La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) expresó este martes su preocupación por la difusión de información relacionada con la histórica incautación de más de 100 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera interceptados en los puertos chilenos de Arica, Valparaíso y San Antonio, y rechazó que estos hechos sean utilizados para responsabilizar al conjunto del sector forestal boliviano.
A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su «absoluto rechazo a cualquier actividad vinculada al narcotráfico» y aseguró respaldar plenamente las investigaciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables. Sin embargo, advirtió que resulta «injusto e irresponsable» asociar el caso con todas las empresas forestales del país, argumentando que la industria formal opera bajo sistemas de control, trazabilidad y fiscalización.
El pronunciamiento surge horas después de que se conociera la mayor incautación de droga registrada en la historia de Chile. De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima y Aduanas chilenas, más de 100 toneladas de sustancias ilícitas habrían sido ocultadas mediante procesos químicos en cargamentos de madera exportados desde Bolivia con destino a distintos mercados internacionales.
La investigación debería seguir la ruta documental de la carga
Especialistas en comercio exterior y logística señalan que uno de los primeros pasos para esclarecer el caso es la revisión exhaustiva de los manifiestos de carga y de toda la documentación aduanera asociada a los contenedores interceptados.
Estos registros permiten establecer:
- Quién figura como empresa exportadora.
- El lugar exacto desde donde salió la mercancía.
- La empresa transportadora y la ruta utilizada.
- Los puntos de tránsito y trasbordo.
- Si los tiempos de viaje se ajustaron a los cronogramas normales o existieron desvíos sospechosos.
A ello se suma la verificación técnica de los sellos de seguridad colocados en los contenedores, un elemento clave para determinar si las cargas fueron abiertas o manipuladas durante el trayecto.
De acuerdo con los protocolos habituales en investigaciones de crimen organizado transnacional, la documentación logística suele ser una de las principales fuentes de prueba para reconstruir la cadena de responsabilidades y establecer en qué etapa pudo haberse contaminado la carga.
La Cámara Forestal cuestiona la falta de información oficial
En su comunicado, la CFB también expresó preocupación por la escasa información oficial que, según afirma, ha rodeado el caso durante varios meses. La entidad sostiene que la ausencia de una comunicación clara y oportuna por parte de las autoridades ha generado incertidumbre, retrasos en las exportaciones y daños reputacionales para empresas que operan legalmente.
Asimismo, pidió a las autoridades de Bolivia y Chile fortalecer la coordinación institucional y el intercambio de información con el sector privado para evitar generalizaciones que puedan afectar a toda la cadena productiva forestal.
Un caso que reabre el debate sobre los controles
La magnitud del decomiso ha vuelto a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre las exportaciones y las redes internacionales de narcotráfico que utilizan mercancías legales para ocultar sustancias ilícitas.
Mientras las investigaciones avanzan, el desafío para las autoridades será determinar con precisión las responsabilidades individuales, diferenciando a las empresas o personas eventualmente involucradas de aquellas que desarrollan sus actividades dentro del marco legal. La trazabilidad documental, la revisión de los contenedores y el análisis de la cadena logística serán piezas centrales para esclarecer uno de los mayores casos de narcotráfico vinculados al comercio exterior en la región.
