino el pilar que define la viabilidad social de los proyectos mineros y asegura que el proyecto técnico sea operable, genere las ganancias del negocio en sí. Al integrar transparencia, participación, respeto a derechos y distribución equitativa de beneficios, se permite construir un marco de confianza que sostiene acuerdos duraderos con las comunidades. Solo así la minería puede convertirse en un motor de desarrollo responsable para las comunidades y el país. Sólo así podremos hablar de minería sustentable!!!
Ana María Aranibar es Gerente General en Cumbre del Sajama
