Durante casi 50 días, Bolivia vivió una de las crisis sociales más prolongadas de los últimos años. Los bloqueos de caminos dejaron 14 fallecidos, desabastecimiento de alimentos y combustibles, pérdida de empleos, cierre temporal de empresas y una creciente confrontación entre movilizados y ciudadanos que exigían recuperar la transitabilidad.
Cuando el conflicto terminó derrotado política y socialmente, una de las figuras que más alentó su continuidad comenzó a tomar distancia de las movilizaciones: Evo Morales.
Los bloqueos se iniciaron con demandas económicas y políticas, pero con el paso de las semanas adquirieron un objetivo central: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En distintos puntos del país, los dirigentes movilizados reiteraban que las carreteras permanecerían cerradas hasta lograr la caída del Gobierno.
Mientras el conflicto se profundizaba, Morales se convirtió en uno de sus principales respaldos políticos.
Aunque repetía que no convocaba directamente a los bloqueos, sus intervenciones públicas apuntaban en sentido contrario. El exmandatario insistía en que la salida a la crisis pasaba por la renuncia presidencial y la convocatoria a nuevas elecciones.
El 12 de junio, durante un ampliado de organizaciones afines, relató que se había enterado de la conclusión que se asumió en una reunión virtual de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.
«Ratificaron: no vamos a levantar el bloqueo de caminos hasta ganar esta batalla», afirmó.
Ese mismo día no habló de una salida negociada ni de una suspensión de las medidas de presión. Por el contrario, destacó la capacidad de resistencia de los bloqueadores.
«Dicen que nos vamos a cansar, pero tenemos experiencia. Hay que organizar turnos permanentes», recomendó.
La frase se convirtió en una especie de hoja de ruta para los sectores más radicalizados de la protesta. La idea era clara: sostener los puntos de bloqueo indefinidamente mediante relevos organizados.
Sin embargo, mientras el conflicto avanzaba, comenzó a evidenciarse un desgaste creciente.
Las pérdidas económicas se multiplicaban. Sectores fabriles denunciaban vacaciones forzosas y paralización de actividades. Transportistas permanecían retenidos durante semanas en las carreteras. Comunidades campesinas denunciaban pérdidas de producción agrícola. En varias regiones aparecieron protestas ciudadanas contra los bloqueos.
El 16 de junio surgió una señal política inesperada.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, rompió públicamente con Morales. Lo calificó como un «viejo político» y rechazó cualquier vínculo orgánico o financiero con el expresidente.
La fractura era significativa. Durante semanas, sectores críticos habían acusado al evismo de intentar capitalizar las movilizaciones. Ahora era la propia dirigencia de la COB la que marcaba distancia.
Tres días después llegó el golpe decisivo.
El 19 de junio, el Gobierno y la COB firmaron un acuerdo para pacificar el país y encaminar la solución de las demandas sociales. El convenio abrió la puerta al levantamiento de las medidas de presión que durante semanas habían paralizado amplias regiones del país.
Paradójicamente, ese mismo día Morales apareció en redes sociales realizando labores agrícolas en su chaco, limpiando maleza entre plantaciones de naranjas, mientras el país seguía pendiente de la resolución del conflicto.
Horas más tarde, durante la madrugada del 20 de junio, el Gobierno decretó estado de excepción en todo el territorio nacional para garantizar la circulación y el abastecimiento.
Ese mismo día, la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz instruyó a sus afiliados ingresar en un cuarto intermedio y levantar los bloqueos para participar en las celebraciones del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco.
La movilización que durante semanas había prometido mantenerse «hasta ganar la batalla» comenzaba a desmoronarse.
El proceso se consolidó el 21 de junio, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la vigencia del estado de excepción.
Fue entonces cuando el discurso de Morales cambió.
«Respeto muchísimo a los compañeros que están movilizados, pero repito, no es bajo mi convocatoria», declaró este domingo en la radioemisora Kausachun Coca.
La afirmación contrastó con sus mensajes anteriores. Durante las semanas más duras del conflicto había respaldado públicamente la continuidad de los bloqueos, defendido sus objetivos políticos y sugerido mecanismos organizativos para prolongarlos.
El contraste quedó aún más marcado porque pocos días antes había advertido que abandonar los bloqueos significaría permitir que el Gobierno continuara «vendiendo Bolivia» y había exhortado a los movilizados a sostener los puntos de protesta mediante turnos permanentes.
La secuencia política resulta difícil de ignorar: primero respaldó la continuidad de los bloqueos, luego defendió sus objetivos, posteriormente observó cómo la COB negociaba por cuenta propia con el Gobierno y finalmente, cuando las medidas de presión comenzaron a levantarse y el estado de excepción fue respaldado institucionalmente, optó por subrayar que las movilizaciones no habían sido convocadas por él.
La historia de los 50 días de bloqueos deja muchas preguntas abiertas sobre responsabilidades políticas. Pero también deja una imagen difícil de borrar: la de un jefe político que alentó la resistencia cuando el conflicto estaba en ascenso y que, cuando la movilización perdió fuerza y quedó aislada políticamente, comenzó a recordar que nunca había sido su convocatoria.
