El acuerdo firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no logró desactivar el conflicto social que mantiene al país con carreteras bloqueadas desde hace 50 días. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció este viernes que las medidas de presión continuarán e incluso podrían extenderse a nuevas regiones del país.
Según declaraciones del dirigente campesino Vicente Salazar difundidas por Wara TV Señal Satelital, las provincias ratificaron su decisión de mantener los bloqueos y consideran que las movilizaciones se encuentran en proceso de masificación.
«No se van a levantar los bloqueos, han sido bien claras las provincias, se está masificando», afirmó Salazar al referirse a las determinaciones asumidas por las bases campesinas.
La posición fue expresada pocas horas después de que el Gobierno y la COB firmaran un acuerdo de pacificación y recuperación económica mediante el cual el Ejecutivo se comprometió a cumplir su programa electoral y atender una amplia agenda de demandas sociales en un plazo máximo de 90 días.
El convenio establece la instalación inmediata de al menos ocho mesas de trabajo sobre derechos humanos y pacificación, cumplimiento de compromisos gubernamentales, defensa de empresas públicas, transparencia e investigaciones sobre los casos denominados «narco maderas» y «narco maletas», política de hidrocarburos, socialización legislativa, canasta familiar, seguridad social y medio ambiente. Además, contempla una comisión técnica para revisar la Ley de Pensiones.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo señala que el Gobierno cumplirá el programa presentado durante la campaña electoral. Esto coloca bajo observación varias de las principales promesas realizadas por el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara.
Durante la campaña, Rodrigo Paz prometió garantizar combustible en todo el país desde el primer día de gobierno, estabilizar el tipo de cambio e implementar un «salario universal de la mujer». Por su parte, Edman Lara propuso elevar progresivamente la Renta Dignidad hasta Bs 2.000, crear un subsidio de Bs 2.400 para madres lactantes, impulsar viviendas con cero cuota inicial y una tasa de interés anual del 3%, establecer un bono de antigüedad para maestros, aumentar el Bono Juancito Pinto, entregar un bono de Bs 200 para útiles escolares y dotar de computadoras portátiles a todos los estudiantes.
El acuerdo también incluye un compromiso para garantizar el abastecimiento de combustibles con estándares internacionales de calidad y resolver en un plazo máximo de 90 días los problemas derivados de la denominada «gasolina basura», mediante auditorías técnicas, informes de resarcimiento y mecanismos de compensación.
Sin embargo, las declaraciones de la dirigencia campesina muestran que el acuerdo con la COB no necesariamente se traducirá en el levantamiento de los bloqueos. Salazar sostuvo que las movilizaciones responden a demandas relacionadas con la defensa de los recursos naturales, el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, la protección de áreas protegidas y el cumplimiento de mecanismos de consulta previa a las comunidades afectadas por determinados proyectos.
El dirigente también afirmó que las organizaciones movilizadas hicieron llegar sus planteamientos al Gobierno, pero consideran que hasta ahora no recibieron respuestas satisfactorias. Por ello, advirtió que un próximo ampliado evaluará nuevas medidas de presión y no descartó una ampliación de los bloqueos hacia otras regiones.
Así, el acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB aparece más como una señal de acercamiento político y de búsqueda de una salida negociada que como una solución inmediata al conflicto. De hecho, mientras el Ejecutivo abre mesas de diálogo y promete cumplir su programa electoral en 90 días, las organizaciones campesinas anuncian que mantendrán la presión en las carreteras y amenazan con profundizar las movilizaciones si sus demandas no son atendidas.
