En menos de un mes, la escalada de conflictividad social en Bolivia ha dejado una cicatriz ineludible: siete personas fallecidas, 23 heridas y 321 arrestadas. Así lo establece el Primer Reporte Preliminar sobre la conflictividad social presentado por la Defensoría del Pueblo, un documento que abarca los sucesos ocurridos entre el 1 y el 24 de mayo de este año.
El país se encuentra inmerso en un escenario marcado por la intervención estatal, demandas multisectoriales y un cerco de bloqueos que, al día de hoy, amenaza con estrangular el abastecimiento de las principales capitales del país.
La respuesta estatal y la ruta humanitaria
La intensidad de las protestas, originadas en un entramado de reclamos sindicales y agrarios, obligó a una respuesta combinada del aparato de seguridad del Estado. Entre el 16 y el 23 de mayo, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ejecutaron el operativo denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”. El objetivo central fue despejar las principales arterias camineras en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, lo que derivó en recurrentes y violentos choques entre uniformados antimotines y los sectores movilizados.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo activó de emergencia un protocolo institucional basado en dos líneas estratégicas: una humanitaria, para garantizar derechos fundamentales y atención de emergencias, y otra dialógica, orientada a promover la pacificación.
En el plano operativo, la labor defensorial fue vital para evitar una catástrofe sanitaria. Se logró articular el ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal desde la frontera en Desaguadero hasta la ciudad de El Alto. A la par, se desplegaron equipos para verificar la provisión de medicamentos y alimentos en hospitales, mercados y estaciones de servicio, emitiendo además pronunciamientos urgentes para blindar el trabajo de la prensa, gravemente expuesto a agresiones durante la cobertura de la crisis.
La génesis del conflicto: Demandas acumuladas
Como suele ocurrir en la dinámica social boliviana, este estallido es el resultado de tensiones acumuladas. A finales de marzo, el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, presentó al Ejecutivo un ambicioso pliego petitorio de 211 demandas. Entre las exigencias estructurales figuran un incremento salarial del 20%, una garantía estatal contra la privatización de empresas públicas y el archivo definitivo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de un proyecto de ley destinado a penalizar los bloqueos de carreteras.
A este frente laboral se sumó el malestar del sector indígena. En abril, una marcha originaria exigió la derogación de la Ley 1720, una polémica normativa que abría la puerta a la conversión de pequeñas propiedades en medianas o empresas agropecuarias. La presión en las calles forzó al Gobierno a abrogar dicha ley el pasado 13 de mayo.
El saldo judicial de las calles
El informe defensorial desglosa con precisión la situación jurídica de las 321 personas arrestadas durante estas semanas de tensión. Hasta el 24 de mayo, los datos oficiales indican que:
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El 68% (221 ciudadanos) ya recobraron su libertad.
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Al menos 89 personas fueron imputadas formalmente por el Ministerio Público. De este grupo:
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43 manifestantes podrán defenderse en libertad.
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19 ciudadanos guardan detención domiciliaria.
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12 personas fueron enviadas a prisión bajo régimen de detención preventiva.
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5 individuos recibieron medidas sustitutivas.
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Llama la atención que 10 personas ya cuentan con una sentencia ejecutoriada de tres años, tras someterse a procedimientos abreviados.
La tragedia humana se agrava con las siete muertes documentadas, casos que, según exige la Defensoría, aguardan una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía. Entre los 23 heridos registrados se cuentan, además de los civiles movilizados, tres efectivos policiales y dos periodistas.
Un país bloqueado y el llamado desde el Ejecutivo
“La conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana… hemos acompañado con acciones humanitarias. La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”. — Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo.
Las palabras del Defensor del Pueblo, quien junto a la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) impulsa mesas técnicas de diálogo, reflejan la urgencia del momento.
Sin embargo, la realidad en las rutas es distinta. Este miércoles 27 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 70 puntos activos de bloqueo en la red vial fundamental. Esta medida de presión extrema está impidiendo el ingreso de alimentos e insumos médicos de primera necesidad, afectando de manera crítica a la ciudad de La Paz.
En un último intento por destrabar el escenario, el presidente de la República, Rodrigo Paz, lanzó este miércoles un emplazamiento directo a los líderes de la protesta, Vicente Salazar y Mario Argollo. Defendiendo su legitimidad democrática, el mandatario fue tajante: “Quiero volver a reiterar… tienes que venir a hablar porque yo soy el presidente con el 55% del voto nacional”.
Mientras la retórica política busca abrir puentes, el pulso entre la presión sindical en las calles y la resistencia estatal mantiene a Bolivia en estado de alerta.
