Desde que asumió la Presidencia, el 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz convirtió la situación judicial de Evo Morales en uno de los ejes de su discurso político. En distintas intervenciones aseguró que al exmandatario «ya le iba a llegar la cárcel», afirmó que «sus días estaban contados» y, cuando le preguntaron por qué aún no había sido detenido, respondió con una sonrisa: «Paciencia».
Sin embargo, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, sorprendió recientemente al país al declarar, durante una entrevista en el programa de José Pomacusi, que la aprehensión del expresidente «no es una prioridad» de su gestión.
La contradicción adquiere mayor relevancia porque la primera orden de aprehensión contra Evo Morales fue emitida en octubre de 2024, durante el gobierno de Luis Arce, dentro del proceso por trata de personas. Desde entonces han transcurrido más de 650 días sin que esa resolución judicial haya sido ejecutada.
Aunque la orden fue emitida en la anterior administración, el gobierno de Rodrigo Paz la recibió vigente y la mantuvo como uno de los principales símbolos de su discurso sobre el restablecimiento del Estado de derecho. El proceso, además, continúa bajo la conducción del mismo Ministerio Público.
Mientras el Presidente hablaba de una captura que presentaba como inminente, el máximo jefe de la Policía aseguró que existen más de 18.000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y que, desde su perspectiva, el caso de Evo Morales no constituye el más importante.
«Son más de 18 mil órdenes de aprehensión que no se han ejecutado. Para mí no es el caso más importante», dijo.
El comandante también sostuvo que el proceso por trata de personas y estupro presenta debilidades probatorias. Respecto de la nueva orden de aprehensión relacionada con los 53 días de bloqueo de carreteras, afirmó que «se requiere que sea más sólida para que se pueda ejecutar».
Tres mensajes del Presidente
Las declaraciones del comandante contrastan con al menos tres intervenciones públicas del presidente Rodrigo Paz en apenas dos meses.
El 29 de mayo, durante una entrevista con A24 de Argentina, aseguró que Evo Morales estaba atemorizado y que su detención era inevitable.
«Ayer hubo un apagón en la zona del Chapare, el pánico que tenía el hombre era tremendo. Él en su conciencia sabe que no hizo bien, sabe que hizo daño al país, pero además que hizo daño a menores, que es por lo cual lo acusan. Él en su conciencia sabe que sus días están contados, que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia», dijo.
En esa misma entrevista afirmó que Morales permanecía oculto en el Chapare mientras enfrentaba una orden de aprehensión. Además, lo responsabilizó por las movilizaciones y bloqueos que afectaban al país y vinculó parte de su financiamiento con recursos del narcotráfico.
Un mes después, el 28 de junio, endureció aún más su discurso.
«A Evo Morales ya le va a llegar la cárcel. Si yo tengo una hija menor en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro porque eso es lo que no queremos. Queremos gente que respete a la familia, que respete a nuestros hijos, que respete las leyes y la institucionalidad», afirmó
Finalmente, el 30 de julio, cuando una periodista de El Deber le preguntó por qué la orden de aprehensión seguía sin ejecutarse, respondió con una sonrisa y una sola palabra: «Paciencia».
Las tres declaraciones transmitieron el mismo mensaje político: que la captura de Evo Morales era inminente.
El Gobierno dice que sí es prioridad
Las declaraciones del comandante de la Policía provocaron una reacción del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
«El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales», aseguró.
Horas después, el Ministerio de Gobierno difundió un comunicado oficial en el que reafirmó que la ejecución de la orden de aprehensión constituye una «tarea prioritaria» y recordó que ninguna persona se encuentra por encima de la ley.
Percepción de la ciudadanía
En comunicación política existe un principio ampliamente estudiado: la credibilidad depende de la coherencia entre las palabras y los hechos. Para la mayoría de los ciudadanos, la discusión deja de ser únicamente sobre Evo Morales y pasa a concentrarse en algo mucho más cercano: Si existe una orden judicial vigente, ¿por qué no se cumple?
Durante semanas escucharon al Presidente anunciar una captura inminente. Después escucharon al comandante de la Policía afirmar que esa aprehensión ni siquiera era una prioridad. Finalmente observaron al ministro de Gobierno sostener exactamente lo contrario.
Esa secuencia instala una duda sobre la coordinación entre las autoridades responsables de ejecutar una decisión judicial.
Un contraste que alimenta la percepción
La experiencia cotidiana suele ser distinta para la mayoría de los ciudadanos. Cuando existe una orden de aprehensión, normalmente su ejecución ocurre con rapidez una vez que las autoridades ubican al investigado. Ese contraste volvió a ponerse sobre la mesa recientemente con la aprehensión del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ejecutada poco después de iniciada la investigación en su contra.
Sin equiparar procesos judiciales distintos, esa diferencia de tiempos alimenta una percepción difícil de disipar: que la capacidad del Estado para ejecutar una orden judicial no siempre parece ser la misma según la persona involucrada.
Más allá de Evo Morales
Las declaraciones del comandante no permiten concluir, por sí solas, que el Gobierno nunca hubiera impartido instrucciones para ejecutar la aprehensión. Pero sí ponen en evidencia una falta de sincronía entre el discurso presidencial, la posición política expresada por el Ministerio de Gobierno y la máxima autoridad operativa encargada de cumplir las órdenes judiciales.
En comunicación política, la confianza pública no depende únicamente de lo que dice un presidente, un ministro o un comandante. Depende de que los tres transmitan un mensaje coherente y que ese mensaje encuentre respaldo en los hechos.
En este caso, la controversia ya no gira únicamente alrededor de la situación jurídica de Evo Morales. También pone bajo escrutinio la coherencia del Estado: mientras el Presidente anunció reiteradamente una captura inminente, el comandante de la Policía sostuvo que no constituía una prioridad y el ministro de Gobierno tuvo que reafirmar públicamente que sí lo era.
Esa contradicción terminó desplazando el debate hacia una cuestión más amplia: ¿la aplicación de la ley responde a una política clara y coordinada o a mensajes que no siempre coinciden entre sí?
