Bolivia se adentra en su quinta semana de paralización. Al cumplirse 32 días de un bloqueo contundente e indefinido que demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores movilizados han decidido mantener las medidas de presión. La determinación profundiza una crisis que mantiene a los principales centros urbanos, particularmente a La Paz y El Alto, bajo un severo desabastecimiento de alimentos, carburantes y suministros médicos esenciales.
La resolución fue adoptada este domingo durante un ampliado de emergencia en las instalaciones de la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz. La radicalización de la postura sindical se produjo pese a que, en un intento previo por generar condiciones para el diálogo, se anularon las órdenes de aprehensión que pesaban contra el máximo líder cobista, Mario Argollo, y el ejecutivo campesino, Vicente Salazar.
El encuentro concluyó sin una declaración institucional oficial. Argollo abandonó el recinto de manera evasiva y bajo un estricto hermetismo, delegando la vocería en figuras sectoriales como el exdirigente cobista Jaime Solares, el representante del magisterio José Luis Álvarez y el dirigente de los jubilados Rodolfo Ayala. Los portavoces confirmaron el rechazo a las mesas de diálogo y anunciaron la apertura de un «corredor humanitario», aunque omitieron detallar los mecanismos operativos, garantías y horarios para su implementación.
Silencio oficial y la mediación eclesial
Frente a la escalada del conflicto, la administración del presidente Paz ha optado por el silencio. Hasta las primeras horas de este lunes, el Ejecutivo no ha fijado una postura oficial ni delineado una estrategia pública para desactivar una crisis que estrangula el flujo comercial interno y externo del país.
En contraste, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) ha intervenido para advertir sobre los riesgos de una salida coercitiva. El presidente de la institución, monseñor Giovanni Arana, reiteró su llamado a la pacificación y exhortó tanto a los sectores movilizados como al Gobierno a priorizar el bienestar de la población civil, severamente golpeada por la coyuntura.
«La mano dura, como se escuchaba en algunas voces por ahí, no es la solución. La solución es la reconciliación, el saber convivir como hermanos. Así que no perdamos la esperanza», declaró el prelado en una entrevista televisiva. Arana lamentó la resolución del ampliado sindical, pero subrayó la necesidad de no claudicar en los esfuerzos por encontrar una salida pacífica.
Presión por un estado de excepción
En el terreno, el impacto del cerco es crítico. Las principales vías de acceso en seis de los nueve departamentos se encuentran obstruidas por facciones campesinas, afiliados a la COB, maestros rurales y grupos afines a Evo Morales. Las pérdidas económicas acumuladas se cuantifican en millones de dólares.
Ante el escenario de asfixia y un alarmante encarecimiento de la canasta básica, diversos gremios empresariales y sectores sociales han comenzado a exigir al Gobierno la declaratoria de un estado de excepción para restaurar el orden público. Esta demanda cobra tracción tras la reciente y expedita promulgación de una ley que elimina las regulaciones y «candados» legales que históricamente limitaban la aplicación de esta medida constitucional.
Aunque en intervenciones pasadas el Gobierno aseguró que el estado de excepción se reservaría estrictamente como un último recurso, la prolongación de la parálisis y el silencio gubernamental actual aumentan la incertidumbre política y la vulnerabilidad de la ciudadanía en las calles.
