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Por José Luis Saavedra
El
tema ambiental se ha puesto nuevamente en debate en Bolivia, debido a la
promulgación del Decreto Supremo (DS) Nº 2366, del 20 de mayo de 2015, que
autoriza la exploración petrolera y permite el desarrollo de actividades
hidrocarburíferas en diferentes zonas y categorías de áreas protegidas del país.
La aprobación del referido DS ha generado una discusión muy interesante en
torno al cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos de la Madre
Tierra frente a las actividades extractivas, además de las problemáticas
emergentes de la reciente aprobación de una ley de incentivos a los productores
de hidrocarburos[1]
en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) y la administración
gubernamental de la consulta a los pueblos andinos y naciones amazónicas[2].

El
Gobierno del presidente Evo Morales ha aprobado el decreto que autoriza la exploración
petrolera en las áreas que Bolivia protege por razones eco-ambientales. El DS
en cuestión establece palmariamente que “se permite el desarrollo de
actividades hidrocarburíferas de exploración petrolera en las diferentes zonas
y categorías de áreas protegidas”. La aprobación de este DS faculta a las
empresas petroleras, esencialmente transnacionales, desarrollar actividades de
exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas protegidas, parques
nacionales, reservas de la biosfera y territorios indígenas.

El
propósito del presente libro es precisamente reflexionar en torno a cuáles son
las motivaciones e incitaciones gubernamentales para aprobar y emitir
ordenanzas como el DS Nº 2366 y otras similares (que no son sino un conjunto de
normas expoliadoras y por tanto funcionales al desarrollo del capitalismo
extractivista) y cuáles son las consecuencias e implicaciones de las mismas en
el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y territoriales
de los pueblos y naciones andinas y amazónicas.


Para
el logro de este empeño empezaremos viendo la genealogía de los decretos y
demás disposiciones promulgados por el gobierno del presidente Evo. Luego,
veremos cómo estas normas, profundamente favorecedoras del capital
transnacional, se condensan y se densifican de manera colonial y colonialista en
los decretos de expoliación petrolera en las áreas protegidas, parques
nacionales y reservas de la biosfera y sus correspondientes impactos en la vida
misma de los pueblos y comunidades de las tierras bajas y altas. Después,
de-mostraremos las re-acciones violentas del gobierno del MAS para imponer
tales decretos por sobre la persistente resistencia y voluntad política de
cuidado de la Madre Tierra y de la vida misma de los pueblos y naciones andinas
y amazónicas.

La
perspectiva política y epistémica que asumimos en esta “práctica teórica” (como
diría el maestro Louis Althusser[3])
es la de la radicalidad crítica y (al mismo tiempo) la criticidad radical
propia de las insurgencias sociopolíticas y procesos histórico-culturales de
los pueblos y comunidades andinas y amazónicas desde hace al menos 500 años. Y
también intentamos ser consecuentes con el desarrollo de la conciencia crítica
y las pautas éticas, políticas y epistémicas del gran Raúl “chato” Prada en el
sentido que “no se puede (ni se debe) callar ante ninguna de las atrocidades
del poder”.

Antes
de empezar a transitar por los chaqui ñan
de este texto conviene, referir, brevemente, nuestra comprensión cardinal del
extractivismo, que es la economía basada en la extracción intensiva de los
recursos naturales destinados a la exportación. El extractivismo se refiere pues
a una serie de actividades dedicadas a extraer grandes cantidades de recursos
naturales sin procesar (o apenas procesados) mayormente destinados a la
exportación a los centros de acumulación global.

Históricamente, desde hace 500
años, el país ha sido muy dependiente de las exportaciones con-centradas en una
muy poca variedad de productos primarios. Este modelo de crecimiento basado en
los sectores extractivos ha sido criticado tanto por su elevada vulnerabilidad
y dependencia de factores externos y escasa sostenibilidad (económica y
ecológica), como por no haber logrado un cambio en la matriz o estructura
productiva de la tradicional economía boliviana. A partir de este discernimiento
primordial, veamos cómo opera el extractivismo en el campo hidrocarburífero,
empezamos por el análisis de las normativas gubernamentales más recientes.

[1] Con el fin de atraer nuevas inversiones, el Gobierno aprobó la Ley 767
de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera,
promulgada en diciembre de 2015, que dispone la creación de un fondo para los
incentivos, que se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), antes de su distribución, que reciben las
gobernaciones, alcaldías y universidades.
[2] Véase “Indígenas presentan más recursos de inconstitucionalidad contra
ley de consulta previa” (Los Tiempos,
3 de marzo de 2015). También conviene ver “El gobierno de Evo Morales coarta el
derecho indígena a la consulta previa” (Bolpress,
17 junio 2010) y “Evo considera pérdida de tiempo consultar a pueblos
indígenas” (Los Tiempos, 15 julio
2015).
[3] Cfr. Althusser, Louis, Para una
crítica de la práctica teórica
, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 1974.
Vea el documento  completo de de investigación en: 

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