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Nuestra minería de frente y de perfil – Primera Parte
Opinión

Nuestra minería de frente y de perfil – Primera Parte

Por: Alfredo Zaconeta Torrico

La nueva bonanza de precios altos de los minerales en el mercado internacional y el efecto de la pandemia del COVID-19, dejan muchos debates urgentes sobre la situación actual de nuestra minería, su gobernanza y su desarrollo en el corto y mediano plazo.

La dependencia de esta actividad extractiva en nuestra economía, como meros proveedores de materias primas, nos obliga a establecer nuevos elementos de reflexión referidos al rol de la minería y sobre todo, industrialización para llevarla más allá de la fundición, que es hoy la única industria minera básica en el país.

Tradicionalmente, el sector minero ha sido uno de los más importantes propulsores del desarrollo de la economía en Bolivia, hecho que se remonta a la colonia. Su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional en la década de los ochenta del siglo pasado, llegó a un 6,1%, cifra que se fue reduciendo a un promedio de 5,5% en la actualidad.

Este escenario negativo en el que vive la minería de nuestro país, es el resultado de una constante improvisación en las acciones estatales y de la inexistencia de una política minera integral, que permita lograr la industrialización. Las acciones del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), lejos de fortificar una minería estatal -como tanto pregonaron-, sólo lograron beneficiar al capital privado extranjero y a sectores cooperativos. Esta falta de coherencia entre discurso y praxis, exhibe, una sostenida debacle en los niveles de producción y exportación, ratificando la condición primaria de nuestra minería, como lo evidenciaremos en este artículo.

El rol del Estado ha sido nulo; dejando a los operadores privados y cooperativistas definir –las políticas, impuestos, permisos y contratos– el presente y futuro de la minería nacional, mismas que consolidaron la política extractiva neoliberal.

En los últimos 15 años, se mantuvo la privatización de los yacimientos más ricos del país, paralelamente impulsando una mayor enajenación precaria y salvaje, con mayor presencia nacional del sistema cooperativo que pasa, incluso, por la ilegalidad; realidad visible en la expansión de la explotación de oro en la Amazonia, con saldos ambientales negativos, conflictos sociales, contrabando de oro y el desvío de recursos que genera esta actividad.

La renta minera no se reinvirtió adecuadamente en labores de prospección y exploración de nuevos yacimientos, que permitan diversificar nuestra minería de forma planificada y equilibrada con la convivencia ambiental y con los actores sociales de comunidades colindantes a las zonas mineras. El poco excedente que generó la minería estatal sirvió para pagar bonos, y no así para reinvertirlos en los mismos proyectos mineros, o que este permita una diversificación productiva de las zonas mineras que las haga menos dependientes de esta actividad extractiva.

La carta geológica elaborada por el SERGEOMIN, hasta 2018, solo llegó a cubrir el 31% del territorio nacional. La poca e incipiente información geológica que dispone el Estado corresponde a trabajos realizados el siglo pasado, particularmente con los trabajos hechos en la década de los noventa, que dieron lugar a las principales operaciones mineras en actual explotación. Lo crítico de este panorama es que los actuales gobernantes toman decisiones en los diferentes niveles de gobierno (central, departamental y local) sobre la administración de los recursos, sin conocer a precisión su presencia, cantidad, calidad y posibilidades de acceso, dejando de lado así la tan machacona discursiva de “soberanía del conocimiento”.

La expansión de la actividad minera en el país se dio en medio de una ausencia de planificación y en varios casos sin autorización de las instancias pertinentes del Estado y menos con la venia de los habitantes de esas zonas. Este fenómeno –impulsado por las escaladas de precios de minerales– derivó en que la actividad minera hoy esté presente en los nueve departamentos del país, en varios municipios, que forzados ante la falta de capacidades productivas, optaron por la minería como paliativo ante la falta de empleo e ingresos.

Actualmente, según datos oficiales, en Bolivia de los 340 municipios, 138 se dedican a la actividad minera, con una predominancia del sector cooperativo.

La actual tributación minera, fijada por la Ley 535, promulgada por el gobierno de Evo Morales, consolidó los parámetros fijados por la Ley Minera N° 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada, manteniendo las regalías con techos de tributación bajos, lejos de la realidad de las actuales cotizaciones. Este hecho conlleva a que gobernaciones y municipios pierdan considerables recursos por la explotación de recursos naturales no renovables, especialmente en el caso del oro, donde la tributación apenas alcanza a un 2,5%, menor al 7% que establecía la Ley 1777, criticada en el período neoliberal.

En los últimos años, se perdió muchas oportunidades para lograr una mejor recaudación como medida justa ante el ciclo de precios altos. Una de estas oportunidades perdidas fue concretar la comercialización de minerales, específicamente del oro, donde el beneficio de esta explotación queda en manos de pocos. Actualmente, el sector cooperativo minero aurífero pasó a concentrar el 94% de la producción nacional de oro.

Los fracasos en la minería estatal pueden enunciarse en: el proyecto siderúrgico del Mutún, que hasta la fecha no arrancó, constituyéndose en la única siderúrgica del mundo que exporta hierro concentrado en vez de acero; en el fiasco en las licitaciones y los procesos técnicos para contar con refinadoras de zinc, donde, pese a los tres fracasos, el gobierno anunció oficialmente que insistirá con la modalidad llave en mano para la instalación de fundidoras y refinadoras de zinc; y en la inoperatividad de Karachipampa, que sigue arrojando deficiencias técnicas y económicas, traducidas en su producción de 2020, que apenas llegó a 440 Toneladas Métricas Finas (TMF) de plomo metálico y 3,6 TMF de plata metálica.

Entre estos fracasos no podemos dejar de mencionar la caída en la producción y rentabilidad de Huanuni, que la gestión pasada apenas logró producir 5.469 TMF de estaño y de Colquiri que redujo su producción a 2.960 TMF de estaño y 13.966 TMF de zinc; situación a la que debe sumarse la crisis de la metalúrgica de Vinto, sumida en un endeudamiento millonario que alcanza a $us 83,2 millones, resultado de la mala política de administración, por el bajo costo de tratamiento o “maquila” que cobra la fundidora desde el año 2007. La producción de estaño metálico de Vinto fue de 6.540 TMF la pasada gestión, la segunda peor de toda su historia, desde su puesta en marcha en 1971. La primera fue en 1987, cuando apenas llegó a producir 2.610 TMF, efecto del cierre de operaciones en varios yacimientos estañíferos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como consecuencia del Decreto Supremo 21060.

La situación actual de Huanuni y Vinto deja en entredicho las inversiones realizadas en ambas operaciones durante el gobierno del MAS, con la instalación del nuevo ingenio Lucianita y el Horno Ausmelt, respectivamente, que sumadas sobrepasan los $us 100 millones; y queda en duda si estos proyectos encontrarán sostenibilidad técnica y económica en el corto y mediano plazo.

Debemos acotar a esta valoración, la actual incertidumbre que cubre al proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos, que hasta hoy solo sirvió como elemento discursivo y que, por los últimos acontecimientos, es evidente que el MAS modificará su estrategia inicial, que aseguraba “Litio con soberanía nacional con un proyecto 100% estatal”, dando lugar a la apertura en la fase de extracción al capital extranjero.

Si bien la crisis en el sector minero no llegó con la pandemia del COVID-19, el impacto de la pandemia empeoró la situación de este sector en el país. En la pasada gestión, la producción de minerales tuvo un incremento de 55%, respecto al 2019; sin embargo, el valor de esta producción, que sumó $us 3.253 millones, fue menor en -27,63%, en comparación a los $us 4.495 millones logrados el 2019. Parte de esta caída se debe a la disminución de precios en el primer trimestre de 2020.

En este escenario; es de suponer que esta caída en el valor de la producción minera tendrá un efecto negativo en la renta de gobernaciones y municipios productores, a consecuencia de la constante dependencia de esta actividad extractiva.

Continuará…

Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del CEDLA

 

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