La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) exigió de manera formal y urgente el levantamiento de los bloqueos de carreteras que paralizan diversas regiones del país desde hace un mes. A través de un pronunciamiento emitido el sábado 30 de mayo, la organización denunció que el cierre de vías mantiene a decenas de comunidades indígenas «prácticamente aisladas y cautivas», sumiéndolas en una grave situación de pobreza y abandono.
El documento, suscrito por la directiva nacional de la Cidob y respaldado por sus 15 organizaciones regionales, advierte sobre un «secuestro humanitario silencioso» que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables del norte de La Paz y otras regiones indígenas. La paralización de las rutas ha cortado las cadenas de suministro esenciales, provocando un severo desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, recursos indispensables para la generación de energía y el transporte fluvial en estas zonas.
Asimismo, la organización señaló que los bloqueos han restringido de forma crítica el acceso a servicios básicos de salud y educación. Frente a este panorama, la Cidob demandó al Gobierno nacional la aplicación inmediata de los mecanismos legales y constitucionales que garanticen el libre tránsito, la seguridad y el restablecimiento del abastecimiento para las comunidades afectadas.
La dirigencia indígena reafirmó su compromiso con la institucionalidad del Estado y el respeto a los derechos humanos. Subrayaron que, si bien reconocen la legitimidad de las demandas sociales, la protesta debe ejercerse con responsabilidad sin vulnerar los derechos de terceros ni derivar en actos de violencia o vandalismo que amenacen la estabilidad y la paz social.
El origen de la conflictividad
La actual crisis político-social tiene su génesis a principios de abril, motivada por el rechazo generalizado a la Ley 1720, normativa que autorizaba la conversión de pequeñas propiedades agrarias en medianas para su uso como garantía bancaria. La movilización inició el 8 de abril con una marcha indígena desde Pando hacia la sede de Gobierno.
Con el transcurso de las semanas, las medidas de presión se masificaron y diversificaron con la incorporación de sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio y la Federación Túpac Katari. Aunque el Poder Ejecutivo abrogó la polémica Ley 1720 entre el 12 y 13 de mayo, la medida fue insuficiente para desactivar los conflictos. Las demandas mutaron hacia reivindicaciones económicas estructurales y reclamos políticos, los cuales hoy se centran en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La Cidob exhortó a todos los actores movilizados, así como a las autoridades estatales, a instalar mesas de diálogo con carácter prioritario, advirtiendo que la prolongación de la crisis está cobrando un alto costo humanitario en los territorios indígenas.
