Supongamos que una mañana alguien llega hasta tu casa no para comprártela ni para alquilarla, sino para decirte que ya no es tuya. Que debes irte, aunque allí nacieron tus padres, aunque allí están enterrados tus abuelos, aunque tus hijos no conocen otro lugar para vivir.
Ahora supongamos que eso no ocurre con una familia, sino con todo un pueblo. Eso les ocurrió a los tsimane del sector Yacuma, en el Beni.
Durante años dijeron que esas tierras eran suyas no porque las hubieran comprado, sino porque allí habían vivido desde mucho antes de que existieran los papeles, los títulos e incluso el propio Estado boliviano.
Pero un día comenzaron a aparecer nuevos asentamientos. El bosque empezó a desaparecer. Llegaron los desmontes, las quemas, y el territorio que durante generaciones había sido su hogar empezó a reducirse.
Los tsimane acudieron a las instituciones. Pidieron que el Estado reconociera oficialmente más de 54.000 hectáreas como territorio comunitario. La respuesta fue un no. Parecía el final de la historia. Pero decidieron seguir peleando.
Llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional, donde ocurrió algo que podría cambiar la historia de muchos pueblos indígenas en Bolivia. El Tribunal les dio la razón, informó Rurre Noticias.
No solo ordenó que el INRA vuelva a tramitar la titulación de esas tierras. También anuló 19 resoluciones administrativas que habían permitido asentamientos sobre ese territorio ancestral. Es más, ordenó detener los desmontes y las quemas. Dispuso el desalojo de quienes ocupen ilegalmente esas tierras. Reconoció que fueron vulnerados derechos fundamentales, como el derecho al territorio, a la libre determinación, al hábitat y al debido proceso.
Incluso instruyó brindar atención psicológica a las familias indígenas afectadas por años de conflicto. Fue más allá: La sentencia ordena enviar antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles delitos, entre ellos corrupción e incluso genocidio.
Algo más, el fallo será comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Por qué esta decisión es tan importante? Porque no solo habla de un pueblo del Beni. Puede convertirse en un precedente para decenas de comunidades indígenas que todavía esperan que el Estado reconozca los territorios donde han vivido durante generaciones.
Al final, esta sentencia no trata únicamente de 54.302 hectáreas, sino de una cuestión que debe interpelar nuestra consciencia de bolivianos: ¿Puede un pueblo seguir existiendo si pierde la tierra donde nació su historia?
