Día 36 del conflicto. Mientras en varias regiones del país los bloqueos comienzan a retroceder por presión de la propia población, los dirigentes movilizados endurecen sus medidas y ratifican su exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Al mismo tiempo, afloran divisiones dentro de las organizaciones sociales que inicialmente respaldaban las protestas.
La señal más clara de esa fractura llegó desde Oruro. Mediante un comunicado oficial, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) se desmarcó de un cabildo convocado para este jueves en Caracollo, negó haberlo autorizado y denunció que la convocatoria estaría siendo impulsada por exdirigentes expulsados o sin representación legítima. Además, rechazó formar parte de cualquier agrupación denominada “Pacto de Unidad Obrero Campesino Indígena” y advirtió acciones legales contra quienes utilicen el nombre de la organización sin autorización.
La posición contrasta con la asumida por la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari de La Paz, que en un cabildo realizado en El Alto ratificó la continuidad y masificación de los bloqueos indefinidos, endureció sus medidas de presión y reiteró su demanda de renuncia del mandatario. Entre sus resoluciones también figura el rechazo a un eventual estado de excepción y el desconocimiento de dirigentes considerados cercanos al Gobierno.
Sin embargo, sobre el terreno el panorama parece ser otro.
En la carretera que conecta La Paz con el norte paceño y el Beni, los bloqueos fueron levantados después de que pobladores de la región expulsaran a los movilizados. Situaciones similares se registraron en Comarapa, Santa Cruz, donde vecinos se organizaron para impedir nuevos cortes de ruta, y en Tomina, Chuquisaca, donde ciudadanos cuestionaron públicamente a los bloqueadores y evitaron la instalación de puntos de bloqueo.
A ello se suma la decisión de los Yamparas de levantar sus medidas de presión y el operativo conjunto de militares y policías que este viernes despejó la ruta entre Jupapina y Río Abajo, uno de los accesos más importantes hacia los valles paceños.
El desgaste también comienza a sentirse dentro de las propias bases movilizadas. En los últimos días han circulado testimonios de comunarios que expresan su desacuerdo con la prolongación del conflicto y admiten que los bloqueos están perjudicando a sus propias familias.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa avanza el tratamiento del proyecto de Ley de Estado de Excepción, una iniciativa que gana relevancia a medida que se prolonga el conflicto y aumenta la presión para restablecer la libre circulación en las carreteras del país.
Treinta y seis días después del inicio de los bloqueos, el escenario parece mostrar dos tendencias simultáneas: una dirigencia que radicaliza su discurso y una ciudadanía que, cada vez con más frecuencia, comienza a desafiar los puntos de bloqueo y a exigir el retorno de la normalidad.
