«Investigación fuera de toda lógica». No lo dijo el abogado del acusado. No lo afirmó el periodista que denunció las amenazas. La frase aparece escrita en una resolución judicial (foto).
Después de escribirla, la jueza Evelyn Pamela Peñafiel Soliz tomó una decisión inusual: anuló toda la investigación fiscal, dejó sin efecto la imputación y la acusación formal, ordenó rehacer el caso desde sus cimientos y dispuso remitir antecedentes disciplinarios contra la fiscal Margoth Vargas Jordán por su «labor deficiente».
¿Cómo una investigación que había durado casi dos años terminó derrumbándose de esa manera? La respuesta comienza con una llamada telefónica, pero termina con un nombre. O, mejor dicho, con dos.
Una noticia, una llamada y una advertencia
Era el 26 de julio de 2023. Ese día, El Deber publicó una información basada en una resolución de la Fiscalía relacionada con la investigación sobre una avioneta boliviana que cayó en Argentina transportando cocaína.
La resolución ordenaba la aprehensión de varias personas, entre ellas una integrante de la familia Lima Lobo.
Horas después ocurrió algo inesperado. Un hombre llegó hasta las oficinas del periódico. Preguntó por el periodista Guider Arancibia Guillén, uno de los reporteros policiales y judiciales con mayor trayectoria en Bolivia.
No lo encontró. Entonces, consiguió su número de teléfono. Y llamó. Según la denuncia presentada posteriormente, el hombre cuestionó la publicación y exigió que el periodista demostrara que la información provenía de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
La conversación terminó con una advertencia.
—«De aquí para adelante tenga mucho cuidado».
Y añadió otra frase que quedó registrada en la denuncia.
—«La familia Lima Lobo está cansada de las burreras que hacen los periodistas».
Aquella llamada dejó de ser un reclamo, se convirtió en un presunto delito de amenazas.
Cuando una amenaza deja de ser solo una amenaza
Guider Arancibia sabía que aquello no podía tomarse a la ligera. Durante más de treinta años había cubierto narcotráfico, crimen organizado y procesos judiciales. En ese mundo, las amenazas rara vez son un simple exabrupto. Por eso, denunció el hecho.
La Asociación Nacional de la Prensa también reaccionó. Alertó sobre el riesgo que enfrentaba el periodista y recordó que quienes investigan organizaciones criminales suelen convertirse en blanco de intimidaciones. Esa preocupación reforzó la necesidad de investigar el caso.
Una investigación que parecía sólida
La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal abrió una investigación de oficio. La fiscal Margoth Vargas Jordán asumió la dirección funcional del caso.
No fue una investigación superficial. Pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de El Deber. Solicitó información a Viva, Tigo y Entel. Requirió informes de Cibercrimen. Ordenó el desdoblamiento del teléfono celular del periodista. Tomó declaraciones. Incorporó registros, informes policiales y pericias técnicas.
Incluso reconstruyó la secuencia de la visita a las oficinas del periódico mediante imágenes y transcripciones de audio. Con ese conjunto de elementos, la investigación parecía encaminada.
En noviembre de 2023, llegó la imputación formal. Meses después, la acusación. Todo indicaba que el caso avanzaba hacia el juicio. Pero nadie parecía haber advertido un detalle fundamental.
El nombre que hizo caer todo el caso
La propia imputación relata que quien llegó a El Deber, buscó al periodista y posteriormente realizó la llamada amenazante fue Douglas Lima Lobo.
Así aparece descrito en la relación de los hechos. Sin embargo, cuando la fiscal identifica al imputado escribe otro nombre: Erik Douglas Limalobo Calderón.
La misma situación se repite en la acusación formal. La narración continúa hablando de Douglas Lima Lobo. Pero el acusado vuelve a ser Erik Douglas Limalobo Calderón.
A primera vista podría parecer un error de redacción. En un proceso penal, sin embargo, un nombre equivocado puede significar mucho más porque el Estado no juzga descripciones, juzga personas. En consecuencia, la identidad del acusado es uno de los pilares de cualquier proceso penal.
La pregunta que nadie había hecho
Cuando recibió la acusación, el hombre señalado por la Fiscalía presentó un incidente de nulidad. Su argumento no consistía en negar que hubiera existido una llamada. Tampoco discutía que el periodista hubiera denunciado amenazas.
Su incidente era simple: ¿Por qué me están acusando a mí si los propios hechos describen a otra persona?
Sostuvo que la Fiscalía había confundido la identidad del supuesto autor y que esa contradicción comprometía la validez de todo el proceso.
La jueza dice que no era él
El expediente llegó a conocimiento de la Juez Quinta de Sentencia Penal. Después de revisar la documentación, la autoridad judicial llegó a una conclusión contundente. Declaró PROBADO el incidente de nulidad. Anuló la imputación formal. Anuló también la acusación.
Ordenó devolver el cuaderno procesal para que la investigación fuera corregida respecto al verdadero presunto autor del delito y se emitiera un nuevo requerimiento conclusivo. Pero la resolución no terminó allí. La jueza dio un paso poco habitual.
Dispuso remitir antecedentes a la Unidad Disciplinaria del Ministerio Público por la actuación de la fiscal Margoth Vargas Jordán, a quien atribuye una «labor deficiente», y afirmó que dirigió «una investigación fuera de toda lógica».
Es difícil encontrar una descalificación más severa en una resolución judicial respecto del trabajo de un fiscal.
El hecho permanece
La amenaza contra el periodista Guider Arancibia nunca dejó de existir. Las cámaras de seguridad fueron incorporadas al expediente. Los registros telefónicos fueron solicitados. Las declaraciones fueron recogidas. Las pericias fueron realizadas. Todo eso permanece documentado.
Lo que se desplomó fue la certeza sobre quién debía responder penalmente por esos hechos. Y eso abrió interrogantes que todavía esperan respuestas: ¿Se trató simplemente de un error de identificación? ¿Fue una negligencia durante la elaboración de la imputación y la acusación? ¿O existe alguna otra explicación para que una investigación con decenas de actuaciones terminara siendo anulada porque el nombre del acusado no coincidía con la persona descrita como autora de las amenazas?
Los documentos permiten afirmar que hubo una amenaza denunciada, una investigación extensa, una imputación, una acusación y, finalmente, una resolución judicial que anuló todo el proceso y ordenó investigar nuevamente la identidad del presunto autor.
La respuesta a la última interrogante todavía no aparece en el expediente. Pero es precisamente esa ausencia la que convierte este caso en algo más que un proceso penal.
Lo convierte en un misterio judicial que comenzó con una llamada telefónica y terminó con una jueza preguntándose, en esencia, si durante casi dos años la Fiscalía investigó… a la persona correcta.
