Dos decretos supremos crean un mercado dual: mientras YPFB mantendrá combustibles con precios congelados y subsidiados, los privados podrán importar y vender gasolina y diésel a precios de mercado. La principal incógnita ya no es cuánto costará el combustible, sino cuál estará disponible cuando los ciudadanos lleguen al surtidor.
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El Gobierno de Rodrigo Paz decidió extender por doce meses el congelamiento de los precios de los combustibles comercializados por YPFB, mientras mantiene vigente el régimen que permite a empresas privadas importar y vender diésel y gasolina a precios de mercado, una combinación de normas que podría derivar en un mercado con dos precios para un mismo producto y mayores riesgos de abastecimiento para la población.
Mediante el Decreto Supremo 5652, aprobado el 9 de julio, el Ejecutivo amplió el período transitorio de estabilización de los precios de los combustibles derivados del petróleo y mantuvo el mecanismo que evita que las variaciones del tipo de cambio oficial se reflejen en el precio final que pagan los consumidores. Además, autorizó al Tesoro General de la Nación destinar inicialmente hasta Bs 1.000 millones para cubrir la diferencia entre el costo de importación y el precio interno de venta.
Sin embargo, apenas diez días antes, el Gobierno había promulgado el Decreto Supremo 5644, que autoriza de manera excepcional a personas naturales y jurídicas privadas importar combustibles para consumo propio o comercialización y establece que el diésel y las gasolinas importadas por privados deberán venderse a precios de mercado.
Aunque ambas normas persiguen el objetivo de asegurar el abastecimiento nacional, generan un esquema económico con incentivos distintos.
Mientras YPFB continuará ofreciendo combustibles con precios congelados y subsidiados, los operadores privados deberán vender el mismo producto al valor que resulte de los costos internacionales, el transporte, el almacenamiento y su margen comercial.
El principal riesgo no radica en la coexistencia de ambos regímenes, sino en la posibilidad de que el combustible subsidiado resulte insuficiente para cubrir toda la demanda.
En ese escenario, ciudadanos, transportistas, productores e industrias podrían verse obligados a adquirir combustible importado por privados a precios significativamente superiores.
El propio Decreto Supremo 5644 anticipa esa coexistencia al permitir que una misma estación de servicio comercialice simultáneamente combustibles provenientes de YPFB y combustibles importados por privados, siempre que exista una clara diferenciación en infraestructura, almacenamiento, volúmenes y precios para evitar mezclas.
Otro riesgo es el incremento de la presión sobre las finanzas públicas. Si el costo internacional de importación continúa aumentando o el tipo de cambio se deteriora, el Estado deberá destinar mayores recursos para mantener el precio congelado de los combustibles distribuidos por YPFB.
En términos económicos, el país ingresa a un esquema de mercado dual: un combustible subsidiado cuyo principal desafío será la disponibilidad y otro importado por privados cuyo principal obstáculo será su mayor precio. Para los consumidores, la principal incertidumbre ya no será únicamente cuánto costará el combustible, sino si podrán encontrar el combustible subsidiado cuando lo necesiten.
