La Central Obrera Boliviana (COB) denunció este lunes el supuesto “secuestro” y la aprehensión arbitraria de cinco de sus dirigentes, quienes —según un pronunciamiento público difundido por la organización— fueron interceptados por personas encapuchadas y posteriormente trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La entidad sostiene que la detención se produjo sin orden judicial ni flagrancia y anunció que se declara en estado de emergencia nacional.
La denuncia surge en un contexto en el que millones de bolivianos llevan 38 días enfrentando las consecuencias de bloqueos, conflictos y restricciones que han limitado la circulación de personas, mercancías y servicios en distintas regiones del país. El bloqueo fue convocado por dirigentes de la COB.
Durante este periodo, numerosas familias han denunciado dificultades para llegar a sus fuentes de trabajo, acceder a alimentos, medicamentos y atención médica o trasladarse libremente entre ciudades y comunidades.
Mientras la COB califica como un “secuestro” la aprehensión de sus dirigentes, miles de ciudadanos sostienen que viven desde hace más de un mes una situación de aislamiento forzado provocada por las medidas de presión que mantienen los afiliados de la COB.
Las imágenes de largas filas para conseguir combustibles, mercados con problemas de abastecimiento, pacientes afectados por la falta de medicamentos y transportistas varados se han convertido en parte de la cotidianidad de una crisis que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.
La organización sindical exige la liberación inmediata de sus dirigentes y la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, en el debate público también crecen las voces que reclaman que los derechos de millones de bolivianos a la libre circulación, al trabajo, a la alimentación y a la salud reciban la misma atención y defensa que hoy demanda la principal organización sindical del país.
